Sedena usó 250 empresas fantasma para desviar 2 mil millones de pesos entre 2013 y 2019

La más reciente ejecución a un civil por parte del Éjercito no es el único problema del actual Gobierno con las fuerzas militares. De acuerdo con información de El País, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pagó 2.371 millones de pesos (unos 156 millones de dólares) a 250 compañías que posteriormente fueron declaradas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como fantasma. La información contenida en una base de datos proporcionada a EL PAÍS por la Administración General de Servicios al Contribuyente del SAT tras diversas solicitudes de información revela que los recursos fueron desviados a través de 11.175 comprobantes digitales.

Estos movimientos se dieron entre el 2013 y el 2019, lo que implica que la Sedena ha seguido operando como una dependencia “facturera” durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, quien ha consolidado la estrategia de militarización en el país con la Guardia Nacional. Como señala Zoraida Gallegos, aunque sus antecedentes como constructora no son los mejores, con Obrador la Sedena ahora está a cargo de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y participará en la edificación de dos tramos del Tren Maya.

En las Administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto participó en decenas de obras de infraestructura que le fueron encargados por otras dependencias o por Gobiernos de los Estados y que se caracterizaron por la opacidad. Lo trabajos fueron ejecutadas por administración directa, un modelo de contratación previsto en la Ley de Obras que evade la licitación pública y con nula transparencia. Aunque la Defensa nacional firmó un convenio con las dependencias donde se estipulaba que se haría cargo de las obras, esta terminó subcontratando a otras compañías.

Facturas y empresas fantasma

Los detalles que pueden leerse en la nota original de El País, revelan como la Sedena expedía facturas que amparaban los bienes y servicios contratados por la Defensa Nacional en decenas de instalaciones castrenses como campos, cuarteles y guarniciones en diversas zonas del país, pero dichas facturas provenían de empresas fantasma.

La Sedena también usó empresas fantasma en trabajos de mejoras en carreteras o caminos rurales que conectan a sus cuarteles y en obras de mantenimiento o adecuación de sus bases aéreas, prisiones, juzgados, centros de justicia, unidades habitacionales, cafeterías, centros deportivos, estacionamientos, gimnasios, museos, centros de desarrollo infantil y en 15 hospitales militares. Los recursos desviados en estos centros médicos ascienden a 115 millones de pesos (unos siete millones de dólares al tipo de cambio de entonces). Los pagos fueron por diversos insumos y servicios clínicos que supuestamente prestaron una treintena de empresas fantasma entre 2013 y 2018.

Una de las áreas de la Sedena que también destinó 51,5 millones de pesos a empresas de papel fue la Dirección General de Comunicación Social. En 2014 y 2015 contrató a las compañías Advertising and Digital Effects y Producciones Siehj para que le brindaran servicios de masaje e hidratación, suministraran playeras y medallas y organizaran eventos deportivos. Y en otras facturas hubo pagos por 50 millones de pesos para supuestos servicios de obra civil, instalación de invernaderos y viajes para acarrear grava en los viveros forestales de Perote (Veracruz), Ameca (Jalisco), Pueblo Viejo (Veracruz), El Sauz (Sinaloa), Sarabia (Guanajuato) y Zimapán (Hidalgo).

De las 250 empresas fantasma, las seis que facturaron mayor cantidad de recursos fueron; Construglobal de Chiapas S.A. de C.V. (recibió contratos por 312 millones 75 mil pesos); Ramón René Lara Martín (con 269 millones 11 mil pesos); DRM Aceros Internacional, S.A. de C.V. (recibió 240 millones 54 mil pesos); Soluciones Empresariales Santori, S.A de C.V  (facturó por 182 millones 62 mil pesos); Construcciones, Proyectos y Agregados S.A. de C.V. (recibió 162 millones 96 mil); y Produmerk Occidente S.A. de C.V. (contratada por 128 millones 25 mil pesos).

Obras por administración directa

En la nota del País, se pone como ejemplo de operaciones ilícitas al ahora cancelado Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM). En la base de datos que revisó el diario español “se encontraron 168 facturas falsas que amparan diversos servicios subcontratados por la Sedena durante la construcción de la barda, camino perimetral y pista seis del NAIM”. Tres empresas fantasma recibieron pagos por 184,1 millones de pesos, con los cuales supuestamente suministrarían materiales como tuberías, varillas, cables de cobre, artículos de limpieza y placas de acero, además de proveer servicios de soldadura, supervisión en la colocación de tuberías y renta de oficinas móviles. Un ejemplo interesante del probable tejido de corrupción que opera en estos desvíos de recursos es lo que sucedió con la Comercializadora en General Hercalop, que pese a que había sido exhibida en calidad de presunta empresa fantasma desde agosto de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, fue una de las contratadas en enero y febrero de 2018. Meses después de esta operación fue declarada de forma definitiva como simuladora de operaciones.

Los rubros que justifican las compras tanto para los proyectos realizados en instalaciones militares como en los proyectos encargados a la Sedena por otras dependencias y Gobiernos son tan diversos que hay desde asesorías en materia de seguros hasta informes de impacto ambiental y planes de restauración de suelos. Ahora, que tras el cambio de Administración, el Ejército sigue a cargo de importantes obras de infraestructura por decisión presidencial, la autoridad debe garantizar al menos la publicidad de las contrataciones, dice Irene Tello, de Impunidad Cero. “Es muy preocupante porque cada vez se les dan más obras y todo bajo el argumento de que son incorruptibles y tienen una disciplina intachable”, reitera. Estos proyectos, donde se manejan millonarios presupuestos, deben manejarse con transparencia. “Es dinero público y ellos (militares) tienen que dar cuentas de qué hacen con ese dinero”, manifiesta.

El País, señala que para su reportaje “buscaron a la Sedena a fin de saber si se han iniciado investigaciones por el uso de empresas fantasma, pero no hubo respuesta”.