México enfrenta un número creciente de feminicidios. Por primera vez, podría tener una Ley General para combatirlo

El feminicidio no se investiga igual en todos los estados. Es por eso que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió al Congreso la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el daño por el Delito de Feminicidio, que busca cambiar este hecho, endurecer las sanciones y garantizar la cero impunidad.

Ley General de Feminicidio, ¿en qué consiste la iniciativa?

La propuesta tiene como propósito fundamental homologar en las 32 entidades de México la tipificación, investigación y sanción de este delito. Es decir, que en todos los estados del país se investigue de la misma manera el feminicidio.

Actualmente, la fragmentación legal permite que cada estado regule el feminicidio con criterios, agravantes y penas distintas, lo que genera impunidad, revictimización y deficiencias en el acceso a la justicia.

De ser aprobada, se establecerían 10 razones de género para acreditar el feminicidio, entre las que destacan que haya signos de violencia sexual, antecedentes de violencia contra la víctima (aunque no hayan sido denunciados previamente), delitos motivados por estereotipos o prejuicios de género, que haya existido alguna relación sentimental, afectiva o de confianza, que haya contextos de asimetría de poder, entre otros.

¿Cuáles serían las sanciones?

Además de establecer una definición única del feminicidio, la propuesta busca endurecer las sanciones en todo el territorio nacional con una pena homologada de 50 a 70 años de prisión. 

Asimismo, se contemplan 19 agravantes que aumentarían la pena hasta en una mitad, como cuando la víctima sea niña, adolescente, adulta mayor, esté embarazada, viva con discapacidad, sea periodista o defensora de derechos humanos, sea migrante, o se cometa por una persona funcionaria pública y la víctima presente signos de violencia como ataques con ácido o sustancias inflamables.

Además, los sentenciados perderán derechos sucesorios, la patria potestad, tutela y custodia, y en caso de ser servidores públicos, serán destituidos e inhabilitados permanentemente de cualquier cargo público.

¿Cómo van a evitar que los responsables evadan la justicia?

Actualmente, la impunidad en feminicidios se mantiene como una de las crisis más graves del país, con niveles que superan el 50% en sentencias condenatorias y retrasos considerables en la investigación.

La iniciativa propone que la sanción y la reparación del daño en un feminicidio sean imprescriptibles. Es decir, la acción penal nunca caduca. Además, se prohíben las excusas absolutorias, atenuantes, amnistías, indultos o libertad condicionada. De igual manera, no proceden criterios de oportunidad ni conmutación de penas.

La titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Maribel Bojorges Beltrán, destacó que esta iniciativa parte de la premisa de que toda muerte violenta de una mujer debe investigarse como feminicidio desde el comienzo, y deben tener la obligación de investigar con perspectiva de género cada caso. 

Se busca que la Fiscalía General de la República (FGR) expida un Protocolo Nacional Homologado de aplicación obligatoria y que pueda intervenir de manera continua en todas las etapas del procedimiento penal, desde la apertura de la carpeta hasta la ejecución de la sentencia.

La ley también reconoce los derechos de las víctimas

La subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres, Ingrid Gómez Saracibar, puntualizó que la iniciativa reconoce derechos integrales tanto para las sobrevivientes como para las víctimas indirectas, como sus familiares. Tales como: 

• • Atención médica y psicológica de urgencia para sobrevivientes y víctimas indirectas
  • Asistencia jurídica especializada y gratuita

• Atención integral para niñas, niños y adolescentes en orfandad

• Restitución o entrega del cuerpo de manera digna, respetuosa y asistida

• Servicios de traducción e interpretación

Además, destacó que la reparación integral del daño debe ser transformadora, adecuada, efectiva, rápida y proporcional, y las entidades federativas son responsables de implementar estas acciones.

“Lo que tenemos que garantizar para eliminar, para erradicar el feminicidio en nuestro país es por un lado la prevención, la atención, el conocimiento, la educación, (….) como también la cero impunidad frente al delito de feminicidio” sostuvo Sheinbaum durante la conferencia matutina del 15 de julio.