INE no cancelará candidaturas judiciales, errores son culpa de los filtros diseñados por el Legislativo

El Instituto Nacional Electoral (INE) ya tiene listas las boletas, pero las candidaturas siguen bajo sospecha. Con más de 600 millones de papeletas circulando por el país, la autoridad electoral ha decidido que lo mejor es… esperar. A pesar de los 26 señalamientos por falta de requisitos, vínculos con la delincuencia o un bajo promedio escolar, ninguna candidatura será anulada antes del 1 de junio. La consigna parece ser: que gane quien pueda, ya luego veremos.

El Senado y la Cámara de Diputados, en una inusual sinergia de urgencia, pidieron formalmente cancelar candidaturas de aspirantes al Poder Judicial por dos motivos: supuestos nexos con la delincuencia organizada y no alcanzar el promedio de 8 en la licenciatura. Sí, un promedio. Nada como la burocracia académica para frenar carreras judiciales, aunque solo sea simbólicamente.

Pero la consejera Norma de la Cruz fue clara: el INE no tiene atribuciones para retirar esas candidaturas en este momento. ¿Por qué? Porque según la reforma constitucional, ahora son los Comités de Evaluación de los Poderes quienes revisan los perfiles. Si hubo omisiones o errores, se revisarán… después. ¿Cuándo exactamente? El 13 de junio, dos días antes de entregar constancias de mayoría. Porque si algo caracteriza a un sistema judicial confiable, es que la validación de requisitos venga después del nombramiento.

Mientras tanto, algunos de los señalados aseguran que los procesos penales que los persiguen no son suyos, sino de homónimos con mala suerte. Uno de ellos, por ejemplo, sostiene que la orden de aprehensión vigente es para otro “Arturo César Morales Ramírez”, no para él, aunque haya sido juez federal al mismo tiempo que su presunto gemelo criminal era buscado.

Otros son acusados de algo aún más grave: haber defendido a criminales. Porque sí, ejercer el derecho a una defensa parece haberse convertido en motivo de sospecha. Tal vez el siguiente paso sea pedirles que presenten cartas de buena conducta emitidas por sus adversarios procesales.

Además, en seis casos, los legisladores confundieron la sigla “EF” con “Ejecutivo Federal” cuando en realidad significaba “En Funciones”. Una muestra más de que la elegibilidad judicial en México puede naufragar entre errores de Excel.

Pero incluso si alguna candidatura fuera finalmente cancelada, su nombre ya estará en la boleta. Será responsabilidad del votante elegir sabiamente, como si pudiera distinguir entre un aspirante con “buena reputación” y uno con expediente abierto solo con leer su nombre en Arial 12.

En resumen: el INE se lava las manos, el Congreso se sacude las culpas y las boletas ya están volando por todo el país. Si alguna de las 26 candidaturas cuestionadas gana, su revisión llegará con efecto retroactivo. Y si no, bueno, siempre podrán decir que el sistema funcionó… de alguna manera.