Detenciones arbitrarias y presos políticos: este diálogo no lo entendemos

Un especial de Tercera Vía
Ilustración: Jonathan Gil
Fotografías originales: Annick Donkers

LOS DATOS

En 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos con el objetivo de salvaguardar los derechos y las libertades fundamentales de cualquier persona. Algunos de sus artículos fueron establecidos para evitar la criminalización de las personas por sus opiniones políticas o por la manifestación pública de sus ideas. Por ejemplo:

Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.

Artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.

Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Artículo 20. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.

Más allá del marco internacional y del deber ser, en muchos países las detenciones arbitrarias se realizan de forma sistemática. México es uno de ellos. De acuerdo con el Comité Cerezo, entre Junio 2013 y Julio 2015 se han realizado por lo menos 772 detenciones arbitrarias.

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No debe calificarse únicamente como presos políticos  a las  personas detenidas por motivos políticos, ideológicos o religiosos

Cuando la detención arbitraria se realiza por motivaciones políticas y se prolonga, tocamos el terreno de los presos políticos. Amnistía Internacional ha definido como preso político a “aquella persona cuya causa contenga un elemento político significativo, ya sea la motivación de sus actos, los actos en sí mismos o la motivación de las autoridades”. Organizaciones como la Red Casa de Derechos Humanos (HRHN) han agregado otros elementos a esa definición.

Elementos para la definición de un preso político

  • La detención impuesta se da solamente por la afiliación política, religiosa y otras creencias de la persona o por el uso no violento de la libertad de pensamiento, conciencia, religión, expresión, información, reunión, asociación y todos los demás derechos establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), del cual México forma parte.
  • La detención se realiza únicamente por actividades que buscan la defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales.

  • Alguien es detenido y su derecho a un juicio justo u otros derechos y libertades establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos son sido violados.
  • La detención se basó en pruebas falsas por parte de las autoridades.
  • El tiempo y condiciones de la detención son altamente desproporcionadas en relación con la ofensa cometida.
  • La detención se realiza de manera discriminatoria comparada con otras personas.

  • La detención se lleva acabo específicamente con base en el género, raza, color de la piel, idioma, religión, nacionalidad, origen étnico, clase social, orientación sexual, propiedad del individuo o a alguna persona que tenga fuertes vínculos con estos grupos.

Está definición expande la categoría de presos políticos a toda persona cuyos derechos civiles y políticos hayan sido violados por las autoridades. Ahora bien, no considera preso político a toda persona que:

  • Cometa un acto violento en contra de otra persona, excepto cuando sea en defensa personal.
  • Cometa un crimen de odio en contra de una persona o propiedad. 

En resumen, no debe calificarse únicamente como presos políticos  a las  personas detenidas por motivos políticos, ideológicos o religiosos. Partiendo de la idea que todo ser humano cuenta con derechos que las autoridades están obligadas a respetar, quien es detenido/a por una autoridad oficial, violando sus derechos políticos y civiles, puede ser considerado como preso político.

PRESOS POLÍTICOS EN MÉXICO: UNA CONSTANTE

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Fotografía: Annick Donckers

Pensemos en los hermanos Flores Magón y Francisco I. Madero , quienes fueron apresados por el gobierno de Porfirio Díaz. Demetrio Vallejo y Valentín Campa, por el de Adolfo López Mateos. José Revueltas, fue deportado a las Islas Marías en 1932, cuando apenas tenía 17 años, para luego ser encarcelado en muchas ocasiones, hasta ser preso por orden de Gustavo Diaz Ordaz, bajo la acusación de ser autor intelectual del movimiento estudiantil de 1968.

