La responsabilidad germana en Ayotzinapa: justicia parcial a la alemana

Texto y foto: Timos Dorsch


Multa millonaria para empresa de armamento Heckler&Koch por envío ilegal de miles de armas a México. Quedan absueltos los directores ejecutivos.

Un susurro de indignación se escuchó en la sala de la Corte cuando el Primer Juez leyó la sentencia. Absoluciones, suspensión condicional de la pena de cárcel y una multa millonaria son el resultado de un juicio en la ciudad de Stuttgart por el envío ilegal de miles de armas a México. “Los juicios tienen un lado positivo y uno pintado rojo de sangre”, interpreta Jürgen Grässlin la decisión de la Corte. Grässlin es el denunciante del proceso visto como sin precedentes en Alemania por parte de observadores.

El directivo ejecutivo absuelto Joachim M., en la sala de la Corte

También es único para el historial de la empresa Heckler&Koch situada en una de las regiones sureñas conservadores y tradicionalistas en Alemania. Serán confiscados 3.7 millones de Euros (aproximadamente 80.7 millones de MXP). Los ingresos obtenidos de aquellas ventas ilegales que ahora fueron sujeto del juicio suman 4.1 millones de Euros. Debido a violaciones contra dos leyes federales regulando la exportación de armamento y el comercio exterior (la “Kriegswaffenkontrollgesetz” y la “Außenwirtschaftsgesetz”) en total fueron acusados cinco ex-empleados de la firma armamentista con sede en Bad Oberndorf.

Los dos anteriores directores ejecutivos de H&K – Joachim M. y el jubilado ex-presidente de la tribunal regional Peter B. – fueron absueltos en todos los puntos junto con el ex-gerente Wolfram M. El susurro y algunos gritos aislados desde el público en la sala se refirieron a esta parte de la decisión de la Corte. Asimismo, hay desacuerdo en México: “Esperaba un castigo para ellos quienes fueron los responsables que las armas llegaran a México. Sin ellos, no hubiera pasado”, dice en tono firme Leonel Gutiérrez Solano. Él representa el lado de las víctimas. Un lado, que fue ignorado durante todo el proceso. Ni la Corte, ni la fiscalía y mucho menos los acusados mostraban interés alguno en esta parte de la historia. Ni siquiera cuando Leonel mismo apareció en la Corte el 26 de septiembre del año pasado.

El hermano de Gutiérrez Solano se encuentra en coma vegetativo desde hace cuatro años y medio. Fue baleado durante aquella noche inolvidable que demostró la complicidad orgánica entre diferentes niveles del Estado mexicano y la delincuencia organizada. Esa noche, desde entonces, forma parte de la historia mexicana como el Caso de Ayotzinapa.

El juicio en Stuttgart giraba en torno a la exportación de 10,077 rifles G36 que la empresa vendió a a la SEDENA entre 2006 y 2009. Aproximadamente la mitad de las armas de alto poder terminaron en cuatro Estados mexicanos – Chihuahua, Jalisco, Chiapas y Guerrero – para los cuales la empresa no contaba con un permiso de exportación. Y justo en Guerrero, las armas alemanas fueron usadas para realizar un crimen de lesa humanidad que debido a su tragedia se hizo conocer en todo el mundo. Ayotzinapa. “Que el gobierno alemán reconozca a mi hermano como víctima porque hubo presencia de armas alemanas. Eso esperaba de la justicia alemana”, exige Leonel ante Tercera Vía.

Para Sofía de Robina Castro, las absoluciones para los antiguos directores ejecutivos Peter B. y Joachim M. significan una “impunidad” hecha posible por la Corte. Siendo abogada en el centro de derechos humanos ProDH en la capital mexicana que acompaña y asesora a las familias de los  estudiantes de la normal rural, advierte en entrevista: “La sentencia es una seña negativa:”

No obstante, en su explicación de la sentencia el Primer Juez enfatizó: “Fue un juicio sumamente complejo, tanto en un sentido legal como con respecto a los hechos y datos. Precisamente, no fue un tribunal sobre la industria alemana de armamento.” Agregó que se trataba de un proceso judicial indiciario. O sea, ¿quién supo qué y cuánto? En el caso de la secretaria Marianne B. e Ingo S., otro ex-gerente, la Corte no decidió tan indulgente. Sentenció como evidenciado el resultando de una “exportación pandillera organizada bajo permisos obtenidos mediante fraude“ y de complicidad para dicha.

