La marcha del 8M en Pachuca: una protesta que terminó con gas, golpes e infiltrados

Lo que empezó como una jornada de lucha por la justicia y la seguridad de las mujeres en Hidalgo terminó con un despliegue de fuerzas de seguridad más preocupadas por resguardar edificios que por garantizar derechos. Una vez más, la narrativa oficial y la de las manifestantes chocan en un relato donde lo que el gobierno llama “uso legítimo de la fuerza” las colectivas y activistas lo denominan represión.

La conmemoración del Día Internacional de la Mujer en Pachuca reunió a miles de mujeres, madres de víctimas de feminicidio, colectivos feministas y ciudadanas que exigían respuestas ante la violencia de género. La marcha comenzó con una movilización pacífica, con actividades de concientización, asesoría en derechos sexuales y emprendimientos para visibilizar la necesidad de una economía digna para las mujeres. Sin embargo, la jornada se tornó violenta cuando la protesta se encontró con un muro: el Palacio de Gobierno estaba blindado con vallas metálicas y un numeroso contingente de granaderos.

Lo que pasó después es digno de un análisis de manual sobre abuso policial: las manifestantes intentaron acercarse al edificio gubernamental, pero fueron recibidas con gas de extintores, golpes y encapsulamientos. De acuerdo con testimonios de las afectadas y organizaciones de derechos humanos como Seiinac, al menos 13 personas fueron detenidas arbitrariamente, entre ellas tres menores de edad y activistas que daban seguimiento a la protesta. En un episodio que recuerda las peores tácticas represivas, algunas mujeres fueron arrestadas tras ser perseguidas hasta clínicas y cafeterías donde buscaban resguardo.

La situación escaló cuando se documentó el uso excesivo de la fuerza contra las manifestantes. Testimonios detallan que varias fueron trasladadas a instalaciones policiales, donde sufrieron agresiones físicas y amenazas. Andrea Mena, una de las detenidas junto con su hermana menor, relató en redes sociales que fueron llevadas al sótano del Palacio de Gobierno, donde fueron golpeadas y sometidas a tratos degradantes. Según su testimonio, a su hermana le rociaron un líquido en la nariz que la hizo desvanecerse, además de que les confiscaron sus teléfonos y las esposaron mientras les dirigían insultos. Su historia es solo una entre muchas que revelan el trato que recibieron algunas manifestantes en manos de las autoridades.

En la versión gubernamental, el operativo se desarrolló conforme a los protocolos de seguridad y con respeto a los derechos humanos. El gobernador Julio Menchaca, en una declaración que pasó de la condescendencia a la justificación, aseguró que si hubo excesos, se investigarán. Eso sí, enfatizó que hay que “distinguir” entre lo que es represión y el uso legítimo de la fuerza. En su discurso, no pareció haber una sola palabra sobre el hecho de que en el Estado que gobierna se sigue asesinando mujeres con impunidad, como Rosaura, una joven que fue asesinada por su expareja después de haber denunciado violencia sin recibir protección.

Uno de los puntos más polémicos de la jornada fue la presencia de infiltrados. Colectivos denunciaron que hombres encapuchados vestidos de negro se incorporaron a la protesta, actuando de forma violenta y generando el caos que justificó la respuesta policial. Esta táctica, utilizada en diversas manifestaciones alrededor del país, despierta sospechas entre las activistas, quienes aseguran que se trata de grupos de choque enviados para desacreditar el movimiento feminista y justificar el uso de la fuerza. Sin embargo, el gobierno estatal no ha respondido a estas acusaciones ni ha ofrecido una investigación sobre su participación.

Finalmente, tras horas de presión de la sociedad civil y de organismos de derechos humanos, las detenidas fueron liberadas. La última en salir lo hizo bajo la acusación de intento de homicidio, un cargo que no prosperó, pero que deja claro el mensaje del Estado: manifestarse es un delito, y quienes lo hagan deben atenerse a las consecuencias.

La marcha del 8M en Pachuca no terminó con la reivindicación de derechos, sino con la constatación de que la violencia no solo ocurre en los hogares o en las calles, sino que también se perpetúa desde el aparato estatal. En lugar de justicia para las víctimas de feminicidio, el gobierno ofreció un espectáculo de fuerza bruta, justificando la represión bajo el pretexto de mantener el orden. Mientras tanto, la lucha sigue, porque si algo quedó claro el 8 de marzo en Pachuca es que el verdadero problema no son las vallas caídas, sino las vidas arrebatadas que siguen sin justicia.