Actualmente, son muchos los casos de personas defensoras de territorios y bienes comunes que son encarceladas:

Gilberto Aguirre Bahena, de la Organización Campesina de la Sierra Sur, fue apresado en 2012, imputado por homicidio y asociación delictuosa, si bien se denuncia que su declaración fue obtenida bajo tortura. En 2013, Francisco de la Rosa, indígena zapoteco, fue acusado de robo calificado y privación de la libertad, sin pruebas contundentes. En 2015, Eduardo Mosqueda, abogado ambientalista, fue imputado de atacar a policías por causa de un conflicto de propiedad de tierras, por lo que hoy se encuentra recluido en Colima. Mario Luna -vocero de la Tribu Yaqui y opositor al Acueducto Independencia- así como Fernando Jiménez fueron liberados hace un par de semanas tras permanecer en prisión por el supuesto delito de secuestro.

De acuerdo con datos del Comité Cerezo -fundado por Francisco Cerezo para acompañar el proceso de sus hermanos, quienes fueran también presos políticos- entre 2013 y 2015 se tienen registrados 224 detenciones por motivos políticos. Con base en información del Comité Nacional de los Presos Políticos, los estados con mayor incidencia durante la administración de Enrique Peña Nieto son Puebla y Oaxaca.

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Si tomamos en cuenta la definición ampliada de preso político, la cual incluye a toda persona cuyos derechos políticos y civiles han sido violados por la autoridades, las cifras aumentan drásticamente.  En parte por ello Freedom House considera a México como “parcialmente libre” en su reporte anual 2015. Nuestro país se encuentra por debajo de Argentina, Chile, Costa Rica, Brasil, Uruguay y Perú en la calificación de los derechos políticos y civiles, y más bien cercano a sitios en conflicto como Mozambique, Zambia, Pakistán, Ucrania e Indonesia.

Nuestro país se encuentra por debajo de Argentina, Chile, Costa Rica, Brasil, Uruguay y Perú en la calificación de los derechos políticos
Otro derecho constantemente violado por las autoridades mexicanas es el de acceder a un juicio justo. De acuerdo con datos de Open Society  y el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), en 2011 el 42% de las personas en prisión en México eran inocentes porque se encontraban recluidas sin haber sido sentenciados. El artículo 11 de Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”. Considerando este derecho civil, nuestras autoridades mantienen en las cárceles a más de 90 mil personas de forma ilegal.

Por el otro lado, con base en el índice del Estado de Derecho realizado por el WorldJustice Project, México ocupa la posición número 78 de 102 países estudiados, con una calificación de 0.47. Mientras aún estamos lejos de Dinamarca (0.87) o Uruguay (0.71), otros países como Burkina Faso, Malasia y Senegal cuentan con mejores calificaciones en la capacidad que tiene el Estado de hacer valer la ley que México. La falta de libertades para los ciudadanos y falta de un Estado de derecho en el país muestran cuan propenso es México para la existencia e incremento de l@s pres@s polític@s.

PaísLibertadDerechos PoliticosLibertades CivilesCalificación
Chile111Libre
Uruguay111Libre
Mexico333Parcialmente Libre
Indonesia324Parcialmente Libre
Pakistan4.545Parcialmente Libre

Fuente: Freedom House 2015

PaísCalificaciónPosición
Dinamarca0.871
Noruega0.872
Uruguay0.7122
Argentina0.5254
El Salvador0.5157
China0.4871
México0.4779

Fuente: Rule of Law Index 2015

LAS ENTREVISTAS

Mario González: Cuando la arbitrariedad es consigna

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Fotografía: Annick Donckers

Mario González García tiene 24 años. Ideológicamente se asume como anarquista. Fue detenido el 2 de octubre de 2013 mientras se dirigía a la manifestación conmemorativa del movimiento estudiantil de 1968. Le acusaron de ataques a la paz pública y ultrajes a la autoridad, condenándolo a cinco años y nueve meses de cárcel. El 30 de octubre de 2014 fue absuelto por vía de un amparo interpuesto por su defensa.

¿Cómo iniciaste en el activismo?

