Crisis del agua entre México y EEUU:  Trump exige a México que “le dé a Texas el agua que le debe”

El Tratado de Aguas de 1944 —un acuerdo binacional que ha sobrevivido guerras, crisis diplomáticas y sequías— está hoy al borde del colapso mediático y político, empujado por la retórica electoral de Donald Trump. El expresidente estadounidense, actualmente en campaña, ha vuelto a empuñar el agua como arma política y diplomática: acusa a México de violar el tratado al no entregar los volúmenes pactados del río Bravo al sur de Texas, y amenaza con imponer aranceles y sanciones si no se cumple con lo estipulado. Del otro lado del río, el gobierno de Claudia Sheinbaum responde con datos, diplomacia y propuestas, mientras lidia con una crisis hídrica de años.

Un tratado antiguo en un contexto moderno

Firmado hace más de 80 años, el Tratado de Aguas establece que México debe entregar a Estados Unidos 2,185 millones de metros cúbicos de agua en ciclos de cinco años, provenientes del río Bravo. A cambio, Estados Unidos aporta 1,850 millones anuales desde el río Colorado. Sin embargo, el acuerdo no previó fenómenos como la urbanización acelerada, el cambio climático o las sequías prolongadas que azotan al norte de México.

Según la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), México ha entregado poco más de 600 millones de metros cúbicos en el ciclo actual, que concluye en octubre de 2025. Esto implica un adeudo de 1,520 millones, que de no resolverse, se sumará al siguiente ciclo, elevando la deuda a un desafiante total de 3,705 millones de metros cúbicos. Pero la razón es clara: las presas Amistad y Falcón, claves para cumplir el tratado, están al 21% y 12% de su capacidad, respectivamente, debido a tres años consecutivos de sequía.

El agua como discurso de campaña

Donald Trump ha convertido este tema técnico en una cruzada política. En su red Truth Social, afirma que “México le está robando el agua a los agricultores texanos”, señalando que el incumplimiento ha afectado a la economía del sur de Texas y que incluso provocó el cierre del único ingenio azucarero del estado. Su amenaza no se queda en las palabras: promete aranceles, sanciones e incluso bloqueos hídricos, como el reciente corte de suministro a Tijuana.

Su discurso resuena con fuerza en Texas, donde el gobernador Greg Abbott y el senador Ted Cruz —ambos aliados de Trump— han presionado para que se usen medidas comerciales como herramienta de presión diplomática. La congresista Erin Elizabeth Gámez advierte que las pérdidas económicas por la falta de agua ascienden a 993 millones de dólares anuales, cifra que ha sido usada como argumento para endurecer las exigencias al país vecino.

Sheinbaum: entre diplomacia y sequía

Ante la ofensiva trumpista, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha respondido con firmeza, diplomacia y cautela. En repetidas ocasiones ha señalado que México ha cumplido “en la medida de lo posible” dadas las condiciones climáticas, y recordó que en noviembre pasado se firmó un acuerdo con EE. UU. que otorga herramientas de flexibilidad a la CILA para buscar soluciones compartidas.

Sheinbaum informó que su gobierno ya presentó al Departamento de Estado una propuesta integral que incluye acciones de corto plazo para atender el adeudo, y ha instruido a los titulares de Agricultura, Medio Ambiente y Relaciones Exteriores para establecer contacto inmediato con sus contrapartes estadounidenses. “Estoy segura que, como en otros temas, se llegará a un acuerdo”, escribió la mandataria en su cuenta de X.

¿Crisis estructural o presión coyuntural?

Expertos como Stephen Mumme, de la Universidad Estatal de Colorado, subrayan que esta no es la primera vez que México se retrasa en los envíos de agua. En 1997 ocurrió un caso similar, y el tratado permitió entonces renovar la deuda al siguiente ciclo. Gabriel Eckstein, de Texas A&M, advierte que la situación podría prolongarse por años si no ocurren fenómenos climáticos extremos como huracanes que alivien la sequía.

El fondo del conflicto no es solo técnico ni diplomático: es estructural. La falta de inversiones en infraestructura hídrica, la sobreexplotación agrícola y la crisis climática convierten al Tratado de 1944 en un mecanismo desactualizado, vulnerable a tensiones políticas como las que Trump no duda en avivar. En ese sentido, el conflicto actual no solo refleja una disputa por el agua, sino también una batalla por el relato, donde las campañas electorales dictan la agenda más que los acuerdos bilaterales.

¿Y ahora qué?

El escenario sigue abierto. Trump ha dejado claro que no aflojará la presión mientras pueda sumar puntos entre votantes rurales texanos. México, por su parte, ha optado por una ruta diplomática sin renunciar a los hechos: sí hay sequía, sí hay déficit, pero también hay diálogo y voluntad de solución. Mientras tanto, el agua —ese bien escaso y vital— se convierte en la excusa perfecta para reavivar tensiones fronterizas, ganar simpatías electorales y empujar una agenda proteccionista en clave electoral.

Lo que está en juego ya no es solo el cumplimiento de un tratado, sino la capacidad de ambos países de modernizar sus mecanismos de cooperación frente a los desafíos climáticos del siglo XXI. La pregunta, entonces, no es si México podrá cumplir con el volumen de agua, sino si podrá seguir haciéndolo sin que el precio diplomático se dispare cada vez que alguien busque ganar votos con el descontento de los agricultores.