Anulan licitación de medicamentos por sobreprecios: remueven a funcionarios de Birmex

El más reciente intento por resolver el histórico desabasto de medicamentos en México ha terminado en una nueva crisis institucional. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno anuló el proceso de licitación consolidada encabezado por Birmex —la agencia estatal encargada de las compras— tras identificar sobreprecios e irregularidades técnicas y administrativas que comprometen la legalidad del procedimiento. Este episodio marca el séptimo fracaso en la estrategia gubernamental por centralizar la compra de medicamentos en los últimos sexenios, y evidencia una mezcla peligrosa entre improvisación, burocracia inexperta y un sistema de control aún insuficiente.

El procedimiento, que pretendía adquirir casi 5 mil millones de piezas para 26 instituciones de salud, fue detenido después de que se detectaran sobrecostos de al menos 13 mil millones de pesos en 175 claves médicas, equivalentes apenas al 6% del total licitado. A pesar de que las irregularidades afectaban solo una fracción del proceso, la resolución ordenó anularlo en su totalidad, señalando vicios de origen en la convocatoria: falta de formatos, criterios ambiguos para acreditar capacidad técnica y financiera, y requisitos fiscales no aplicables a adquisiciones de bienes. Incluso la participación de proveedores extranjeros quedó en un limbo legal por falta de lineamientos claros.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, confirmó la remoción de entre cinco y seis altos funcionarios de Birmex, incluidos el director general y directores de áreas clave como planeación y logística. Aunque se ha evitado mencionar por nombre al director Iván Olmos, su continuidad al frente de la agencia ha quedado en entredicho. Según declaraciones oficiales, algunos de estos funcionarios permanecían en sus cargos desde antes del sexenio anterior, lo que complica la narrativa de un gobierno que busca desligarse de prácticas heredadas.

La presidenta también aseguró que no se tolerará colusión alguna entre funcionarios públicos y empresas farmacéuticas, aunque hasta el momento no se han confirmado sanciones penales. Mientras tanto, Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción, mantiene abierta una investigación adicional, lo que sugiere que la lista de responsables podría ampliarse.

A pesar del golpe administrativo, la Secretaría de Salud insiste en que el abasto está garantizado. Se afirma que ya se han recibido 233 millones de piezas —61% de la meta— y que se respetarán los derechos de los proveedores legalmente adjudicados. Sin embargo, más del 30% de las claves quedaron sin asignar, y su futuro es incierto tras la anulación del procedimiento completo. Para compensar, el gobierno ha optado por reasignaciones directas, una práctica que, si bien práctica, no deja de suscitar preocupaciones en términos de transparencia y legalidad.

El contexto no ayuda. Esta es al menos la segunda vez en menos de un año que se denuncian irregularidades dentro de Birmex: una auditoría forense del ejercicio 2023 ya había reportado anomalías por más de mil millones de pesos. La agencia, históricamente dedicada a la producción de vacunas, fue encargada de gestionar una megacompra sin experiencia previa en adquisiciones a esta escala, decisión que ha sido duramente criticada por la industria farmacéutica. El director de Canifarma, Rafael Gual, lo resumió de manera contundente: “La industria participó bajo las reglas que le pusieron”, responsabilizando la crisis a la falta de capacidad operativa, más que a actos de corrupción concertada.

En lugar de devolver la responsabilidad de compra al IMSS —la institución con mayor trayectoria en el tema—, el actual gobierno apostó en noviembre pasado por concentrar las adquisiciones en Birmex. Hoy, el costo de esa apuesta es evidente. La supuesta “consolidación” del sistema ha derivado en su parálisis parcial, en la pérdida de credibilidad institucional y, de nuevo, en la amenaza constante de que miles de pacientes queden sin acceso a medicamentos básicos.

En el discurso oficial, este caso se presenta como una victoria de la vigilancia y el combate a la corrupción. En la práctica, representa una fotografía clara de la fragilidad institucional en una de las áreas más sensibles del Estado: la salud pública. La pregunta ya no es si se logrará abastecer a tiempo, sino cuántas veces más habrá que reiniciar el proceso antes de que eso suceda.