Juventud Guaraní Kaiowá: La pandemia y la defensa de la Madre Tierra en Brasil

Por Alterius RedLatinA

Desde 2016, sectores de la juventud guaraní kaiowá en el estado Mato Grosso del Sur, en Brasil, forman parte de la organización juvenil llamada “Retomada da Aty Jovem” (RAJ), una asamblea auto-organizada en la que participan decenas de jóvenes pertenecientes a este grupo étnico, el segundo más numeroso del país sudamericano.

El objetivo de la RAJ, que hasta el momento ha celebrado cuatro sesiones generales, consiste en la generación de espacios de discusión y decisión colectiva en relación a las problemáticas que experimentan las y los jóvenes guaraní por el asedio de diferentes actores sobre sus territorios, principalmente por empresas trasnacionales, paramilitares y agentes del Estado brasileño.

De acuerdo al consejero de la RAJ, Janio Avalo, la agenda política planteada por esta asamblea juvenil está compuesta por demandas vinculadas al ejercicio pleno de sus derechos como jóvenes indígenas, por la construcción de su proyecto común Teko Porã, o proyecto de buen vivir en lengua guarani-kaiowá, y fundamentalmente, por la protección de sus territorios:

“Nosotros los jóvenes de Brasil estamos luchando para garantizar nuestra sobrevivencia. Nuestra madre tierra está amenazada. Queremos decirle a todo el mundo que los pueblos indígenas venimos luchando por nuestro territorio desde el proceso de colonización a lo largo de 521 años de lucha. Los jóvenes guaraní estamos luchando para mantener la vida en este país tan grande”.

A esta agenda juvenil se suman las demandas recientemente formuladas por los integrantes de la RAJ en relación a los estragos que están experimentado por la pandemia, por ejemplo, en la interrupción de sus derechos elementales en el acceso a salud, alimentación y educación, esto último seriamente afectado debido a la falta de tecnologías de comunicación y de servicios de internet en esta región relegada de Brasil, hecho que impide que cientos de jóvenes, niños y niñas puedan integrarse a la llamada educación virtual.

Además de los ataques paramilitares y de la falta de acceso a derechos fundamentales, una de las mayores amenazas que enfrentan los y las jóvenes guaranís en Brasil refiere a la alza del suicidio. Sólo en el mes de febrero, cuatro jóvenes de este grupo étnico se quitaron la vida en el estado de Mato Grosso del Sur.

En palabras de la consejera de la RAJ Valdineia Jorge, los procesos de auto organización juvenil han sido fundamentales para visualizar cuáles son las principales problemáticas que experimentan los y las jóvenes guaranís al interior de las demarcaciones territoriales y en las llamadas retomadas (recuperaciones de tierra), por lo que a pesar de las dificultades en el plano tecnológico, decidieron sostener su asamblea general de forma virtual en diciembre pasado:

“Nosotros los jóvenes Guaraní Kaiowá hicimos nuestra asamblea en el formato online con participación incluso de jóvenes de recuperaciones territoriales, donde conseguimos formas de energía para que pudieran estar presentes, pues hay muchas dificultades de acceso a esas tecnologías. Para nosotros es muy importante que escuchen la voz de la juventud Guaraní Kaiowá, pues estamos construyendo nuestras demandas para defender a nuestro pueblo y participar en la lucha de nuestro pueblo”.

Adicionalmente a la RAJ, existen otras organizaciones integradas por población Guaraní-Kaiowá en el estado Mato Grosso del Sur, como la Gran Asamblea del Pueblo Guaraní-Kaiowá (Aty Guasu), la Gran Asamblea de las mujeres (Kuñangue Aty Guasu) y la Aty Jeroky Guasu (Assemblea General de Guarani-Kaiowá Shamans), quienes conjuntamente enfrentan el asedio de múltiples actores ligados al agronegocio que amenazan permanentemente con desplazar a esta población indígena. Desde mayo del año pasado, el consejo general guaraní-kaiowá declaró un estado de emergencia, debido a las condiciones precarias en las que cientos de familias comenzaron a enfrentar la propagación el COVID-19 en el país sudamericano.

ETNIAS GUARANI Y KAIOWÁ DECLARAN ESTADO DE EMERGENCIA POR COVID-19

A su vez, una situación que mantiene los focos rojos entre diversas organizaciones de la sociedad civil en Brasil, refiere a la alza de suicidios entre los jóvenes guaraní kaiowá, pues es en este sector de la población donde se encuentra la tasa de suicidio más elevada de todo el país.

Tan sólo en el mes de febrero, 4 jóvenes guaranís se quitaron la vida en la región de Amambai, al sur de la ciudad de Dourados, Mato Grosso del Sur. De acuerdo a una investigación realizada por la Agencia Pública de Brasil, este problema histórico se relaciona con la fuerte violencia sociopolítica que experimentan niños, niñas y jóvenes indígenas en sus aldeas, y por las permanentes agresiones y expropiaciones de sus territorios.

Dicha situación se ha visto agravada en los últimos meses debido al debilitamiento sistemático del subsistema de salud indígena, hecho que ha sido acompañado por despidos de psicólogas/os y otros agentes de salud que brindan atención directa a la población indígena, tal como lo ha denunciado públicamente organizaciones sociales indígenas a través la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), en enero pasado.

