México busca acabar con la burocracia: Sheinbaum propone ley para digitalizar todos los trámites
La tramitología oficial en México, desde hace años símbolo de ineficiencia y caldo de cultivo para la corrupción, está por enfrentar una transformación radical. La presidenta Claudia Sheinbaum ha enviado al Congreso la iniciativa de Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, una propuesta que, lejos de ser una simple modernización administrativa, apunta a rediseñar por completo la relación entre ciudadanía y gobierno, digitalizando procesos, eliminando requisitos innecesarios y cerrando la puerta a la corrupción cotidiana.
Con base en datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2023, el 83.1% de la población considera que la corrupción es un problema frecuente en los trámites públicos, y un 14% admitió haberla experimentado directamente. Este desgaste institucional representa un costo adicional de casi 12 mil millones de pesos anuales.
La propuesta de Sheinbaum, reglamentaria de los artículos 25 y 73 de la Constitución, plantea sustituir más de 350 mil trámites existentes por un modelo centralizado, claro y digital, operado por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDYT). El objetivo: reducir en un 50% el número de trámites, requisitos y tiempos de atención. A nivel estatal se buscan 300 trámites únicos y 100 en los municipios, el 80% de ellos digitalizables.
Entre las medidas centrales destacan:
- Expediente Digital Ciudadano, que almacenará los documentos personales válidos ante cualquier autoridad del país.
- Llave MX, como sistema nacional de autenticación digital, ligado a la CURP.
- Portal Ciudadano Único, que integrará todos los trámites federales, estatales y municipales en una sola plataforma.
El modelo también prevé ventanillas digitales únicas, eliminación de requisitos duplicados, validez jurídica de documentos digitales, y una infraestructura tecnológica pública que incluye un repositorio de código abierto y una escuela nacional de capacitación tecnológica para el funcionariado.
La ley deroga la anterior Ley de Mejora Regulatoria de 2018 y sustituye a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. También establece que ninguna institución podrá exigir documentos que ya estén en posesión del Estado, reduciendo con ello espacios de discrecionalidad. Además, reconoce el riesgo de que la digitalización excluya a grupos vulnerables, por lo que propone medidas redistributivas orientadas a comunidades rurales, indígenas y en situación de pobreza urbana.
El Congreso busca aprobar la reforma antes de que finalice el periodo legislativo. De concretarse, México podría dar un paso histórico hacia una administración pública más accesible, eficiente y menos propensa a la corrupción.
Autor(a)
