La trampa del efectivo: el trabajo de cuidados como zona de exclusión laboral

El trabajo doméstico y de cuidados en México opera bajo sus propias reglas de supervivencia. Durante el seminario de Justicia Fiscal de la UNAM, el investigador Adrián Escamilla Trejo (PUEDJS) expuso una realidad que la narrativa oficial suele maquillar: el 90% de las personas cuidadoras remuneradas en el país sobreviven en la informalidad total.

Hablamos de un sector sin contratos, sin acceso a la seguridad social y expuesto al despido arbitrario del día a día. En este escenario, cobrar en efectivo deja de ser una opción y se convierte en la única vía para quienes el sistema financiero y laboral ha decidido ignorar estructuralmente.

La brecha de género sostiene este andamiaje de precarización. De acuerdo con datos del INEGI retomados en el foro, las mujeres destinan casi tres veces más tiempo que los hombres a las tareas domésticas y de cuidados no remunerados dentro de sus propios hogares.

Esta asimetría representa una sobrecarga de 900 horas anuales de trabajo invisible para las mujeres. La consecuencia inmediata es el confinamiento a una doble jornada o la dependencia absoluta de un mercado informal que extrae su tiempo y su energía sin otorgarles una red de protección mínima.

A nivel de ingresos, el panorama es de subsistencia. A pesar de que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) fija salarios profesionales específicos para este sector, organizaciones como el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH) reportan que en la práctica los pagos reales se sitúan por debajo de lo estipulado por la ley. 

La ausencia de contratos escritos facilita que las jornadas se extiendan sin pago de horas extra, aguinaldos o vacaciones, perpetuando un ciclo donde el ingreso apenas cubre las necesidades básicas.

El intento estatal por regularizar al sector mediante la afiliación obligatoria al IMSS también avanza a paso lento. De un universo que supera los dos millones de personas dedicadas al trabajo del hogar en México, los reportes oficiales del IMSS apenas registran poco más de 124 mil personas trabajadoras y beneficiarias con cobertura activa. 

O lo que es lo mismo: menos del 2% del total nacional cuenta con un respaldo médico o derecho a una pensión, evidenciando el profundo bache de cumplimiento por parte de los empleadores.

Este rezago se conecta directamente con los límites de la inclusión financiera en el país. El debate sobre la bancarización forzada ignora que para millones de familias inmersas en la informalidad, poseer una tarjeta de débito no resuelve la falta de certidumbre económica. Investigaciones sobre desarrollo del Colef apuntan que la falta de historial crediticio, los cobros por comisiones y la desconfianza estructural en las instituciones bancarias hacen que el uso del dinero físico sea un mecanismo de defensa racional frente a un entorno financiero hostil.

Ante el contexto real de México, el efectivo continuará siendo el refugio de emergencia para el sector que sostiene la economía del país desde el completo desamparo laboral.

Y no basta.