Diputados retoman caso de desafuero contra Alejandro Moreno 

La Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados ha anunciado que, tras casi tres años de inactividad procesal, retomará esta semana el análisis del expediente de desafuero contra Alejandro Moreno Cárdenas, actual dirigente nacional del PRI. La acusación en su contra: presunto enriquecimiento ilícito durante su gestión como gobernador de Campeche. Aunque el caso fue turnado a San Lázaro en 2021, el expediente ha permanecido empolvado, sin dictamen ni resolución.

El presidente de la comisión, el morenista Hugo Éric Flores Cervantes, confirmó que la solicitud será incluida en la próxima sesión ordinaria del órgano legislativo. Sin embargo, evitó precisar si el análisis podría traducirse en algún avance sustantivo, o si será, nuevamente, parte de la larga lista de pendientes que parecen no tener prisa.

El asunto de “Alito” —como se le conoce mediáticamente— no es un caso aislado. Flores también mencionó la posibilidad de reactivar otro expediente congelado: el de Cuauhtémoc Blanco, exfutbolista, gobernador de Morelos y actual diputado federal por Morena. En su contra pesa una acusación por tentativa de violación presentada por su media hermana. En su momento, la solicitud de desafuero fue retirada por la debilidad de la carpeta de investigación elaborada por la Fiscalía de Morelos.

El Congreso dejó claro que no ha cerrado la puerta: si la fiscalía estatal refuerza el caso con elementos más sólidos, el legislativo estaría en posibilidad de volver a analizar la remoción del fuero de Blanco. La pelota, en ambos casos, parece estar en cancha ajena: es la fiscalía —no el Congreso— la que debe proporcionar una indagatoria robusta que permita actuar conforme a derecho.

Pero el contexto en el que estos posibles desafueros resurgen no es menor. En pleno año electoral, el debate sobre el uso y abuso del fuero se vuelve más espinoso, sobre todo cuando involucra a figuras políticas de alto perfil y de partidos enfrentados. La percepción pública sobre la impunidad, la protección corporativa entre legisladores y la falta de voluntad para investigar a fondo a sus iguales está más vigente que nunca.

Mientras tanto, la Comisión Jurisdiccional asegura estar lista para actuar… si le ponen sobre la mesa pruebas suficientemente contundentes. Una postura institucional que suena a formalismo repetido: “haremos nuestro trabajo, si alguien más hace el suyo primero”. Como si el Congreso fuera mero espectador del sistema de justicia, y no uno de sus pilares fundamentales.

En tiempos donde la impunidad es la regla más que la excepción, estos casos —a medio camino entre el archivo muerto y la estrategia política— podrían marcar un punto de inflexión… o solo confirmar que el fuero sigue siendo, para muchos, más un escudo que una figura jurídica.