Niegan amparo a Ulises Bravo, hermano de Cuauhtémoc Blanco: enfrentará juicio por violencia familiar en Morelos

El medio hermano del exgobernador Cuauhtémoc Blanco, Ulises Bravo Molina, ya no podrá evitar su proceso penal por violencia familiar en contra de su expareja Liu León Luna. El Juzgado Segundo de Distrito de Morelos, encabezado por la jueza Ana Columba Contreras Martínez, negó el amparo que su defensa promovió para revertir su vinculación a proceso, bajo el argumento de que sus alegatos eran “inoperantes e infundados”.

Con esta resolución, queda firme el fallo del Tribunal de Alzada del 4 de noviembre de 2024, que revirtió una decisión previa de no vinculación dictada por un juez de control. Las pruebas, según la jueza, fueron correctamente valoradas y dan pie razonable para presumir la responsabilidad penal del exdirigente de Morena en Morelos.

La víctima, Liu León, fue notificada a través de su abogado, Nahum Rodrigo Flores Meza, quien aseguró que “el delito de violencia familiar está plenamente acreditado”, no sólo en instancias locales, sino también en el ámbito federal. El abogado también adelantó que promoverán una revisión adhesiva, mientras la defensa de Bravo aún podría acudir a un tribunal colegiado federal como último recurso.

Más allá del trámite procesal, el caso abre una ventana a una serie de señalamientos más amplios. El abogado de León denunció la existencia de un “modus operandi” de violencia contra mujeres dentro de la familia Bravo, y sostuvo que hay un patrón sistemático de agresión, tanto por parte de Ulises como de su entorno familiar. En ese sentido, la narrativa cobra relevancia no solo judicial, sino pública: el expediente se procesa mientras Cuauhtémoc Blanco —hermano del acusado— enfrenta denuncias por tentativa de violación, además de una grabación filtrada donde su esposa lo acusa de agresiones físicas.

Pese a las declaraciones mediáticas, el entorno judicial local también es parte del debate. Flores Meza sugirió que la familia Bravo podría tener vínculos de influencia con el Poder Judicial estatal, citando la cercanía con el magistrado presidente Jorge Gamboa Olea. Aunque no presentó pruebas directas, el abogado denunció un “entorno de favoritismo” que ha afectado a su clienta. También lamentó que no se hayan dictado aún medidas cautelares de protección para Liu León, a pesar de su derecho a la seguridad como víctima.

El caso se encuentra actualmente en manos de la Segunda Sala del Primer Circuito del TSJ de Morelos, presidida por la magistrada Alejandra Hernández García, quien deberá decidir en un plazo máximo de 15 días si Bravo Molina enfrentará el juicio en prisión preventiva o bajo arresto domiciliario.

Por lo pronto, el caso Bravo Molina avanza con respaldo judicial y un entramado familiar que ya no puede esconderse tras siglas partidistas o cargos de poder. En una era donde el escrutinio público exige más que discursos sobre justicia y equidad de género, este proceso representa también una prueba institucional: ¿puede Morelos garantizar justicia sin interferencias políticas ni apellidos pesados?