Cultura de la Legalidad y Estado de Derecho

El Estado de Derecho se define como una condición donde todos los ciudadanos, incluidos los gobernantes y las instituciones deben seguir la ley.
De acuerdo con las la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el Estado de Derecho se define como una condición donde todos los ciudadanos, incluidos los gobernantes y las instituciones deben seguir la ley. Esto requiere, entre otras cosas, la separación de poderes, la igualdad ante la ley, un sistema equitativo de justicia y la seguridad general de los ciudadanos. Esta breve definición encierra siglos de lucha en la mayoría de las sociedades por establecer un orden político, social y necesariamente jurídico en que cada persona tenga los mismos derechos, donde el privilegio no determine el acceso a los derechos y donde todos tengan que responder ante la lay cuando se comete una conducta que la propia ley establece como un delito, pero a la vez requiere que la ciudadanía y los gobernantes asuman una cultura de legalidad, esto es, una cultura que interiorice estos valores y sus prácticas.

De acuerdo con el World Justice Proyect en su edición del año 2015, los cuatro principios que definen el citado concepto de las Naciones Unidas son: 1) El gobierno y sus funcionarios así como individuos y entidades privadas están restringidos por la ley; 2) Las leyes son claras, son aplicadas equitativamente y protegen los derechos fundamentales; 3) El proceso de la ley y su aplicación es accesible, justa y eficiente y 4) La justicia es aplicada en tiempo por representantes éticos, competentes, independientes y neutrales.

En nuestro país construimos nuestra propia ruta de acceso al Estado de derecho, desde luego que se retomaron ideas de las grandes revoluciones políticas del siglo XVIII y XIX, sin embargo, fuimos más allá en el inicio del siglo XX para crear la primera Constitución social del Siglo XX. La nación mexicana quiso la libertad al amparo de la ley, pero al mismo tiempo una sociedad justa, he ahí el sello distintivo de nuestra democracia social o si se quiere de nuestra síntesis histórica entre igualdad y libertad.

En la vida contemporánea en el orden internacional se nos presentan tres instituciones que son reconocidas técnicamente para medir el Estado de Derecho, entre las que se indica el World Justice Project, el Foro Económico Mundial y el Banco Mundial. Si bien estas organizaciones e iniciativas internacionales tienen un claro compromiso con el modelo actual de creación de riqueza, es posible aseverar que sus metodologías brindan una aproximación a cómo se vive de manera concreta el Estado de derecho en diferentes países.

El World Justice Project construye su índice en una escala del 0 al 1, donde 0 es la peor calificación que un Estado puede recibir y 1 es la mejor calificación. Bajo estas coordenadas nuestro país en el año 2015 obtuvo un índice de 0.47 lo que lo coloca en el puesto 79 de 102 países calificados, esto implica que existen 77% de países de la muestra analizada con tienen un mejor Estado de Derecho, los rubros en que México está peor evaluado de acuerdo con esta medición son: 1) efectividad de las investigaciones criminales, 2) no discriminación y corrupción en justicia civil, 3) no corrupción en el gobierno, y 4) ausencia de crimen y conflicto.

El Foro Económico Mundial genera un indicador llamado “instituciones” que sería un símil, aunque no directo, del Estado de Derecho que junto a otros 11 indicadores permiten construir el Índice de Competitividad Internacional. En este estudio los componentes con que se mide el Estado de Derecho son: 1) existencia o no de burocracia excesiva, 2) sobre-regulación, 3) corrupción, 4) deshonestidad al hacer contratos, 5) falta de transparencia, 6) inhabilidad para proveer servicios apropiados al sector de negocios y 7) dependencia política del sistema judicial.

La manera en cómo se construye el estudio consiste en realizar encuestas a expertos en el campo, y de todas las respuestas emitidas se obtienen los datos. Así, de acuerdo con este indicador México se encuentra en el lugar 102 de 144 países analizados con una calificación de 3.4 Cabe notar que de acuerdo con este estudio México ha tenido una peor calificación en este apartado del 2007 al 2015.

