¿Pero y los filtros? Se revisará candidaturas judiciales por presuntos vínculos con el narco, confirma Sheinbaum

La elección judicial del próximo 1 de junio, impulsada como símbolo de renovación democrática del Poder Judicial en México, comienza a mostrar grietas profundas. Y no es solo una cuestión de “errores en el sistema”, sino de fallas estructurales que permiten que aspirantes con presuntos vínculos con el crimen organizado figuren en las boletas.

Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, prendió la alerta al denunciar que al menos una veintena de candidatos han sido jueces o abogados que sistemáticamente liberaron narcotraficantes mediante amparos. Su planteamiento no es menor: si estos perfiles ya fueron avalados, ¿qué tan eficaces son los filtros de selección establecidos en la reforma judicial? ¿Y por qué no se detectaron antes?

Noroña, sin dar nombres para evitar violaciones a la ley electoral, anunció que el Senado presentará impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Aunque su declaración evita señalar directamente, deja clara una preocupación institucional sobre la idoneidad de ciertos aspirantes.

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la postura, señalando que en caso de demostrarse vínculos con el crimen organizado, incluso los candidatos ya inscritos podrían ser descalificados. Aunque, eso sí, condicionó cualquier sanción a que “se presenten todas las pruebas” ante la última instancia: el Tribunal Electoral. El matiz es importante, porque traslada la responsabilidad final al órgano jurisdiccional, mientras reconoce que existen rendijas legales que podrían cerrarles el paso… o abrirlos de par en par.

Esta elección, la primera de su tipo tras la reforma constitucional impulsada por López Obrador, busca instaurar un modelo de justicia paritario y humanizado. Así lo destacó Ernestina Godoy, consejera jurídica de la Presidencia. Pero la inclusión de perfiles cuestionables empaña el discurso de cambio y paridad, y revive un viejo fantasma institucional: el del acceso a cargos públicos mediante simulaciones de transparencia.

En este panorama, urge más que una limpia reactiva. Lo que necesita el país es un rediseño del sistema de evaluación que no dependa de denuncias mediáticas para filtrar a quienes deberían quedar fuera por méritos (o deméritos) evidentes. Porque si el sistema deja entrar a “defensores de narcos”, lo que está en juego no es solo una elección judicial, sino la legitimidad misma del nuevo Poder Judicial.