¿Por qué es importante que se reabra la investigación del caso Digna Ochoa?

En días pasados, el estado mexicano reconoció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH) que hubo omisiones de su parte en la investigación sobre el asesinato de la activista Digna Ochoa y la eventual búsqueda de justicia por el crimen. Asimismo, el gobierno mexicano se dijo abierto a reabrir la investigación.

El suceso, que ya casi cumplió 20 años (octubre, 2001), se investigó sin perspectiva de género y hubo una visión pobre de los derechos humanos incluso para las sensibilidades de dichos tiempos ya que una práctica -que se perpetúa hasta ahora- siguió aplicándose: sembrar rumores y filtrar información sobre la víctima, peor aún, cuando ya perdió la vida.


Las fallas, entonces, correspondieron a las autoridades contemporáneas al inicio de la administración de Vicente Fox. Leemos en una nota de Proceso del 2003, una serie de datos que siguen el playbook de revictimizar a las verdaderas víctimas por medio de información que daña su calidad moral.

Dice el artículo:

La Fiscalía sostiene que las actuaciones, pruebas y testimoniales obtenidas muestran que la muerte de Digna estuvo precedida por el brusco resquebrajamiento de una serie de vínculos amistosos y laborales tejidos a lo largo de su carrera profesional, entre ellos la postergación de su ordenación monástica, su salida del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro” y su estancia en Washington, gracias a una beca de la Fundación McArthur que después le fue suspendida por no comprobar gastos.

También se menciona la inestabilidad de su noviazgo con Juan José Vera y el desamparo en que quedó cuando Pilar Noriega, con la que colaboraba, le comunicó que se iría a trabajar a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y que había decidido dejarle el despacho y los asuntos legales pendientes a Bárbara Zamora. Una buena parte del expediente -52 tomos y 35 anexos- se dedica a esa parte de la vida de Digna.

La aceptación de culpa por parte del gobierno mexicano llega a 18 años, ya que en otra nota de Proceso y CIMAC se relata el contexto en que se atrajo el caso a la CorIDH:

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Para el abogado colombiano Carlos Gutiérrez, coadyuvante del caso ante la justicia internacional como director regional del Centro por la Justicia y Derecho Internacional (Cejil)-Mesoamérica, aún no están agotadas las investigaciones, ni sobre el trabajo de la abogada en el sureño estado de Guerrero, o sobre el novio de Digna Ochoa, hipótesis que fueron sugeridas por las autoridades mexicanas en un primer momento.

Lo más grave, dijo Gutiérrez frente al inminente cierre de la investigación, es que después de muchos rastreos, diligencias y vueltas en el despacho de la colonia Roma, donde Digna Ochoa perdió la vida, aparecieron 18 meses más tarde un fardo de periódicos y una bolsa con la etiqueta “polvo para manos”, que se habría encontrado en el cadáver.

Ahora, el gobierno mexicano actual presentó un  Convenio de Reparación Integral para familiares de la activista:

 


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