Cabe resaltar que en un estudio realizado recientemente por la Fundación Oswaldo Cruz, reveló que el 48 por ciento de las muertes por Covid-19 en pacientes hospitalizados en Brasil corresponden a miembros de comunidades indígenas.

Para ambos consejeros de la RAJ -descendientes de los linajes ñanderu y ñandesy de rezadores y rezadoras tradicionales de su pueblo- estas y otras acciones del Estado brasileño expresan un abandono y agresiones sistemáticas del gobierno federal encabezado por el ultraderechista Jair Bolsonaro hacia las comunidades indígenas, por lo que califican al actual presidente como un actor político que aspira al “exterminio de los pueblos originarios en Brasil”.

EL ASEDIO CONTRA EL PUEBLO GUARANÍ: UNA DISPUTA POR EL TERRITORIO

De acuerdo a organizaciones de derechos humanos brasileñas -como el Consejo Indigenista Misionario (CIMI)- medios de comunicación internacionales e investigadores, el pueblo guaraní-kaiowá corresponde a uno de los grupos étnicos históricamente más agredidos por grupos armados vinculados a intereses de empresas transnacionales, debido a las grandes extensiones de territorio que poseen y que son requeridas para el monocultivo de soja, caña, maíz y ganadería extensiva. Sólo en el año 2019 el sector del agronegocio utilizó cerca de 63 millones de hectáreas en todo Brasil (casi el equivalente a la superficie territorial de Francia). Debido a estos factores, está región en Brasil ha sido objeto de constantes disputas y procesos de violencia desde finales del siglo XIX.

Entre las principales violaciones de derechos humanos documentadas en años recientes, se encuentran el asesinato sistemático en contra de defensores del territorio -con el caso emblemático de la masacre de 9 integrantes de la familia de Damiana Cavanha por agentes del Estado y paramilitares en el año -, ataques químicos mediante irrigación de agro tóxicos con aviones y maquinaria agrícola sobre la población, el uso de maquinaria agrícola blindada y adaptada con armamento, y la separación de familias por instituciones estatales de protección de derechos de la niñez.

Solamente en las cercanías de la ciudad de Dourados, entre 2019 y 2020, fueron documentados más de 40 ataques en contra de familias guaraní-kaiowá que viven en las retomadas y para el 2016, se concentraron en Mato Grosso del Sur el 60% de los asesinatos de indígenas en todo el país.

De acuerdo a los propios organismos no gubernamentales, estas condiciones de violencia se han profundizado recientemente tras la flexibilización jurídica de acceso a armas y munición por las iniciativas legales propuestas por Jair Bolsonaro, hecho que ha sido leído por diversas organizaciones sociales como una invitación del ex militar a incrementar la capacidad de violencia de particulares y cuerpos de seguridad privados armados.

Una de las consecuencias directas de estos ajustes jurídicos ha sido la proliferación de grupos paramilitares y parapoliciales en diversas regiones de Brasil, así como procesos de desplazamiento territorial en poblaciones indígenas, como ha sido ampliamente documentado en relación a los incendios forestales ocasionados por latifundistas en la amazonia.

Hay recordar que una de las primeras acciones de la administración entrante de Bolsonaro en el 2018, fue la transferencia de las funciones de demarcación de tierras indígenas de la FUNAI (Fundação Nacional do Índio) al Ministerio de Agricultura, una acción que Survival International clasificó como una declaración de guerra contra los pueblos indígenas de Brasil.

A estas acciones, se suman un conjunto más amplio de acciones políticas y legales que ha emprendido el gobierno brasileño para reglamentar la exploración de recursos minerales, hídricos y biológicos en tierras y reservas indígenas, por ejemplo, el proyecto de ley 191/2020.

En relación a los conflictos asociados a las recuperaciones territoriales en Mato Grosso del Sur, los integrantes de la organización internacional “Comitê de Solidariedade Entre os Povos“ Felipe Mattos Johnson y Karina Pinhão, señalaron la delicada situación de seguridad en la que se encuentran decenas de familias guaraní-kaqiowá, pues de acuerdo a los activistas, “la violencia que existe en contra del pueblo guaraní en sus territorios recuperados es extrema por parte de los latifundistas, se siente inmediatamente… esto es prácticamente una guerra, es la franja de Gaza del continente sudamericano”.

En este contexto generalizado de violencia y de vulneración de derechos, los consejeros de la RAJ han señalado en diversos foros regionales, nacionales e internacionales la importancia de fortalecer los procesos de auto organización juvenil y de auto organización comunitaria. Igualmente, han extendido solicitudes de solidaridad internacional para la documentación de violaciones de derechos humanos, como ocurrió en enero pasado en el conversatorio virtual “Voces de la resistencia: organizaciones juveniles indígenas frente a la pandemia”, organizado por la Red Latinoamericana de Investigación y Reflexión con niñas, niños y jóvenes (REIR) con sede en México:

“Queremos decir que pedimos apoyo nacional e internacional…Hoy nosotros tenemos un gobierno totalmente anti indígena entonces el sufrimiento que tenemos es muy grande. Enfrentamos la pandemia en el siglo XIX sin ayuda… Cuando hablamos del problema de la tecnología, es porque necesitamos hacer registros audiovisuales de las violaciones de derechos que los latifundistas y el gobierno están haciendo en contra de nuestro pueblo en las áreas de recuperación de territorios ancestrales”.