Candidatos con antecedentes penales y promedios bajos: Congreso impugna 26 aspirantes judiciales
El Congreso de la Unión sacó la lupa —y algo de cloro institucional— para revisar los perfiles de 26 candidatos que buscan convertirse en jueces y magistrados del Poder Judicial Federal. ¿El hallazgo? Una mezcla de antecedentes penales, vínculos con la delincuencia organizada, escándalos éticos y calificaciones que apenas pasarían una clase de introducción al derecho.
El domingo 4 de mayo, los presidentes de ambas cámaras, Gerardo Fernández Noroña (Senado) y Sergio Gutiérrez Luna (Diputados), entregaron al Instituto Nacional Electoral (INE) una solicitud formal para cancelar estas candidaturas. El argumento central: 18 de las personas señaladas no cumplen con el requisito constitucional de “gozar de buena reputación” y otras ocho no alcanzan el mínimo académico requerido para el cargo.
La figura de “buena reputación” no es solo un adorno legal: aparece en los artículos 95 y 97 de la Constitución como condición indispensable para ejercer cargos judiciales. Y cuando hablamos de buena reputación, no es precisamente lo que se encuentra en las trayectorias de quienes, según el Congreso, han defendido capos del narcotráfico, liberado indebidamente a delincuentes o han sido imputados por delitos como abuso sexual, desaparición forzada y peculado.
El Congreso acusa que permitir estas candidaturas comprometería la función jurisdiccional, generando conflictos de interés y erosionando la confianza pública en el sistema de justicia. De hecho, algunos aspirantes ya fueron sancionados o destituidos previamente por el Consejo de la Judicatura.
Los nombres que el Congreso quiere fuera de la boleta
- Aspirantes señalados por no “gozar de buena reputación”:
- Fernando Escamilla Villarreal – defensor de personas vinculadas a crimen organizado.
- Jesús Humberto Padilla Briones – imputado por portación de armas y delitos contra la salud.
- Diana Montserrat Partida – liberó indebidamente a personas del narco.
- Julio Veredín Sena – otorgó amparos irregulares a delincuentes.
- Aníbal Castro Borbón – absolvió a implicado en delincuencia organizada.
- Conrado Alcalá Romo – amparó a un líder criminal.
- Enrique Hernández Miranda – omitió medidas cautelares a narco.
- Francisco Herrera Franco – con vínculos criminales documentados.
- Francisco Martín Hernández Zaragoza – destituido por abuso sexual.
- Edgar Agustín Rodríguez Beiza – acusado de abuso sexual a alumna.
- Andrés Montoya García – acusado de desaparición forzada de un periodista.
- Leopoldo Javier Chávez – imputado por delitos contra la salud.
- Alejandro Tlacahuac Zitlalpopoca – acusado de abuso sexual.
- Ángel Antonio Villegas Cortés – acusado de amenazas y lesiones.
- Noel Castro Melgar – acusado de peculado y abuso sexual.
- Arturo César Morales Ramírez – vinculado a delincuencia organizada.
- Jesús Karina Almada Rábago – defendió a miembro del Cártel de Sinaloa.
- María de Jesús López Guzmán – defensa legal de personas del narco.
En esta categoría abundan los casos de quienes, más que impartir justicia, han actuado como brazos jurídicos de redes criminales. El Congreso también subraya que en varios casos hay carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía General de la República.
Aspirantes que no cumplen con el promedio mínimo de 8 en licenciatura:
- Arturo Manuel Fernández Abundis – 7.93
- Elva Regina Jiménez Castillo – 7.9
- Juan Hernández Rodríguez – 7.84
- Raúl Miguel Gaspar Pech Marinez – 7.69
- Joaquín Flores Ruiz – 7.6
- Porfirio Aldama Mota – 7.1
- Alejandra Ramírez de la Vega – 7.0
- Mario Alberto Parada Cerón – 7.7
Aunque los números parecen decorosos para quien busca sobrevivir a un semestre universitario, en el contexto judicial se consideran insuficientes. “La exigencia académica no es un trámite, sino un parámetro mínimo de calidad profesional y ética”, señaló Gutiérrez Luna. Y sí, se entiende la preocupación: si vamos a confiarles sentencias, lo mínimo sería saber que pasaron Derecho Constitucional con algo más que un 7.
Más que una batalla administrativa, una advertencia política
Este llamado del Congreso al INE no solo es un gesto de control institucional. También es un mensaje al proceso de reforma judicial en curso. Si este proceso pretende fortalecer al Poder Judicial con criterios de mérito y ética, no puede tolerar candidaturas que, en el mejor de los casos, son mediocres, y en el peor, peligrosas.
La ironía más grande quizá radique en que estas impugnaciones provienen del propio Legislativo, que no suele destacar precisamente por sus filtros de integridad. Pero como diría un viejo axioma jurídico: incluso el más cuestionado puede tener un punto cuando el expediente del otro es peor.
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