Fiscalía de Puebla investiga a alcalde de Morena por presunta red criminal en Cuautempan

Cuautempan, un municipio serrano de apenas 10 mil habitantes al norte de Puebla, se convirtió en epicentro de un escándalo que vincula a su presidente municipal, Gerardo Cortés Caballero, con una posible estructura delictiva. El edil, electo y reelecto bajo la bandera de Morena y el PT, permanece desaparecido desde el 9 de mayo, días después de que la Fiscalía General del Estado (FGE) ejecutara cateos en propiedades ligadas a él, su familia y el ayuntamiento. El saldo: drogas, armas, cartuchos útiles y vehículos asegurados.

Los operativos, coordinados con elementos del Ejército, la Marina y la Policía Estatal, intervinieron al menos cuatro inmuebles en Cuautempan y el vecino municipio de Ahuacatlán. Entre ellos se encuentra una residencia conocida como “Casa de Piedra”, presuntamente ocupada por empleados municipales, así como propiedades del padre del edil, Gerardo Cortés Betancourt, quien también gobernó Cuautempan en dos periodos previos. Esta familia ha tejido una continuidad política en la región, alineándose con la llamada Cuarta Transformación.

Las diligencias judiciales fueron resultado de múltiples denuncias ciudadanas que señalaban cobros de “derecho de piso” a comerciantes —de entre 200 y 500 pesos—, robos a transportistas y venta de droga. La Fiscalía detalló que, tras labores de inteligencia y seguimiento en campo, logró ubicar los inmuebles usados supuestamente para estos fines, y procedió con las órdenes de cateo.

Aunque los inmuebles quedaron asegurados, hasta el momento no se ha reportado ninguna detención. La FGE no ha confirmado que los bienes incautados pertenezcan directamente al alcalde, pero las coincidencias entre su ausencia, el aseguramiento y su solicitud de licencia de 20 días al Cabildo municipal sugieren que no se trata de una mera coincidencia logística.

El secretario de Gobernación de Puebla, Samuel Aguilar Pala, confirmó la solicitud de licencia por parte del edil, aunque la calificó de legal y dentro de las atribuciones de la Ley Orgánica Municipal. Sin embargo, subrayó que el Gobierno estatal será respetuoso del proceso judicial y esperará el avance de las investigaciones antes de emitir posturas definitivas. Por su parte, Morena Puebla emitió un comunicado deslindándose del caso, pidiendo respeto al debido proceso y asegurando que no encubrirá conductas delictivas.

Lo que sí es evidente es que Cuautempan refleja una problemática más amplia: la penetración de estructuras delictivas en gobiernos municipales pequeños, con escasa vigilancia mediática, baja rendición de cuentas y fuerte arraigo familiar en el poder. La reelección de Cortés Caballero en 2024, tras su primera gestión en 2021, se dio en un contexto de marginación estructural y migración forzada, donde el crimen organizado ha ampliado su presencia aprovechando la fragilidad institucional.

Mientras se mantienen asegurados los inmuebles y continúan las investigaciones por delitos como extorsión, robo, narcotráfico, acopio de armas y posible secuestro, la pregunta sobre la responsabilidad política queda en suspenso. Si bien Morena ha declarado su disposición a colaborar con las autoridades, el hecho de que una estructura familiar se haya perpetuado en el poder bajo el aval del partido levanta cuestionamientos sobre los filtros de candidaturas y la relación entre capital político local y estructuras paralelas de poder.

A falta de un pronunciamiento nacional de Morena o de alguna acción legislativa o judicial que implique un castigo político claro, la narrativa se mantiene en la indefinición. Por ahora, Cuautempan no solo busca a su alcalde: también busca respuestas ante la sospecha de que la política municipal se haya convertido en una fachada para fines criminales.