Morena y aliados logran mayoría y nombran 56 nuevos magistrados electorales; oposición denuncia captura de justicia

Después de un fallido primer intento, el Senado de la República aprobó finalmente los nombramientos de 56 magistrados electorales en 30 estados. Con 86 votos a favor, 34 en contra y una abstención, Morena y sus aliados (PVEM y PT) lograron la mayoría calificada que no habían alcanzado en la votación del día anterior. Lo hicieron mediante una maniobra rápida: un nuevo dictamen con ajustes de última hora, reconocido públicamente incluso por el coordinador de Morena, Adán Augusto López, por contener errores.

Este movimiento, sin embargo, está lejos de considerarse una victoria técnica sin consecuencias. Representa, más bien, un síntoma preocupante del estado actual del equilibrio democrático en México. Las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano fueron claras en su rechazo: acusaron al oficialismo de emprender una simulación para capturar el aparato de justicia electoral y garantizar ventaja en las próximas contiendas.

El origen del problema: vacantes postergadas y falta de acuerdos

Desde 2021 el Senado tenía pendiente la designación de 17 magistrados electorales. Sin embargo, la falta de acuerdos entre las fuerzas políticas y la incapacidad de Morena para reunir una mayoría calificada provocaron que la cifra de vacantes creciera hasta 56. Este número representa más de la mitad del total de magistraturas locales del país, y su renovación debió haberse dado escalonadamente, no en bloque.

Ese rezago institucional, derivado del estancamiento legislativo, fue resuelto de un solo golpe con una votación que, para la oposición, tiene más aroma a imposición que a consenso.

De vuelta al tablero… pero con piezas propias

Uno de los principales señalamientos hacia la lista aprobada es que incluye perfiles cercanos al partido en el poder. Aunque no se ofrecieron pruebas puntuales durante la sesión, la narrativa fue consistente: Morena estaría llenando los tribunales estatales con magistrados afines a su proyecto político.

“No podemos permitir que esto siga sucediendo”, señaló la senadora panista María de Jesús Díaz Marmolejo, advirtiendo que estos nombramientos convierten a los tribunales en “piezas de un ajedrez político diseñado desde Palacio Nacional”.

En la misma línea, Clemente Castañeda (MC) aseguró que esta acción significa “adiós al pluralismo político”, sugiriendo que, al no garantizar el triunfo en las urnas, Morena busca asegurarlo desde los órganos judiciales. La senadora del PRI, Carolina Viggiano, fue aún más directa: “Morena está dando un retroceso democrático con tal de perpetuarse en el poder”.

Un proceso opaco y apresurado

Además de las críticas al fondo, también se cuestionó la forma. El dictamen aprobado contenía errores, según reconoció el propio Adán Augusto López. Esto no impidió que fuera votado y avalado con celeridad, lo que para la oposición refleja un desprecio por los procesos legislativos deliberativos.

Cabe resaltar que la primera propuesta fue rechazada por no alcanzar la mayoría calificada —apenas 72 votos a favor, contra 38 en contra y dos abstenciones—, y que incluso los senadores del Partido Verde (aliado histórico de Morena) votaron en contra en aquella ocasión. Sin embargo, tras ajustes no especificados, ese mismo bloque respaldó la nueva propuesta tan solo un día después.

Implicaciones de largo plazo

Más allá del ruido parlamentario, lo aprobado tendrá impacto real: estos magistrados estarán al frente de los tribunales electorales locales durante los procesos intermedios de 2026 y 2027, y, potencialmente, hasta la sucesión presidencial de 2030. Serán los encargados de arbitrar disputas electorales y validar comicios en un contexto cada vez más polarizado.

El simbolismo del “sí se pudo”, gritado por los legisladores de Morena tras la aprobación, dista de ser una simple celebración. En tiempos donde la confianza en las instituciones democráticas se encuentra en niveles delicados, este tipo de gestos —acompañados de votaciones veloces, dictámenes corregidos al vuelo y señalamientos de parcialidad— solo abonan a una narrativa de concentración de poder.

El riesgo, entonces, no está únicamente en quiénes fueron designados, sino en cómo y por qué fueron elegidos.