MARA CASTILLA: control, vigilancia y fracaso

En México, de 1990 a 2016 (según datos del INEGI), 32,953 mujeres han sido asesinadas. En el Estado de Puebla, según la Fiscalía del Estado, sólo en lo que va de 2017 han ocurrido 58 feminicidios; según medios locales y nacionales, más de 80 (https://goo.gl/pcjbj2). El pasado viernes 8 de septiembre, Mara Fernanda Castilla salió de un bar de Cholula, Puebla, para volver a su casa. El 15 de septiembre su cuerpo fue hallado sin vida en otra parte de la misma ciudad. La muerte de Mara se debió a una condición de género en una sociedad que históricamente ha repartido de manera asimétrica el acceso al espacio público, al entretenimiento, a la seguridad y a la libertad: fue un feminicidio.

El siguiente mapa interactivo, creado por el equipo de Signa_Lab, presenta los datos oficiales que ofrece el INEGI sobre feminicidio, desagregados por estados, en el mismo periodo señalado arriba.

La ausencia de Mara comenzó a registrarse en los medios desde las primeras horas en que se supo de su desaparición. Las redes digitales fueron utilizadas por familiares y amigos para alertar a la sociedad y hacer un llamado a las autoridades. Es importante considerar que Mara era estudiante universitaria y que participó activamente en la ola de protestas por los feminicidios y la criminalización de las mujeres con el hashtag #SiMeMatan; la presencia de Mara en las redes sociales, especialmente en Twitter, facilitó y aceleró la rápida visibilización de su desaparición y posterior feminicidio.

Se sabe que el uso de las redes para difundir un caso de desaparición forzada en las primeras horas puede ser decisivo en el destino de la víctima y de la actuación de las autoridades por la presión social que se ejerce.

En Puebla, tres días antes de la desaparición de Mara, el rector de otra universidad privada (la UMAD) había hecho unas declaraciones en las cuales señalaba a las libertades conseguidas por la mujeres en los últimos años, como una de las causas de la violencia de género ejercida hacia ellas. El desatino de inmediato fue señalado y criticado en los medios y en las redes. En respuesta a ello, ese mismo día la universidad lanzó un comunicado para corregir la imprudencia del rector, Job César Romero. Se apeló entonces al endurecimiento en las medidas de vigilancia en lugares públicos para mejorar  la seguridad de los ciudadanos. El escándalo creció aún más. La falta de comprensión de la densidad del problema de violencia de género e inseguridad/securitización por parte de una autoridad que encabeza un espacio educativo resultó indignante.

Durante los días previos al desenlace fatal de Mara, un periodista local, Arturo Rueda, director del periódico Cambio, dijo que la “mitad de la culpa” en la desaparición de Mara era de ella, puesto que, según el periodista, Mara, en estado de ebriedad, o perdió el conocimiento o se había puesto de acuerdo con el chofer de Cabify para irse a un motel. Este fue el contexto que situó la desaparición de Mara Castilla en la ciudad de Puebla, y que en horas rebasó lo local para colocarse en la agenda nacional.

Vigilancia de Estado, ciudadanía y recolección de datos personales

El informe “El estado de la vigilancia”, publicado por R3D en diciembre de 2016, señala que han sido más de 40 instituciones del gobierno federal y de los estatales las que entre 2013 y 2016 han recurrido de manera sistemática a tres formas de vigilancia de Estado:

  • Intervención de comunicaciones privadas
  • Geolocalización de dispositivos móviles en tiempo real
  • Acceso a metadatos de usuarios de telefonía móvil.

De acuerdo con el informe, por lo menos 3,181 solicitudes de intervención de comunicaciones privadas fueron hechas en ese periodo, de las cuales poco más de 3,000 fueron aceptadas. Además, de estas solicitudes se desprendió la vigilancia de más de un dispositivo por caso. Así, tan sólo la PGR vigiló 3672 dispositivos durante ese lapso.

Por otro lado, la ley permite que las empresas que ofrecen servicios de telecomunicaciones en México conserven por 2 años los metadatos de los usuarios. Entre estos datos se comprenden: duración de las llamadas, localización del dispositivo, números de los contactos, entre otros. El mismo informe muestra que, de 2013 a 2015, fueron hechas 41,107 solicitudes de acceso a datos conservados por empresas de telecomunicaciones, de las cuales las empresas negaron sólo el 1.09%, y ofrecieron los datos de 40,659 solicitudes.

En cuanto a la geolocalización en tiempo real, el informe documenta 11,994 casos en el periodo mencionado, de los cuales 11,985 no contaron con una autorización judicial, mientras que únicamente 9 sí lo hicieron.

