El Mando Único: debate y solución necesarios

En nuestro país existen 32 policías estatales y mil 800 policías municipales aproximadamente, además de las corporaciones federales, sin embargo, cada policía estatal y municipal en la mayor parte del país tiene características distintas en equipo, comunicaciones, uniformes, adiestramiento, reglas de acceso y estructura de mandos y divisiones de trabajo; eso sin hablar de salarios y seguridad social.

La pregunta es si bajo estas condiciones es posible pensar que mil 800 policías municipales integren un sistema de seguridad pública. Al interior de cada entidad federativa con excepción del Distrito Federal y de otras entidades que han construido, en mayor o menor medida, un mando único con base en acuerdos de voluntades y de coordinación, aún prevalecen una serie de policías municipales que presentan déficit para asumir la responsabilidad de brindar protección a las personas y sus bienes.

Durante años se ha debatido el alcance y posibilidad de construir un mando único en las entidades federativas dado que los municipios tienen esa potestad constitucional, y el debate en varias ocasiones se ha polarizado desde rutas que hacen intransitable una reforma concreta. Tal es el caso de asumir que una reforma de mando único supondría atentar contra la autonomía municipal y en sí contra la fortaleza y potestades de este orden de gobierno. Asimismo en su momento se previeron mecanismos como los de policía acreditable para dar espacios a la operación de policías municipales, regionales y metropolitanas empero la iniciativa prosperó de forma por demás limitada.



Pareciera ser que el problema no es el mando único en sí mismo, sino la forma de estructurarlo al interior de las entidades federativas y para esto puede haber diferentes acercamientos y metodologías. Lo que difícilmente puede ponerse a debate es que la fragmentación, la dilución, y el mantenimiento de ínsulas de corporaciones policiales, sean las vías para brindar este servicio a la ciudadanía que además es monopolio de la autoridad pública legítimamente constituida.

El Poder Ejecutivo Federal en la presente administración presentó una iniciativa de reforma sobre el mando único donde se plantea que la seguridad pública pasará a ser un servicio a cargo del Gobernador del estado, pero que seguirá beneficiando directamente a los municipios.

También asienta que para atender la situación de seguridad es necesario concentrar las funciones policiales en determinados órdenes de gobierno para facilitar las condiciones de mando, así como para focalizar las tareas de seguridad. Lo anterior debido a que el actual modelo constitucional en que convergen los tres órdenes de gobierno con policías encargadas de la seguridad pública genera deficiencias complicando su aplicación.

De acuerdo a la iniciativa, se plantea reformar los artículos 21, 73, 104, 105, 116 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De estos artículos, resultan importantes el 21 y el 116 que tienen relación con el Mando Único. Respecto del artículo 21 Constitucional se indica reformar los incisos a) y f) el primero para homologar los criterios de remuneración mínima y el segundo para la homologación de protocolos de actuación y operación. Se propone la modificación al artículo 116 constitucional para evitar que los municipios puedan ejercer, por cualquier vía constitucional, competencias relacionadas con la seguridad pública.

En la actualidad el 72 por ciento de los municipios de México cuenta con este modelo, de acuerdo con el Tercer Informe de Labores de la Secretaría de Gobernación, al 30 de junio de 2015, se registraron avances en 30 entidades federativas en donde se han firmado convenios entre gobiernos estatales y municipales.  Los estados que presentan mayor grado de avance son: Estado de México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Tlaxcala, Puebla, Querétaro, Yucatán y Zacatecas, los que tienen menor grado de avance son: Sonora, Guerrero, Veracruz, Hidalgo y Guanajuato.  Por su parte tienen el 100% de acuerdo con sus municipios los estados de Chiapas, San Luis Potosí y Coahuila.

La reforma que plantea el Gobierno Federal puede ser discutible en varios aspectos sobre competencias, coordinación o el propio estatuto de lo municipal, sin embargo, el tema es de política pública de seguridad y por tanto sobre cómo las normas e instituciones deben trabajar para brindar un servicio de seguridad con calidad, con participación ciudadana y con responsabilidades claras sobre cómo actuar ante el hecho criminal. En especial, es fundamental que los protocolos o dicho de otra manera la forma de trabajar de todas las corporaciones de policías se apeguen a los principios establecidos en la Reforma Constitucional del año 2008 y precisamente en los protocolos Nacionales de Actuación recién publicados en el Diario Oficial de la Federación.  

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Lo que debe entenderse es que la policía es fundamental para que la reforma de seguridad y justicia rinda frutos, que si la policía falla el sistema penal se encontrará en crisis. Esta es una oportunidad mayor para revalorizar y poner en su dimensión real el trabajo de cada policía para que los procesos penales se desarrollen en apego al debido proceso. 

Cada policía de nuestro país debe capacitarse, cada policía debe cumplir con una formación básica, cada policía debe tener un salario digno y seguridad social pero sobre todo cada policía debe saber que su trabajo es importante, y que de su desempeño depende lo que pueden hacer ante un hecho delictivo ministerios públicos, peritos y jueces. Todo lo anterior se relaciona necesariamente con el mando único pues en México no puede prevalecer un modelo que condena las capacidades del Estado a la dispersión, a la falta de coordinación y al déficit en el manejo de información e inteligencia. La ciudadanía demanda eficacia en materia de seguridad pública y es tiempo de responder con honestidad si esto se puede lograr con el actual modelo de seguridad pública.

Foto: http://flickr.com/photos/eneas/9581118900/

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