Caso María Elena Ríos: ¿Por qué la Suprema Corte se niega a atraer el proceso penal?

María Elena Ríos fue atacada con ácido sulfúrico en 2019. Desde entonces, la saxofonista ha dedicado su vida al activismo y a denunciar la violencia de género en México, impulsando reformas legales como la ‘Ley Malena’. El pasado 14 de abril de 2026, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraer su caso. Sin embargo, este miércoles 13 de mayo, el pleno lo rechazó.

¿Qué se buscaba lograr con la petición de la FGR?

A través de la Unidad Especializada en Asuntos Jurídicos con la petición de ejercicio de la facultad de atracción (415/2026), la FGR buscaba que la Suprema Corte interviniera en el caso para definir criterios jurídicos fundamentales y resolver irregularidades procesales. De esta forma, poder asegurar que exista un proceso justo, con perspectiva de género, y bajo estándares internacionales de derechos humanos, para el cumplimiento de una sentencia final.

Cabe destacar que el caso ha pasado por al menos 10 jueces en estos casi 7 años, pero a la fecha todavía no existe una sentencia condenatoria. El autor intelectual del intento de feminicidio y ex Diputado del Congreso del Estado de Oaxaca, Juan Antonio Vera Carrizal, sigue sin tocar la prisión.

Un sistema judicial que le sigue fallando a sus víctimas de feminicidios

Por una mayoría de 5 votos contra 3, el pleno de la Corte decidió no conocer los diversos amparos relacionados con el caso. 

Los ministros que votaron en contra de la atracción fueron Lenia Batres Guadarrama, María Estela Ríos González, Giovanni Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo y Arístides Guerrero García. Mientras que Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Corte, y las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, votaron a favor. La ministra Sara Irene Herrerías Guerra se declaró impedida para participar en la votación. Esto debido a que, en su cargo anterior en la Fiscalía General de la República (FGR), tuvo conocimiento directo del caso y colaboró ​​en el seguimiento de la investigación.

La defensa de Juan Antonio Vera Carrizal solicitó formalmente a la Corte que declinara la facultad de atracción, argumentando que el caso no cumplía con los criterios de “relevancia y trascendencia” excepcionales requeridos para la intervención del máximo tribunal. Además, sostuvieron que el proceso se estaba utilizando con “fines políticos y económicos”.

Sin embargo, María Elena Ríos denunció que el agresor ha ejercido su poder económico y político para pervertir y corromper el proceso penal. Hasta la fecha, su agresor permanece en una clínica privada en Oaxaca para recibir atención médica por supuestos problemas de salud, lo cual es una forma de evadir la cárcel y puede representar un riesgo de fuga, tal como lo hizo su hijo, Juan Antonio Vera Hernández, el cual sigue prófugo. 

La resolución final queda nuevamente en manos de los tribunales locales de Oaxaca.

¿Qué implicaciones tiene que el caso regrese a Oaxaca?

Para María Elena Ríos, regresar el caso a Oaxaca, en donde sucedió el ataque, significa retroceder a un entorno marcado por la corrupción sistémica, la revictimización a las sobrevivientes de feminicidios y a un espacio en donde su agresor puede seguir ejerciendo poder político y económico para que nunca se alcance la justicia. 

El sistema judicial mexicano también pierde la oportunidad de que se fijen parámetros esenciales sobre casos de violencia de género, una problemática que afecta a más de 60 millones de mujeres viven en México.

En un video para sus redes sociales, María Elena denunció que la justicia falló en favor del agresor al remitir nuevamente el caso a Oaxaca, reconociendo el desgaste emocional pero resaltando que continuará con la lucha. “Probablemente yo nunca tendré justicia, pero quiero decirles que yo nunca perdí. Yo gané desde el momento en que decidí luchar, desde el momento en que decidí denunciar, legislar desde aquí en la calle en donde conocemos el verdadero dolor de las mujeres”, agregó.