Yo soy activista desde que entré al Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM en 2008. Empecé a participar por el problema del porrismo, pues no nos dejaba estar tranquilos en el plantel. Habían matado a un estudiante, robaban seguido en la escuela. Hubo un momento en que era necesaria la autodefensa. De ahí nos movilizamos contra la Reforma Integral a la Educación Media Superior (RIEMS) en el CCH, así como una lucha contra autoritarismo, porque nos querían quitar recursamientos y hacer cobros ilegales.

Empecé a participar por el problema del porrismo, pues no nos dejaba estar tranquilos en el plantel. Habían matado a un estudiante, robaban seguido en la escuela.
Combatimos los 12 puntos del Documento Base para la Actualización del Plan de Estudios. A la par que hacía cosas en la escuela, me solidarizaba con otras luchas y sectores sociales. Por eso a seis nos expulsaron de la escuela. Para protestar, hicimos un plantón en la rectoría de la UNAM, exigiendo la reincoroporación de los expulsados.

¿Cómo fue tu detención?

El 2 de octubre de 2013 yo iba en un camión de transporte público, me dirigía a la marcha, pero ni siquiera llegué. Sobre Isabel la Católica y 5 de mayo hicieron un gran operativo policiaco y nos interceptaron: fueron exactamente para capturar a las 11 personas que salimos del plantón de rectoría por la reinstalación de los expulsados. Text Heres. Nos presentaron en el Ministerio Público 44 de Iztapalapa hasta 4 horas después. Nos incomunicaron, pero como yo tenía luxado un brazo me mandaron al hospital. Ahí avisé a mi familia. Nos dijeron que estábamos acusados de ataques a la paz pública y de actuar en pandilla. Aunque había derecho a salir bajo caución, las autoridades montaron un operativo antes de que llegara una marcha que iba a exigir nuestra liberación, y nos trasladaron al reclusorio, a los hombres al de oriente y a las mujeres a Santa Marta.

Las autoridades montaron un operativo antes de que llegara una marcha que iba a exigir nuestra liberación, y nos trasladaron al reclusorio

¿Cómo fue tu periodo en el reclusorio?

Primero nos pusieron en una celda sin comunicación con la población. Siempre existió un trato hostil de los custodios. Cuando hice mi primer huelga de hambre, me mantuvieron en aislamiento total. Esa fue de 56 días. La segunda duró 17 días, en coordinación con otros presos. Un obstáculo era que los médicos del reclusorio desvalorizaban mi resistencia y me decían “si tomas agua no es huelga de hambre”, o que “hasta te ves más gordo” o “estas más sano que nosotros”. Finalmente entraron otros médicos a valorar mi estado de salud, y entonces las autoridades se vieron obligadas a reconocer la huelga y a actuar en consecuencia.

¿Tienes secuelas?

Una huelga de hambre te mata por el daño a tus órganos. En la primera huelga de hambre resultaron afectados el páncreas, el hígado, los riñones. Las secuelas ahorita no los voy a sufrir tanto, pero en el futuro sí. En la huelga más larga me sentía mal de mi salud y ya era demasiado para mi familia. Hubo un momento en que sentí que cumplió su función. No era el fin morirme, sino protestar contra la represión y las cárceles.

¿Cuáles son las formas de acción política con las que te identificas? 

Para mí, cualquier tipo de rebeldía es válida. La reivindico y la defiendo, que es diferente a que yo mismo las haga. A mí me gusta hacer las cosas de otra forma a lo que han hecho otras personas. Aún así no dejo de considerarlas como válidas y reivindicativas.

Fotografía: Annick Donkers
Fotografía: Annick Donkers

¿Consideras que se criminalizan ideologías y que eso deriva en presos políticos?

Sí. Por eso, incluso en libertad, continúa el hostigamiento contra mí: medios de comunicación me han señalado como uno de los “líderes anarquistas más peligrosos”, acusación absurda, porque el anarquismo es una relación horizontal, no puede haber líderes, pero los medios y el gobierno los crean porque quieren castigar ciertas ideologías y creen que dependemos de alguien. Piensan que si tiras la cabeza, se cae el cuerpo, y por eso se equivocan.