Estos datos muestran un mapa en extremo desfavorable para los usuarios de telefonía móvil e internet en México, y al mismo tiempo invitan a mirar de manera suspicaz la justificación institucional en el uso de estas estrategias de aparente seguridad. Es necesario recalcar que la mayoría de estas solicitudes no cumple con las mínimas regulaciones de derechos y obligaciones de parte de los representantes de gobierno. Por ejemplo, no se notifica al usuario una vez terminado el periodo de vigilancia y tampoco se ofrece una explicación del caso que llevó a la entidad gubernamental a llevar a cabo tal intervención en la vida privada de la persona. Más aún, los datos ofrecidos por R3D dan cuenta de un extractivismo descarado de parte de los gobiernos locales y federal a la hora de indagar lo que hacen los ciudadanos, con escasos resultados en términos de impartición de justicia a partir de estas medidas.

También con suspicacia debe ser visto el papel de las empresas de telecomunicación en México, ya que si bien han sido instituciones de gobierno las que han solicitado la información, son las empresas las que, en teoría, deberían tener un comité de revisión de casos y de protocolo de seguimiento de autorización legal para proporcionar o no la información de los ciudadanos a los gobiernos. En este sentido, urge pensar y ampliar la labor de la “responsabilidad social” de estas empresas, tanto locales como extranjeras, en el país.

Vigilancia soft en la era digital y ética empresarial en contextos de desaparición forzada

En el otro extremo del mismo asunto están los datos que los usuarios brindamos -la mayoría de las veces de manera desapercibida- a las múltiples aplicaciones que instalamos, sobre todo en nuestros teléfonos móviles. Apps como Facebook, Google maps, Twitter, Instagram, Whatsapp o Snapchat, utilizadas por millones de usuarios en México piden acceso de manera “automática” a la geolocalización en tiempo real de nuestros dispositivos, a la cámara, al micrófono, a nuestra lista de contactos, nuestro historial y otras informaciones. Se trata de solicitudes que la mayoría de los usuarios rara vez ven con desconfianza, pero que suponen una suerte de vigilancia soft, de profiling cotidiano, con “fines comerciales”, pero que al final es la captura no sólo de los gustos de consumo de los usuarios, sino de sus rutinas de vida, sus afiliaciones políticas, sus estados de ánimo, su estado de salud, estatus económico, nivel educativo, etc.

Todos estos datos son utilizados por las mismas empresas, tanto para la sofisticación de sus algoritmos, como para ser vendidas a otras empresas que están dispuestas a gastar lo que sea necesario para tener perfiles de consumidores lo más específicos posibles. ¿Qué tanto llega esta oferta de datos personales a gobiernos y partidos políticos?

En el caso de Mara Castilla, gobiernos estatales y la empresa del vehículo que tomó para volver a su casa, Cabify, se vieron forzados a activar estas herramientas de vigilancia para dar con su paradero. Pese a la insistencia inicial de Cabify de que Mara había llegado a su domicilio, fue la madre de Mara quien a través de las cámaras de vigilancia probó que ella nunca había descendido del vehículo. Y esto orilló a la empresa a ubicar los recorridos que el chofer del auto y presunto homicida realizó.  

La emergencia construida por la alarma en las redes, el papel activo de la familia de Mara y la información en medios locales y nacionales activaron lo que se denomina sistema multicapa en el que las redes operan en articulación con los procesos sociales off line y  los medios de comunicación. Esta presión multicapa obligó a la empresa y a los gobiernos locales involucrados a transformar radicalmente sus estrategias, poniendo a funcionar sus mecanismos de vigilancia como mecanismos de búsqueda y verificación de información.

A partir de esto podemos preguntarnos:

  • ¿Cuál es el papel ético del resto de las empresas dueñas de estas apps con millones de usuarios en México en el contexto actual, con más de 30 mil casos de desaparición forzada?
  • En contextos de violencia e inseguridad como el mexicano ¿acaso no serían las empresas con acceso a estas herramientas  de ubicación, aliadas vitales (literalmente) para la búsqueda y localización de miles de personas desaparecidas?
  • ¿Existen mecanismos jurídicos que obliguen a estas empresas a activar un protocolo de búsqueda para prevenir casos como el de Mara Castilla?

La solución no está en entregar más datos a las empresas

Después del asesinato de Mara, la discusión en redes, medios y calles sobre la violencia de género se intensificó con la exigencia de justicia para la víctima y castigo para los culpables. En Puebla, ciudad de México, Guadalajara y otras partes del país, miles de personas protestaron en las calles contra los feminicidios, contra el machismo, contra el desamparo institucional y contra la ineficacia del aparato de justicia.

