Caso Alberto Israel Jasso: entre el debido proceso y la protección de las víctimas

La muerte del profesor Alberto Israel Jasso ha provocado una intensa discusión pública sobre los protocolos institucionales, la presunción de inocencia y las consecuencias que pueden derivarse de una denuncia por violencia sexual. Sin embargo, en medio de la polarización, también es necesario recordar algo fundamental: este caso no puede convertirse en un argumento para desacreditar a quienes denuncian.

Hasta el momento no existe una sentencia que permita afirmar que el profesor era culpable o inocente de los hechos denunciados. Su fallecimiento ocurrió antes de que la investigación concluyera, por lo que muchas preguntas permanecerán sin respuesta. Precisamente por ello, es indispensable evitar construir narrativas que presenten cualquiera de las dos versiones como una verdad absoluta.

También es importante proteger la integridad de la joven que presentó la denuncia. La exposición pública, el acoso en redes sociales, la difusión de su identidad o los intentos por responsabilizarla de la muerte del profesor representan formas de violencia que vulneran sus derechos y pueden desalentar a otras víctimas a denunciar. Ninguna persona denunciante debe ser condenada por la opinión pública antes de que las autoridades concluyan una investigación.

Al mismo tiempo, reconocer este principio no significa asumir que todas las denuncias son verdaderas por definición. Los sistemas de justicia existen precisamente para investigar los hechos, reunir pruebas y determinar responsabilidades con apego al debido proceso. Defender ese equilibrio es indispensable para proteger tanto a las personas denunciantes como a las personas acusadas.

Los datos disponibles muestran que las denuncias falsas por delitos sexuales son poco frecuentes. Diversos estudios internacionales estiman que representan un porcentaje reducido del total de denuncias, mientras que organizaciones especializadas y organismos internacionales advierten que la violencia sexual continúa siendo un delito ampliamente subdenunciado debido al miedo, la revictimización y la falta de confianza en las instituciones.

Convertir este caso en una prueba de que “las mujeres mienten” no solo carece de sustento, sino que invisibiliza la realidad de miles de víctimas que enfrentan enormes obstáculos para buscar justicia. Del mismo modo, ignorar el impacto que una acusación puede tener sobre una persona investigada también impide discutir cómo mejorar los protocolos institucionales para garantizar procesos más rápidos, imparciales y respetuosos de los derechos de todas las partes.

Más que alimentar una confrontación entre hombres y mujeres, el caso de Alberto Israel Jasso debería abrir una conversación sobre cómo construir mecanismos que protejan a las víctimas, respeten la presunción de inocencia y permitan que la verdad se establezca mediante investigaciones serias, no mediante juicios en redes sociales.