Por caso Odebrecht, Lozoya tampoco tendrá prisión preventiva pero ahora sin salir de CDMX

Otro día, otra vinculación a proceso de Emilio Lozoya. Ahora por el caso Odrebrecht, pero igualmente no pisará la prisión y tendrá un brazalete electrónico para monitoreo (¿portará dos?), con la restricción de que justo este caso le impediria salir de la Ciudad de México.

Al final, incluso con la limitante capitalina, la relativa tranquilidad de Lozoya durante sus juicios es un recordatorio de que sólo los pobres pisan la cárcel.

El caso Lozoya lo confirma: solo los pobres van a la cárcel

Este caso no debe confundirse con el de Agronitrigenados (el de la sentencia del martes 28 de Julio), ya que es otra acusación. Lo de Odebrecht involucra asociación delictuosa y cohecho, además de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

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Leemos en Proceso:

Durante la audiencia de la causa penal 261/2020 derivada del caso Odebrecht, el juez Juan Carlos Ramírez Benítez concluyó que las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) acreditan de forma suficiente los presuntos sobornos recibidos por Lozoya y la adquisición de una residencia en Ixtapa, Guerrero, mediante el uso de una empresa off shore y depósitos en cuentas bancarias de sus familiares.

El juzgador agregó que los presuntos sobornos a cambio de contratos de obra pública para la empresa Odebrecht pusieron en peligro a la sociedad y al patrimonio del Estado mexicano, por lo que era procedente dictar el auto de vinculación a proceso.

Lozoya tendrá que presentarse a firmar cada 15 días ante la autoridad correspondiente en la CDMX, medida que fue aceptada por su defensa.

Sin pasar la cárcel

Escribía nuestro compañero Juan Manuel Ramírez Velasco sobre la sentencia del martes y las medidas cautelares con Lozoya:

Es importante destacar que, según México Evalúa, hoy 4 de cada 10 internos se encuentra en prisión preventiva, esto es, en cárcel esperando a que su juicio -en el que se determinará si son culpables o inocentes- se resuelva, adelantando su castigo. Asimismo, y de acuerdo con dicha organización, las modificaciones al marco constitucional incrementaron la población privada de la libertad en 1.5%, sin que la indigencia delictiva en el país se redujera -tan solo el homicidio ha aumentado en un 125%; en Guanajuato, por ejemplo, la prisión preventiva incrementó en un 750% para mujeres, y 483% para hombres, y, sin embargo, esta entidad federativa registró el 13% de todos los homicidios cometidos en el país-.

Por si fuera poco, y dado el aumento poblacional en las prisiones, y su impacto en el hacinamiento de personas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha registrado que un total de 112 muertes a causa de covid-19 en sistemas penitenciarios, tanto estatales como federales.

En ese contexto, llama la atención el trato desigual para las personas menos favorecidas, y el recibido por Emilio Lozoya. Lo que debiera ser la regla, y no la excepción, se convierte en privilegio. La aplicación desigual del marco constitucional, en materia de derechos de las personas imputadas de un delito, tiene severas consecuencias en su salud y vida.

La situación no se ha modificado. Las personas pobres van a prisión.

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1 comentario

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