Guadalajara, Ciudad de México y Puebla con protestas por el asesinato de Mara Castilla | Foto: El sol de México

Una descarga de datos de Twitter realizada en Signa_Lab capturó la interacción entre usuarixs durante el fin de semana posterior al hallazgo del cuerpo de Mara, es decir, de la tarde del viernes 15 de septiembre a la mañana del lunes 18.

El grafo 1 muestra la fuerza de interacción entre  más de 51 mil cuentas o posiciones twitter que utilizaron de manera recurrente, seis de los hashtags principales en las interacciones #Mara y los hashtag vinculados.

El grafo recoge 123,969 relaciones (tuits y retuits), desplegados a través de 61 comunidades (grupos o clusters de cuentas-usuarios interactuando a partir de uno o varios Hashtags).

Hashtags de descarga: #Mara #SiMeMatan #YoSoyMara #NoFueTuCulpa #AlertaMujeresMx #NiUnaMas

Fechas de la descarga: 15 al 18 de septiembre de 2017

Tipo de relación: Usuarios a Hashtags

Número de nodos: 51,883

Número de aristas: 123,969

Número de comunidades: 61

Los colores y el tamaño de los HT’s o frases de mayor peso indican la importancia que tuvieron las seis etiquetas, términos de búsqueda o palabras clave que en Twitter se convierten en “trending topics” (términos que engloban las conversaciones más relevantes durante un periodo de tiempo específico en Twitter) y las frecuencias con que las y los usuarios se vincularon a estos hashtags. Mientras más grande sea la nube de usuarios alrededor de una etiqueta, mayor fuerza se le atribuye al significado de la misma.

En las redes circularon también mensajes de apoyo a la familia, de indignación y de crítica a los gobiernos y a Cabify, por no tener los filtros debidos para la contratación de sus choferes. La empresa lanzó un comunicado el 18 de septiembre comprometiéndose a mejorar los filtros de contratación y a implementar medidas de seguridad en su app para alertar a los contactos de un usuario que se sienta en peligro durante el trayecto a su destino. También han circulado imágenes con mensajes que sugieren mantener siempre activa la geolocalización de nuestros dispositivos y darle este acceso a distintas aplicaciones para que se sepa siempre dónde está el usuario.

Sin embargo, entregar más datos a las empresas no es la solución; antes bien, es necesaria una discusión generalizada que aborde tanto la vigilancia de Estado en México y su poca eficacia en términos de reducción del crimen, como mayor claridad de parte de las empresas dueñas de las apps que utilizamos a diario, sobre la información personal con la que cuentan y el uso que le dan. Sólo así será posible que tengamos un mayor control sobre nuestros datos y sobre las acciones de distintas instituciones sobre ellos.

Mara se convirtió en un símbolo profundo de las violencias que sacuden este país cotidianamente, del horror que se ensaña contra el cuerpo de las mujeres, de la recurrente criminalización de las víctimas: por ser mujeres, por ser jóvenes, por vestir de determinada manera.

Mara es la representación de los terribles e intolerables feminicidios en este país y en el mundo; habla de que pese a la hiper-información que existe sobre las y los ciudadanos -conectados o no-, la seguridad y la vida escapan al control de la máquina o del código, de la web,  porque hay “intermediarios” humanos, empresariales, gubernamentales, delincuenciales, que sobre-escriben, desde la violencia y el poder neoliberal, lo que implica un cuerpo, un nombre, una historia, para consumir y traficar no sólo información, sino personas.

Mara volvió evidente que la datificación de y en la vida contemporánea no es garantía de sobrevivencia, sino una puerta de acceso a la impunidad que posibilita el control que enseña y oculta, que controla las narrativas que convierten a una víctima en culpable de su propia muerte.

Las redes hoy trabajan a contrapelo de las narrativas dominantes. Los cientos de miles de tuits, consignas, videos, capturas de pantalla, grupos de facebook, construyeron un relato alterno, aquél en el que, como también muestra el grafo 2, Mara no es culpable…

Hashtags de descarga: Mara #SiMeMatan #YoSoyMara #NoFueTuCulpa #AlertaMujeresMx #NiUnaMas

Fechas de la descarga: 15 al 18 de septiembre de 2017

Tipo de relación: Hashtags a Hashtags

Número de nodos: 2,459

Número de aristas: 9,230

Número de comunidades: 77

Descripción: El grosor de las líneas (aristas) está determinado por el número de veces en que los hashtags que éstas vinculan fueron utilizados en el mismo tuit. Mientras más gruesa es la arista, más fuerte es la relación entre esas etiquetas. El tamaño de las letras también está en función del número de tuits que contuvieron ese hashtag.

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