Juez frena captura de Silvano Aureoles; se le acusa de desvío de más de 3,400 mdp

El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, enfrenta una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en un esquema de corrupción que provocó un daño patrimonial de más de 3,400 millones de pesos, pero por ahora, no pisará la cárcel. Un juez federal le concedió una suspensión provisional que frena cualquier orden de captura mientras se resuelve el fondo del juicio de amparo promovido por el exmandatario.

La medida cautelar, autorizada por el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Penal de la CDMX, garantiza que Aureoles no sea detenido ni sometido a prisión preventiva, siempre y cuando deposite una garantía de 52 mil pesos en un plazo de cinco días. Este beneficio no cancela el proceso penal, solo evita que el exgobernador pierda su libertad mientras continúa el litigio. La resolución definitiva se decidirá el próximo 29 de abril de 2025.

La Fiscalía General de la República (FGR) imputa a Aureoles —junto con cuatro de sus excolaboradores ya vinculados a proceso— por peculado, administración fraudulenta, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las acusaciones se centran en la adquisición a sobreprecio de cuarteles de la Guardia Civil en siete municipios michoacanos (Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro) durante su gestión (2015-2021).

Los exfuncionarios —Carlos Maldonado, J. Antonio Bernal, Mario Delgado y Elizabeth Villegas— ya se encuentran bajo prisión preventiva tras ser procesados por los mismos delitos. La jueza Patricia Sánchez Nava, del Reclusorio Oriente, otorgó tres meses para ampliar la investigación complementaria.

A pesar del escándalo financiero, Aureoles viajó al extranjero al menos diez veces entre 2023 y 2024, mientras la FGR documentaba el caso. El Instituto Nacional de Migración confirmó sus salidas hacia Estados Unidos, Europa y Brasil, lo que ha generado sospechas sobre su posible intención de evadir la justicia.

La empresa implicada en la trama, Inmobiliaria DIP, firmó un acuerdo reparatorio con la Fiscalía por un monto cercano a 971 millones de pesos, con la intención de subsanar parte del daño. Sin embargo, la jueza determinó que dicho acuerdo solo aplica para la empresa, no para los exfuncionarios ni para el exgobernador, ya que fue firmado antes de la judicialización del caso.

La estrategia jurídica de Aureoles y su defensa ha sido efectiva, por ahora. Pero su blindaje legal vuelve a encender el debate sobre la selectividad de la justicia mexicana, donde las redes políticas, los recursos económicos y la maquinaria legal pueden funcionar como salvavidas para quienes han ocupado cargos de poder. En contraste, sus subalternos enfrentan los cargos desde la cárcel, mientras el exgobernador gana tiempo en libertad.

Mientras se espera la decisión sobre la suspensión definitiva, la pregunta de fondo sigue sin respuesta: ¿quién responde por el desfalco millonario al estado de Michoacán?