Morena vs Morena: Rocío Nahle denuncia irregularidades por más de 1.6 mmdp durante el gobierno de Cuitláhuac García

La transición gubernamental en Veracruz no tardó en destapar sus primeros escándalos. A apenas unos meses de haber asumido el cargo, la gobernadora Rocío Nahle denunció un presunto daño patrimonial superior a los 1,600 millones de pesos en la Secretaría de Salud, derivado de prácticas irregulares durante el mandato de su antecesor y correligionario de Morena, Cuitláhuac García Jiménez. Las acusaciones no provienen de una disputa política entre adversarios: son observaciones puntuales realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que ordenó además una auditoría forense para desenterrar los rastros financieros del desorden.

De acuerdo con la Contraloría General del Estado, las irregularidades detectadas en la Cuenta Pública 2023 se centran en contrataciones por adjudicación directa, muchas de ellas otorgadas a empresas recién creadas o con vínculos sospechosos. Servicios subrogados como limpieza, transporte de insumos, comida y equipo médico figuran entre los principales rubros cuestionados. La cifra, según los reportes iniciales, podría superar los 1,600 millones de pesos, aunque en algunos momentos Nahle ha manejado también un monto preliminar de 200 millones —lo que evidencia, al menos, una opacidad persistente en la contabilidad del sexenio anterior.

Entre los implicados aparece un nombre que se repite con insistencia: Jorge Eduardo Sisniega Fernández, exdirector administrativo de la Secretaría de Salud y figura clave en la operación financiera de la dependencia. A pesar de los relevos en la titularidad —Roberto Ramos Alor, Gerardo Díaz Morales (fallecido en funciones) y Guadalupe Díaz del Castillo Flores—, Sisniega mantuvo el control administrativo durante toda la administración de Cuitláhuac García. Hoy, la ASF ha ordenado abrir 24 investigaciones contra funcionarios bajo su mando, abriendo la puerta a posibles responsabilidades penales.

Sin embargo, el giro más desconcertante del caso llegó el 3 de mayo, cuando la propia Rocío Nahle anunció en redes sociales la designación de Roberto Ramos Alor como nuevo coordinador estatal del programa IMSS-Bienestar en Veracruz. La contradicción es evidente: el mismo exsecretario de Salud señalado por desperdicio de medicamentos oncológicos, compras directas sin justificación y contratos con empresas ligadas a la corrupción, fue premiado con una nueva responsabilidad en el sistema de salud pública. Según Nahle, se trata de un “especialista comprometido”, lo que no ha impedido que el nombramiento genere controversia y críticas.

La gobernadora ha insistido en que su deber es proteger el patrimonio del estado. “Encontramos muchas cosas que no estuvieron bien y lo tengo que decir”, afirmó, intentando tomar distancia de una administración que representa el mismo partido que hoy encabeza el gobierno estatal. El discurso de la nueva mandataria intenta separar responsabilidades sin romper del todo con el legado político de su antecesor, apostando por una narrativa de “limpieza interna” que permita salvar la cara de Morena ante el electorado veracruzano.

Lo cierto es que la ASF ha emitido más de 1,400 observaciones a la Secretaría de Salud tan solo en la revisión de 2023, lo que dibuja un panorama de corrupción sistémica más allá de errores puntuales. La revisión del ejercicio fiscal de 2024, todavía en curso, podría sumar nuevas cifras al desfalco. A esto se suma la alerta sobre el desabasto de medicamentos para cáncer y otras enfermedades de alto impacto, que formaron parte de las omisiones que, durante años, se intentaron justificar como “problemas logísticos”.

La estrategia de Nahle parece orientada a contener el escándalo antes de que escale más allá de los tribunales administrativos. A diferencia de otras confrontaciones entre gobiernos entrantes y salientes, esta vez no hay fuego cruzado entre partidos, sino una pugna interna dentro de Morena, donde el discurso anticorrupción se pone a prueba contra la realidad de sus propias gestiones.

A nivel nacional, este tipo de casos no son nuevos. Pero que un gobierno de Morena reconozca fallas graves en otro gobierno morenista representa un ajuste de cuentas poco habitual. No hay aún responsables sancionados ni procesos judiciales abiertos, pero sí una narrativa que busca posicionarse como “rectificadora” antes que como “encubridora”. En términos de cultura pop, es como ver a un personaje de Marvel desenterrar los errores de otro héroe del mismo universo: todos son parte del mismo equipo, pero alguien tiene que limpiar el desastre sin romper la alianza.

El desenlace está aún por escribirse. Por lo pronto, la ASF, la Contraloría y la opinión pública tienen una tarea compartida: vigilar que este escándalo no se resuelva con un nuevo nombramiento ni con declaraciones bienintencionadas, sino con sanciones reales, devoluciones de recursos y garantías de que el sistema de salud no seguirá siendo usado como botín político.