Fracasa estrategia de seguridad de Durazo: se fuga líder del narco en Sonora y cambian titular de Seguridad

Un mes y 14 días. Ese fue el margen que tuvo el gobierno de Alfonso Durazo para presumir la captura de Saúl Francisco Hernández Tenorio, alias “El Ponchis” o “El Fantasma”, antes de que el líder de Los Salazar, brazo armado del Cártel de Sinaloa, escapara del Centro de Reinserción Social (Cereso) No. 1 de Hermosillo. El mismo penal donde, a pesar de estar vinculado con homicidios, narcotráfico y tráfico de personas, no se le aplicaron medidas de máxima seguridad.

La fuga fue detectada durante el pase de lista del 5 de mayo. La Secretaría de Seguridad Pública de Sonora informó que se activaron protocolos de seguridad y que ya hay una carpeta de investigación abierta por parte de la Fiscalía estatal. Además, se confirmó la detención de cuatro funcionarios penitenciarios acusados de evasión de presos, asociación delictuosa y abuso de autoridad. Sin embargo, la noticia se dio a conocer oficialmente hasta el 7 de mayo, más de 48 horas después, lo que desató cuestionamientos sobre la transparencia del caso.

La captura de “El Ponchis” había sido presentada como un golpe contundente al crimen organizado. Así lo comunicó la propia Fiscalía el 25 de marzo, cuando anunció su aprehensión junto a Rodolfo “El Cachuchas” Valdez Portillo, otro sicario de alto rango. Hernández Tenorio era señalado como uno de los principales generadores de violencia en Sonora, especialmente en zonas clave como Nogales, Caborca, Magdalena de Kino y Puerto Peñasco. Además, figuraba en la lista de los 10 más buscados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos.

Pese a su relevancia criminal, el líder de la célula “Los Fantasmas” —también conocidos como “Los Alfa”— no estaba bajo resguardo en condiciones de alta seguridad. El mismo gobierno que ofrecía 500 mil pesos por su captura terminó duplicando esa cifra tras su huida. No se trata solo de un error operativo; es una falla estructural que expone el desorden interno del sistema penitenciario y, sobre todo, el contraste entre la retórica del combate al crimen y la capacidad real de contención.

En medio de la crisis, el secretario de Seguridad Pública, Víctor Hugo Enríquez García, fue destituido. Aunque algunos medios reportaron su renuncia desde el 7 de mayo, no fue sino hasta el día siguiente que el gobernador Durazo confirmó oficialmente su salida. En su lugar, designó a Braulio Martínez, su exsecretario particular y egresado de la Heroica Escuela Naval Militar, con estudios en Ciencias Navales y posgrados en Mando Naval y Administración Pública. El nombramiento fue turnado al Congreso estatal para su aprobación, como dicta la ley.

El nombramiento también vino acompañado de otro ajuste político: Paloma Terán fue invitada a coordinar el Sistema Estatal de Comunicación Social, aunque aún debe tramitar su licencia ante el Congreso.

La narrativa del “gran golpe” se desmorona con rapidez. Si la detención de Hernández Tenorio fue en su momento presentada como un símbolo de eficacia, su fuga lo es ahora de vulnerabilidad. La administración estatal, que en marzo capitalizaba políticamente la detención, hoy enfrenta una crisis de credibilidad.

La historia de “El Ponchis” no es solo la de un capo fugado; es la de un sistema que, en su afán por mostrar resultados, deja cabos sueltos que el crimen organizado sabe aprovechar. Y mientras Durazo intenta recomponer el discurso, la realidad en Sonora —marcada por la violencia, las fugas y el tráfico de drogas— sigue cuestionando la efectividad de su estrategia de pacificación.