El nuevo frente contra Trump: doce estados americanos desafían sus aranceles por inconstitucionales

Una docena de estados encabezados por Arizona y Oregón ha iniciado una batalla legal contra el expresidente Donald Trump por imponer aranceles sin la aprobación del Congreso, reabriendo el debate sobre la legalidad y viabilidad de su política proteccionista en su segundo mandato. El recurso, presentado ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos (CIT), no solo plantea un conflicto jurídico, sino también un desafío económico de alto calibre.

Los fiscales generales de los estados involucrados—entre ellos Nueva York, Minnesota, Connecticut y Delaware—argumentan que Trump ha abusado de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977, invocándola para establecer medidas arancelarias sin supervisión legislativa. Para los demandantes, el mandatario ha transgredido los límites constitucionales al autonombrarse árbitro del comercio exterior, convirtiendo la política comercial en un terreno personal e impredecible.

La demanda impugna específicamente cuatro órdenes ejecutivas que permiten gravámenes de hasta 145% a productos chinos y 25% a importaciones desde México y Canadá, además de nuevas alzas previstas para otros 46 socios comerciales. La coalición argumenta que estas medidas no solo son ilegales, sino que también desestabilizan el sistema económico nacional y afectan directamente a los consumidores estadounidenses. Según cifras citadas por los fiscales, el 95% del costo de las tarifas impuestas entre 2017 y 2021 recayó sobre la población local.

Además, advierten que esta segunda ronda de tarifas profundizará la inflación, como lo prevén tanto la Reserva Federal como el Fondo Monetario Internacional. En palabras del fiscal de Oregón, Dan Rayfield, “estos aranceles afectan cada aspecto de nuestras vidas y tenemos la responsabilidad de contrarrestarlos”.

Mientras tanto, Trump continúa defendiendo su enfoque bajo el argumento de que recuperará empleos industriales perdidos y equilibrará el comercio internacional. Sin embargo, los economistas alertan que los efectos inmediatos serían un aumento de precios, volatilidad en los mercados y pérdida de empleos, como ya se vivió durante su primer mandato.

El gobernador de California, Gavin Newsom, que presentó una demanda previa, calificó los aranceles como “el peor autogol en la historia moderna del país”. Y si bien la metáfora puede sonar exagerada, el impacto económico y constitucional que acarrean las políticas unilaterales de Trump parece tan contundente como esa sentencia.

Este nuevo episodio judicial podría convertirse en un parteaguas para el futuro del comercio exterior estadounidense y el equilibrio de poderes en la era del populismo proteccionista. La demanda es, en el fondo, una defensa de las reglas democráticas frente a la tentación de gobernar por decreto. Y aunque el desenlace aún es incierto, los estados demandantes han dejado claro que no están dispuestos a permitir que el proteccionismo se imponga al margen de la ley.