Bukele propone cadena perpetua a menores de edad, en caso de terrorismo y homicidio

La política de seguridad de Nayib Bukele vuelve a encender las alarmas internacionales. Esta vez, no solo por su ya conocida “guerra contra las pandillas”, sino por una reforma que podría marcar un antes y un después en el sistema de justicia salvadoreño: la posibilidad de imponer cadena perpetua incluso a menores de edad.

La iniciativa surge tras la reciente aprobación de cambios constitucionales que permiten la prisión de por vida para delitos como homicidio, violación y terrorismo. Hasta ahora, El Salvador no contemplaba esta figura; las condenas más largas rondaban los 50 o 60 años. Sin embargo, el siguiente paso en la agenda del gobierno apunta a endurecer aún más el castigo: que adolescentes también puedan ser sentenciados como adultos.

El argumento oficial es claro: cortar de raíz la violencia. Desde 2022, el país vive bajo un régimen de excepción que ha permitido la detención de más de 90 mil personas, en su mayoría presuntos miembros de pandillas. Bukele sostiene que estas medidas han devuelto la seguridad a las calles y que los criminales más peligrosos no deben tener oportunidad de salir.

Pero detrás de las cifras hay otra realidad que comienza a tomar fuerza. Organizaciones como Human Rights Watch han documentado detenciones arbitrarias, falta de debido proceso e incluso abusos dentro de las cárceles, incluyendo casos de menores de edad. La posibilidad de que estos jóvenes enfrenten condenas de por vida ha encendido un debate profundo sobre los límites del castigo.

Porque no se trata solo de seguridad. Se trata de infancia, de contexto, de futuro.

Especialistas en derechos humanos advierten que juzgar a menores como adultos rompe con principios básicos del derecho internacional, donde la justicia juvenil está pensada para la reinserción y no el castigo permanente. En este sentido, la propuesta no solo endurece las penas, sino que redefine la forma en que el Estado entiende a sus propios jóvenes: ¿como sujetos de derechos o como amenazas a neutralizar?

El Salvador, hoy, se encuentra en una encrucijada. Por un lado, un modelo que ha logrado reducir drásticamente los índices de violencia y que goza de amplio respaldo popular. Por el otro, un sistema que, según sus críticos, podría estar sacrificando garantías fundamentales en nombre de la seguridad.