Ley Malena: ya son 23 estados de México que cuentan con leyes contra la violencia ácida

Un día antes de cumplirse 7 años del ataque de ácido que sufrió la saxofonista y activista María Elena Ríos, el Congreso del Estado de Chihuahua aprobó por unanimidad el paquete de reformas para sancionar de forma específica los ataques con ácido y sustancias químicas. Con su reciente integración, la Ley Malena ha alcanzado a 23 de las 32 entidades federativas, pero aún no se alcanza la justicia para su promotora.

El 8 de septiembre de 2026, Chihuahua se convirtió en la entidad número 23 de México en incorporar la Ley Malena a su legislación local, modificando de manera directa el Código Penal del Estado de Chihuahua y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia estatal. 

De acuerdo con María Elena Ríos, esto representa un avance del 72% en la cobertura nacional de este tipo de legislación, que busca integrar las agresiones cometidas con ácidos, sustancias químicas o corrosivas como una forma de violencia de género y como tentativa de feminicidio, algo que durante años permaneció sin una tipificación específica.

De acuerdo con las cifras citadas por la defensora, entre enero y octubre de 2025, fueron identificadas 393 víctimas de amenazas o agresiones consumadas con estas sustancias.

Sin embargo, este avance legislativo toma lugar en un contexto en el que su proceso penal continúa sin una sentencia definitiva, y el responsable, Juan Antonio Vera Carrizal, sigue sin cumplir una sentencia.

¿Cuál es la situación jurídica actual del caso de María Elena Ríos?

El caso de María Elena Ríos sigue sin una sentencia definitiva a pesar de haber cumplido 7 años de lo ocurrido. Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó la solicitud de atraer el caso, dejando a la Fiscalía de Oaxaca a manos del caso, en donde ocurrió el ataque.  

Para María Elena Ríos, esto ha representado un retroceso y una muestra de la impunidad que viven las víctimas de violencia de género en México.

Su agresor permanece en una clínica privada en Oaxaca por supuestos problemas de salud, evadiendo de forma continúa la cárcel y representando un riesgo de fuga, tal como su hijo, Juan Antonio Vera Hernández, que sigue prófugo. 

María Elena Ríos ha tenido que someterse a 10 cirugías reconstructivas, además de mantener tratamientos médicos derivados de las lesiones provocadas por el ataque, pero insiste en que su caso no es aislado y que la legislación debe convertirse en justicia efectiva para todas las víctimas. 

“Ni una mujer quemada más en México”, recuerda Ríos. 

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