Pérez Gay, Héctor de Mauleón, Julio Astillero y el periodismo amenazado de muerte

En los últimos días al menos cuatro reconocidos escritores y periodistas han sido amenazados de muerte por exhibir en sus columnas de opinión la inseguridad y la violencia que ha ido en aumento en el país, particularmente en la Ciudad de México.

Hector de Mauleón, cronista e historiador, ha recibido amenazas de muerte a través de su cuenta de twitter desde el pasado 21 de junio cuando denunció en su sección del periódico El Universal el aumento de la criminalidad —y la consiguiente violencia que genera— en la colonia Condesa. Además, para de Mauleón se han vuelto a intensificar las amenazas tras denunciar el caso de Rafael Pérez Gay.

El pasado 22 de septiembre Rafael Pérez Gay, escritor y editor, hizo públicas –para los medios Sin Embargo y Milenio— las amenazas de muerte explícitas que recibió de uno de sus vecinos (acusado de actividades ilícitas) en la ya mencionada colonia de la delegación Cuauhtémoc.

También la asociación PEN internacional ha manifestado que el periodista Julio Hérnandez, mejor conocido como Julio Astillero por su columna en el periódico La Jornada, es víctima de diversos acosos por sus opiniones críticas hacia el gobierno federal. Asimismo, el reportero del semanario Proceso se encuentra en la misma situación de Hérnandez. La CNDH, por su parte, ha condenado estas situaciones y exigió “condiciones para que las y los comunicadores ejerzan su profesión sin restricción alguna”. Sin embargo, en la práctica las violaciones a la libertad de expresión se llevan a cabo como una costumbre más.

Estas denuncias se suman al artículo que publicó El País el sábado 17 de septiembre “Un periodista mexicano es asesinado cada 26 días”. En el que expone la grave situación por la que atraviesa el periodismo, convertido en una profesión de alto riesgo: México es el país más peligroso de América Latina para ejercer esta profesión. En el artículo firmado por Jacobo García se expone que los periodistas más vulnerables son aquellos que no gozan del reconocimiento público, aquellos que trabajan para medios locales. Los casos más recientes son los de los periodistas Pedro Tamayo, asesinado en julio pasado en su casa de Veracruz (pese a mantenerse bajo “protección” por el gobierno de la entidad) y Manuel Torres, director de un portal veracruzano de noticias, quien murió en mayo tras recibir un disparo en la cabeza.

Ante esta situación, en la que el gobierno federal prefiere mantenerse al margen en todos los casos, la impunidad y la violencia ejercen su propia libertad de censura a costa de la verdadera libertad de expresión.

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