El castigo al racismo en medio de una crisis humanitaria

Hace un año la fotografía del cuerpo de un niño sirio de 3 años en la orilla de una playa en Turquía conmocionó al mundo. La imagen fue publicada en varios medios de comunicación y compartida millones de veces en internet. La imagen mostraba el lado más crudo de la crisis humanitaria: aquellos que huían de la muerte, podían perder la vida en el intento.

Después de esta y otras impactantes fotografías Petra Laszlo, una reportera húngara, fue captada mientras ponía el pie a refugiados sirios para intentar derribarlos cuando estos escapaban de la policía en la frontera de su país con Serbia.

Laszlo fue despedida del canal de televisión para el que trabajaba y un proceso por cargos criminales inició en su contra. Casi un año después del incidente, la Fiscalía de Hungría la ha imputado por “vandalismo” y “quebrantamiento de paz”. Además fue juzgada por la opinión pública, cientos de grupos, peticiones e incluso amenazas fueron hechas en su contra.

El cargo, quebrantamiento de la paz, se define en la ley húngara, como el comportamiento antisocial, violento capaz de incitar a la ira o la alarma, y que conlleva una pena máxima de dos años de prisión a menos que existan circunstancias agravantes.

Los fiscales húngaros que presentaron la acusación alegan que Laszlo no causó lesión y ni fue motivado por el racismo, carecen de pruebas de que su acción haya sido motivada por odio racial, dicen.

Extraño, ¿no?.

Aunque ya fue acusada, no ha sido juzgada y la fecha para esta acción no ha sido agendada, pero según las autoridades húngaras la acusasión de vandalismo podría tener una pena de hasta siete años en prisión. Esta noticia llega en un momento en que la tensión política aumenta (sí, aún más) en Europa en torno a la crisis migratoria. Hungría celebrará un referéndum el próximo 2 de octubre sobre si aceptar las cuotas de refugiados impuestas por la UE

¿Qué fue del hombre y el niño que derribó?

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Osama Abdul Mohsen, provenía de Turquía y hoy en día vive en España con estatus de “residente permanente” en España junto con sus dos hijos. Después de que el video de su agresión se hiciera viral  una academia de fútbol en Getafe le ofreció un trabajo, un departamento y clases de español gratis.

Sin embargo, su esposa y otros dos niños permanecen en Turquía y aunque la reportera húngara lo ha acusado de tener relaciones con el terrorismo, sus alegatos carecen de fundamento.

 

Con información de El País y The Atlantic


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