México aparece en el lugar 137 de una muestra de 211 países analizados con una calificación de -0.6

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Por último el estudio que elabora el Banco Mundial calcula, se conoce como Índice de Gobernabilidad, en el cual está evaluada la variable “Estado de Derecho” que se mide en una escala que transita del -2.5 al 2.53. La información para obtener esta calificación se obtiene de 32 fuentes: 9 entrevistas, 4 proveedores de información comercial, 11 organizaciones no gubernamentales y 8 del sector público.  En evidencia, se trata de un indicador que se genera con base en fuentes que poseen información y un grado de conocimiento avanzado de los temas, lo que podría denominarse una investigación de carácter cualitativo que a su interior maneja datos duros.

De acuerdo con el último dato de este indicador, México aparece en el lugar 137 de una muestra de 211 países analizados con una calificación de -0.6 Es de notar que esta calificación México ha tenido una frecuencia negativa, su peor desempeño fue en el año 2008 cuando obtuvo -0.72

Las tres mediciones dan cuenta que, entre los países que integran la OCDE, México no obtiene las mejores calificaciones, en el caso del informe del World Justice Project sólo estaba mejor evaluado que Turquía, pero en los otros dos reportes México era el país con los números por demás bajos.

Bajo estos parámetros conviene analizar qué hacemos en México para obtener este tipo de resultados en evaluaciones internacionales robustas, las cuales no son necesariamente equidistantes de los propios estudios que se elaboran en nuestro país, y esta pregunta es por demás necesaria debido a que disponemos de instituciones sólidas, de un orden jurídico que saldo en aspectos identificados no desmerece respecto de otros países de la OCDE, poseemos una tradición y una práctica institucional robusta tendente a la justicia y la equidad social particularmente en materia de salud, educación, seguridad social, y otras políticas públicas sociales.

Una línea de análisis necesaria, que no explicaría este conjunto de problemáticas mayores, pero que si resulta emblemática sobre nuestra circunstancia, es la tendencia en gobernantes y gobernados a diferir, incumplir, relativizar, y de plano socavar el cumplimiento de la ley. Esto en evidencia no ocurre ni es aplicable a toda persona, sin embargo basta ver un conjunto de prácticas recurrentes en la vida cotidiana que muestran cómo en gobierno y sociedad no se ha internalizado el cumplimiento de la ley como algo regular sino como excepción, lo más dramático es que en no pocas ocasiones quienes más exigen este cumplimiento son los que a todas luces  violan los preceptos de legalidad.

Pareciera que la ley debiera aplicarse al adversario pero no a los propios. Una vista panorámica a los acontecimientos políticos de los últimos diez años muestra cómo la ley es bien recibida cuando beneficia a los propios pero se le desdeña y cuestiona cuando apoya a los otros llámense como se llamen. Los procedimientos políticos son de los más cuestionados sino derivan en los resultados que unos esperan, aún con la evidencia de los resultados se aducen mil y nos pretextos para no respetar la ley. La razón es simple no son las leyes y las instituciones las que están necesariamente mal, lo que está mal son la serie de valores, prácticas y acciones sistemáticas que se realizan al margen de la ley, que terminan por dañar a nuestras instituciones, eso se sabe pero no se dice, al menos como debería.

Mientras en la esfera política se privilegien la componenda, el acuerdo paralelo, la negociación de resultados, y el olvido del pasado inmediato, la cultura de la legalidad seguirá siendo la aspiración más postergada de nuestra modernidad política, y con ello el Estado de derecho seguirá en los niveles que vemos a nivel internacional.

Es hora de asumir que las instituciones están hechas de personas, y que la ley la aplican personas, y que no existe institución en ninguna parte del mundo que pueda prevalecer bajo el imperio de la ley, si sus integrantes están dispuestos a corromper esa ley en nombre de mil pretextos posibles. Los partidos políticos están llamados  a ser los primeros en respetar la ley, porque es ahí donde se definen las rutas de acceso al poder político y desde el discurso que pide democracia en medio del autoritarismo poco se va a lograr, y menos aún desde el discurso que proclama la misma legalidad que niega en la práctica de su vida interna. Sin cultura de legalidad, el Estado de derecho es en varios sentidos imposible.

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Foto: https://www.flickr.com/photos/esparta/2826468295/ (Creative Commons)

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