Obed Palagot Echevarría: “Necesitamos cambios estructurales para que haya un verdadero acceso a la justicia”

Durante la represión del primero de diciembre de 2012, Obed Palagot fue detenido arbitrariamente al tratar de evitar que granaderos patearan a un persona que había resbalado en la calle. Se le acusó de ataques a la paz pública y de actuar en pandilla.

Fotografía: Annick Donkers
Fotografía: Annick Donkers

¿Cómo te detuvieron?

Fue en 5 de mayo esquina con Eje Central, cerca de las 13:50 hrs. Mi detención fue arbitraria e ilegal, por consigna. Ese día habíamos estado protestando -con Ana Lilia Yépez y Rita Neri Moctezuma- en la calle de Palma por el encapsulamiento de unos menores de edad. Cuando los liberaron, nos fuimos hacia Bellas Artes por la calle 5 de mayo. Al doblar en el Eje Central hacia Madero, vimos que granaderos estaban golpeando a un señor que había caído al piso en el cruce, por lo que muchas personas fuimos a gritar que lo dejaran, a tratar incluso de jalarlo, pero ya lo habían encapsulado. Ahí policías empiezan a golpearnos con los escudos. En ese momento a mí me aisla un grupo de granaderos. A Ana Lilia Yépez la agreden sexualmente con toqueteos, y a mí me violentan, me golpean y me rompen la camisa y el pantalón. Nunca me resistí. Cuando me estaban revisando, yo tenía las manos sobre una camioneta.

A Ana Lilia Yépez la agreden sexualmente con toqueteos, y a mí me violentan, me golpean y me rompen la camisa y el pantalón.
Ahí llegó un policía con una piedra del tamaño del puño y me golpeó con ella tres veces en la cabeza y en la quijada. Luego nos subieron a un camión de granaderos y nos llevan al Ministerio Público número 50.  

¿Que pasó ahí?

Al llegar al MP había ya reporteros de cadenas comerciales que estaban esperándonos. Nos tomaron fotos y posteriormente el personal nos metió a unas galeras subterráneas. Ahí nos separaron entre hombres y mujeres. En esta primera fase no sabíamos nada.

¿Que ocurrió después?

Nunca nos dejaron hacer una llamada. Las personas que pudimos comunicarnos fue porque teníamos celular con crédito y nos lo prestamos. Yo llamé a mi casa -mi familia es de Veracruz- y contestó mi hermana de 12 años, a quien sólo le dije que estaría afuera de casa y no podría llamar en unos días. Yo pensé que todo se iba a aclarar rápido. En la madrugada del 3 de diciembre nos pasan y leen una declaración en que 3 policías nos acusan a 73 personas de haber destruido una patrulla. Decían además que me habían detenido en lugares donde jamás estuve. Me acusaban de ataque a la paz pública con el agravante de actuar en pandilla. Lo que los abogados nos dijeron es que era un delito grave, que alcanzaba 30 años de prisión y que con el agravante de pandilla serían 45 años. Al ser tan absurdas las acusaciones, pensé que no podrían prosperar, pero a las 5 de la mañana de ese día resolvieron que nos enviarían al reclusorio.

¿Que pasó en el reclusorio?

Nos trasladaron en un operativo con vigilancia excesiva, con patrullas que iban abriendo el paso. Al llegar al reclusorio fue duro. Nos descendieron del camión en forma de lista. Nos pusieron frente a una pared. Nos obligaron a desnudarnos y a compañeros los pusieron a hacer sentadillas, divirtiéndose con nosotros. De ahí nos pasaron a “el cinturón” que es un espacio de ocho metros de ancho que rodea al reclusorio y que sirve por si alguien quiere escapar, pues los francotiradores les disparan sin que nada impida que la bala llegue a su destino. Ahí nos dieron zancadillas y zapes. Nos pusieron uniformes ya de presos. Abrieron entonces la puerta del reclusorio y ahí formados nos hicieron a correr por los pasillos y nos empezaron a golpear. Estaban los guardias esperándonos formados para tirarnos golpes en la cabeza, el estómago y los testículos. Luego nos enviaron a las celdas.

