La ley chilena que pretende silenciar a víctimas de violencia doméstica

Las fuerzas oficialistas conservadoras en Chile pretenden aprobar un proyecto de ley que busca sancionar penalmente las denuncias falsas en causas de familia, violencia intrafamiliar y delitos sexuales.

Partidos de derecha, uníos.

La iniciativa es impulsada por la senadora Vanessa Kaiser, del Partido Nacional Libertario, junto a legisladores de partidos conservadores como Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente, entre ellos Andrea Balladares, María José Gatica, Manuel José Ossandón y Enrique van Rysselberghe.

El texto plantea un procedimiento judicial para declarar formalmente falsas las acusaciones, denuncias o querellas que ya hayan sido desestimadas, e incluye indemnizaciones, retractaciones públicas, eliminación de registros y penas de cárcel para quienes hayan actuado con dolo o negligencia grave.

El núcleo fundamental de la sociedad

Además, el proyecto plantea que la familia es “el núcleo fundamental de la sociedad”, según lo señalado en el artículo 1° de la Constitución chilena, y sostiene que en los últimos años ha aumentado el número de conflictos familiares llevados a tribunales en los que se usan denuncias con otros fines de índole instrumental.

Esta discusión se da justo cuando el Gobierno del recién electo presidente José Antonio Kast busca reordenar su agenda legislativa después de que se aprobara la Ley Miscelánea. De hecho, días atrás el Presidente José Antonio Kast pidió a los partidos oficialistas enfocar sus esfuerzos en seguridad, crecimiento económico y empleo, dejando entrever el riesgo de desgastar el capital político en temas que no figuran entre las prioridades del Ejecutivo.
Los riesgos

Diversas voces de la sociedad civil han manifestado su preocupación con este proyecto de ley. “Si se revisan los antecedentes relativos a la violencia contra mujeres y niños, niñas y adolescentes en el espacio doméstico dan cuenta de que existen dificultades mayores, tales como la protección de las víctimas y la efectividad de las medidas cautelares, la capacidad del sistema sanitario, policial y judicial de distinguir las señales de alerta, por mencionar algunos. No obstante, el proyecto no se hace cargo de ninguna de esas aristas y por el contrario propone la asignación de recursos a una materia que no está orientada a la superación de la violencia como fenómeno social. Más aún, lo propuesto puede operar como un elemento inhibidor de quienes quieren denunciar, pero no saben si podrán acreditar la violencia que viven”, mencionó Claudia Sarmiento, académica de la Universidad Alberto Hurtado.

“Son proyectos que afectan derechos humanos de las mujeres, pero estos no son considerados por quienes los presentan. […] se instalan en la discusión pública y política a espaldas de los efectos que tienen para las mujeres y las invisibilizan. Eso es un tremendo riesgo, pues de alguna manera se niega el espacio de las mujeres en el ejercicio de la ciudadanía, agregó Sarmiento.

¿Qué dice la Corte chilena?

El pleno de la Corte Suprema de Chile revisó el contenido del proyecto de ley. El máximo tribunal concluyó que optar por un procedimiento monitorio, es decir, rápido y concentrado, no resulta adecuado, pues no se ajusta a los supuestos para los cuales fue diseñado este tipo de procedimiento. La Corte envió al Senado un informe con reparos.