La Corte decidió separar el juicio en contra de un sexto acusado, Markus B., quien era gerente de la empresa LAMAR, siendo la representación de H&K en México. Mandó a emitir una orden de aprehensión internacional, dado que no apareció ante la Corte. Si hubiera acudido, Markus B. que goza ahora de la nacionalidad mexicana, probablemente se habría enfrentado a la pena mayor. “Si no se le investiga, permanece en impunidad”, sentencia la abogada. “Pero ahora, con el nuevo gobierno existe la posibilidad de investigarlo.”

Igualmente preocupante es que hasta ahora no han habido procesos en contra de elementos militares. Ni en el caso de Ayotzinapa, ni en la compra de las armas alemanas donde parece que hubo corrupción: el entonces General de División Humberto Aguilar habría obtenido 25 USD por cada rifle enviado a los cuatro Estados prohibidos, según demuestran algunos documentos en manos de la fiscalía alemana. La persona, quien supuestamente entregó los sobornos, era Markus B.

Jürgen Grässlin, quien hizo la denuncia en 2010, enfrente del edificio de la Corte donde se realizó un acto de protesta

“Nuestra preocupación es que destruyeron armas involucradas en el caso de Ayotzinapa. Significaría destruir evidencias”
No obstante, la preocupación por una impunidad hecha posible por el Estado va más allá. En el Informe del Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa (MESA) publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en noviembre pasado, mencionan que 16 armas de la empresa alemana fueron entregados por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero y luego, en un total de tres mil armas, destruidos por la SEDENA. “Nuestra preocupación es que destruyeron armas involucradas en el caso de Ayotzinapa. Significaría destruir evidencias”, lamenta de Robina Castro.

En Stuttgart, aunque la Corte trataba de convencer que no buscaba crear un “chivo expiatorio”, para el activista por la paz Grässlin quedó más claro que el agua: “Lo que tenemos aquí es una justicia clasista. Pues, ¿dónde quedan las sentencia en contra aquellos que actuaban y tomaban las decisiones?”

Para Jan van Aken, quien como experto en temas de armamento acompañó meticulosamente el proceso en los últimos meses, la sentencia significa que “se cayó el pilar principal de las autoridades encargadas de los controles de las exportaciones.” Eso, porque la Corte interpretó la declaración sobre el uso final de las armas exportados como premisa pero no como parte del permiso para poder exportar bienes de armamento que son otorgados por el Ministerio Federal de Economía (BMWI) y la agencia encargada de exportaciones el Bundesausfuhramt (BAFA). El meollo ahí: el gobierno federal alemán lo interpreta justo de la manera contraria.

Van Aken, un diputado del anterior Parlamento Federal y quien fue portavoz de los asuntos exteriores del partido Die Linke, manifiesta: “El sistema está roto. Necesitamos una nueva regulación.” Con eso se refiere a la idea de una nueva ley de control de la exportación de armamento a lo cual se deberían dedicar los legisladores.

Acto de protesta, durante el cual fue leído una carta escrita por Leonel Gutiérrez Solano. La carta la leyó Carola Hausotter de la Coordinadora Alemana Por los Derechos Humanos en México

Mientras tanto, carece de sentido común, cuando el gobierno federal alemán, en una de sus declaraciones oficiales en septiembre 2018, consta lo siguiente: “El gobierno federal alemán persigue una política restrictiva y responsable de exportación de armamento.” Ante tal descaro, Leonel Gutiérrez espera, ni más ni menos, “que el gobierno alemán se diera cuenta de las consecuencias que traían sus armas acá en México.”

 


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