Nos obligaron a desnudarnos y a compañeros los pusieron a hacer sentadillas, divirtiéndose con nosotros.

El domingo 9 de diciembre era una fecha decisiva, porque ese día se determinaba si nos encontraban como posibles culpables o no. Ahí la jueza 47 decidiría nuestra suerte. Finalmente nos notifican en esa fecha que iban a salir muchos compañeros y que nos quedaríamos sólo 13 hombres, a los que nos dieron auto de formal prisión.

Fotografía: Annick Donkers
Fotografía: Annick Donkers

¿Cómo se abrió la ruta para su liberación?

Hicimos un par de ayunos como protesta, tratamos de mediatizar algunas notas y finalmente la misma presión de la gente hizo que se abriera una vía por la Asamblea Legislativa, que era la ruta que más nos quedaba. Hacía el 24 de diciembre iniciamos una huelga de hambre porque sabíamos que la Asamblea tenía sobre la mesa la derogación del artículo 362, que es el de ataques a la paz pública. Si se derogaba, salíamos, pues no había de que acusarnos. Nuestro argumento era que se trata de un artículo que criminaliza la protesta social. Finalmente no se derogó el artículo, pero se hicieron pequeñas modificaciones. Entre ellas, la pena se reduce de 30 a 7 años, de suerte que la condena mínima sería de 2 años y la máxima 7 años. La media aritmética entre ambas cifras permitía que saliéramos libres bajo caución. Aunque salimos, nuestros juicios continuaron. Así estuvimos más de un año yendo a firmar y esperando las audiencias.

¿Cómo continuó tu proceso de lucha?

El 8 de diciembre, un día antes de la definición de nuestra suerte, todos nos prometimos luchar, porque habíamos sido detenidos injustamente y asumimos un compromiso de solidaridad. Dijimos que los que saliéramos, mientras no todos estuvieran libres, seguiríamos movilizándonos para que se hiciera justicia.

Luego de un año y medio, de esos compañeros, 2 fueron condenados culpables. Uno es Bryan Reyes, que fue luego también acusado por otras razones absurdas y secuestrado por el estado junto con Jaqueline Santana. El otro caso es el de Osvaldo, a quien acusan de un delito grave, y que aunque se han interpuesto recursos de apelación y litigio estratégico, no ha tenido resoluciones favorables. Diez compañeros salieron libres por el recurso de amparo, que dice que la detención es ilegal. Dos salimos con libertad absoluta, que fuimos Alejandro Lugo y yo.  

Podríamos decir que lo ideal es que se luche contra el artículo 362, o contra el de “ultrajes a la autoridad”, y el de portar “objetos aptos para agredir”, etc.
Después de todo, me di cuenta de que existen un montón de intereses y contubernios entre instancias hechas para jodernos. Hay veces donde la gente apoya, como en nuestro caso, en que hasta la Comisión de Derechos Humanos emitió una recomendación. Pensamos que las detenciones arbitrarias podrían terminar con nuestro caso, pero de hecho han arreciado desde entonces. Podríamos decir que lo ideal es que se luche contra el artículo 362, o contra el de “ultrajes a la autoridad”, y el de portar “objetos aptos para agredir”, etc. Si es importante que estos tipos penales sean derogados, pero que además no se queden ahí, que necesitamos cambios estructurales para que haya un verdadero acceso a la justicia.


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1 comentario

  1. Neftalí Granados
    05/10/2015 at 13:46 — Responder

    ¡Excelente trabajo de Tercera Vía!

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