Conoce la ‘Guía de actuación’ de la Red Feminista por el Acceso a la Justicia, una apuesta desde las mujeres dentro del sistema penal para quienes tienen el poder de transformarlo

A través de testimonios, estadísticas y el compromiso de organizaciones feministas, se lanzó una guía de actuación diseñada para prevenir y atender la violencia que viven las mujeres dentro del sistema de justicia penal en México, desde la discriminación, el uso excesivo de la prisión preventiva y la falta de atención médica digna. 

¿Qué es la ‘Guía de actuación para visibilizar y atender las violencias y prácticas discriminatorias que ejercen las personas operadoras del sistema de justicia penal en México’? 

O en pocas palabras, la guía de actuación, es una herramienta elaborada por la Red Feminista por el Acceso a la Justicia, la cual está integrada por 7 organizaciones:

• Elementa DDHH
• Mujeres Unidas por la Libertad (MUXL) 
• Centro de Derechos Humanos Zeferino 
• Haz Valer Mi Libertad 
• Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud A.C. 
• Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C. (CEPAD)
• Documenta, Análisis y Acción por la Justicia Social

Esta iniciativa surge como una respuesta urgente ante las violencias estructurales que enfrentan las mujeres al ingresar al sistema carcelario, en un contexto donde el 49.4% de las mujeres encarceladas permanece en prisión sin haber recibido una sentencia, frente a un 38% en el caso de los hombres.

Desde la Red Feminista por el Acceso a la Justicia, las organizaciones brindaron algunas propuestas a partir de 12 testimonios de mujeres, en su mayoría madres y cuidadoras, con trayectorias laborales diversas, de la Ciudad de México, Estado de México y Jalisco. Entre estos testimonios, destaca el caso de María, quien pasó 19 años en prisión preventiva por una acusación de secuestro antes de que un tribunal la absolviera en 2024.

¿Qué temas se abordan?

Tras un trabajo colaborativo de investigación, la Red Feminista por el Acceso a la Justicia analizó de cerca cómo viven las mujeres el sistema penal mexicano, estructurando la información en diversos puntos centrales:

• Derechos y atribuciones de las partes

Este eje busca transparentar de manera obligatoria las garantías de cada perfil en cada etapa del proceso. Es decir, hacerle saber a las mujeres sus derechos fundamentales, como el acceso a asesoría jurídica gratuita o conocer el estado de su proceso. Como resaltan: no se puede garantizar un derecho que no se conoce.

• Principios rectores de la actuación institucional

Las violencias no surgen de la nada, se nutren directamente cuando los operadores jurídicos actúan sin perspectiva de género, sin un enfoque interseccional, con negligencia y sin reconocer las condiciones en las que se encuentran las mujeres. De esa manera, este eje establece que la omisión de estos enfoques constituyen en sí mismo un acto de violencia institucional activa, por lo que propone que se debe incluir la perspectiva de género y un enfoque interseccional en toda actuación institucional.

• Obligaciones generales de actuación

La guía ofrece herramientas prácticas diseñadas para reconocer las acciones u omisiones de los servidores públicos que buscan discriminar, dilatar u obstaculizar el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, por lo que este tercer eje busca erradicar las malas prácticas cometidas de forma sistemática, desde el uso de estereotipos de género para restarle credibilidad a los testimonios de las mujeres, la revictimización en el trato cotidiano, la falta de espacios privados y seguros para tomar declaraciones, entre otras. 

• Obligaciones específicas por perfil institucional

El diagnóstico de la guía expone patrones en los abusos particulares cometidos por cada perfil institucional, como la policía, el Ministerio Público, el juzgado o la defensa pública. De esa forma, este eje delimita de forma concreta las responsabilidades de cada figura.

Una guía dirigida a las personas que operan el sistema y para proteger a las mujeres que transitan por él

En México, las mujeres representan el 5% de la población penitenciaria. De ellas, el 64.4% ha sufrido violencia psicológica antes de ser presentada ante una autoridad, un 29.9% ha recibido amenazas contra su familia y un 27.5% enfrenta presiones para autoinculparse o declarar.

Además, enfrentan tortura física y psicológica, discriminación, y un grave abandono de sus necesidades básicas de salud e higiene menstrual. María Luisa Montoya García, de la organización Haz Valer Mi Libertad, señaló que el sistema penal castiga doblemente a las mujeres por el simple hecho de ser mujer. 

La elaboración de esta guía nos recuerda lo necesario que es visibilizar estas prácticas que se viven a diario para impulsar cambios que garanticen justicia con perspectiva de género. Sin embargo, son las personas que operan dentro del sistema de justicia penal los que tienen el poder de hacerlo. 

La guía busca crear capacidades técnicas en el sistema de justicia penal y contribuir a la prevención, la reducción y, en su caso, erradicación de las violencias de género. Cualquiera puede acceder a él y está disponible para descargar de manera gratuita. Puedes descargarlo haciendo clic aquí.