Con 220 mil pesos y sin apoyo externo: Así será la campaña de los candidatos judiciales

Si alguien pensaba que las campañas políticas en México ya eran un espectáculo con su mezcla de marketing, promesas exageradas y recursos multimillonarios, prepárese para la versión low-cost de la democracia. El Instituto Nacional Electoral (INE) ha puesto un tope de gastos de 220,326.20 pesos para los candidatos a cargos en el Poder Judicial de la Federación. Y no, no podrán recibir financiamiento público ni privado, así que más vale que tengan ahorros o una familia generosa.

La medida, aprobada en sesión extraordinaria, se aplicará de manera uniforme para quienes aspiren a puestos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Tribunal de Disciplina Judicial, la Sala Superior y Regional del Tribunal Electoral del PJF, los Tribunales Colegiados y de Apelación, así como los Juzgados de Distrito. Esto significa que, independientemente del cargo, todos tendrán el mismo límite presupuestal, sin importar la magnitud de la responsabilidad que buscan asumir.

El argumento del INE es que este monto garantizará equidad en la contienda. Pero hay que reconocer que la propuesta original de la consejera presidenta Guadalupe Taddei sugería topes más realistas según el nivel del cargo, llegando hasta 1.4 millones de pesos para quienes aspiren a la SCJN. Sin embargo, esta idea fue descartada porque, bueno, los sueldos actuales de algunos aspirantes no les permitirían solventar campañas más caras. Así que ahora todos están en igualdad de condiciones… aunque unos más iguales que otros.

Propaganda sin papel y campañas a puro ingenio

Los candidatos no solo tendrán que arreglárselas con 220 mil pesos, sino que además tienen prohibido contratar publicidad en radio y televisión. Ni siquiera podrán usar material impreso que no sea papel, así que las lonas, los espectaculares y otros recursos visuales brillarán por su ausencia. Para la promoción, deberán conformarse con redes sociales, foros públicos y un buen viejo volanteo.

Eso sí, el INE no los dejará completamente solos en la misión de darse a conocer. El organismo transmitirá seis spots genéricos (sí, seis en total, no por candidato) en los que se invitará a la ciudadanía a visitar el micrositio “Conóceles”, donde podrán consultar la información de los aspirantes. Un plan infalible para la visibilidad de los candidatos… en un país donde la gente apenas usa portales gubernamentales para trámites básicos.

Fiscalización estricta y multas al mínimo error

Para que nadie intente pasarse de listo, el INE ha dispuesto un mecanismo de fiscalización que vigilará cada centavo gastado. Los candidatos deberán registrar todos sus movimientos financieros en el Mecanismo Electrónico para la Fiscalización de Personas Candidatas a Juzgadoras (MEFIC), reportando desde la impresión de volantes hasta el costo de sus traslados.

Los informes de gastos deberán entregarse antes del 31 de mayo, y el INE tendrá hasta el 28 de julio para dictaminar si todo fue conforme a la ley. Cualquier desvío o gasto no reportado podría significar multas o, en el peor de los casos, la cancelación de la candidatura. Así que los aspirantes deberán ser expertos en administrar sus presupuestos sin margen de error.

Elección en siete estados y con voto en igualdad de circunstancias

El INE también aprobó el Marco Geográfico Electoral para las elecciones extraordinarias del Poder Judicial en siete entidades: Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Ciudad de México, Estado de México, Michoacán y Sonora. La elección se realizará el 1 de junio de 2025 y, según el instituto, se garantizará que todos los ciudadanos puedan participar en igualdad de condiciones.

En paralelo, se dio a conocer que ya está en marcha el proceso de acreditación de observadores electorales, quienes podrán dar fe de la transparencia de la jornada. Aunque, con campañas tan limitadas, es difícil imaginar que haya muchas irregularidades que vigilar.

¿Democracia austera o un obstáculo para la pluralidad?

La decisión del INE plantea preguntas legítimas sobre qué tanto este esquema realmente promueve la equidad. Si bien limitar el gasto de campaña parece una medida sensata para evitar excesos, también puede convertirse en un filtro que beneficie a quienes ya tienen una imagen pública consolidada, dejando en desventaja a nuevos perfiles con menos recursos.

La realidad es que, con 220 mil pesos, los candidatos judiciales tendrán que hacer malabares para llegar a la ciudadanía. Y si alguien pensaba que la política mexicana estaba dominada por campañas vacías, discursos prefabricados y populismo mediático, prepárese para una versión aún más minimalista de la contienda electoral.