La Secretaría de Gobernación publica en náhuatl la sentencia que responsabiliza a México por la muerte Ernestina Ascensio

A 6 meses de que el Gobierno de México reconociera su responsabilidad por la violación sexual, tortura y muerte de la mujer indígena, Ernestina Ascencio Rosario, la Secretaría de Gobernación ordenó publicar en español y náhuatl el resumen oficial de la sentencia como parte de las medidas de reparación del daño, buscando honrar la identidad cultural de la víctima.

La reciente publicación del resumen de la sentencia en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 24 de junio de 2026 representa un paso histórico en la lucha contra la discriminación de género y étnica que enfrentan las mujeres indígenas en el país. Sin embargo, esta publicación es solo el inicio de una larga lista de medidas de reparación.

Ernestina Ascencio era una mujer indígena náhuatl y habitante de la sierra de Zongolica, Veracruz, una región militarizada por órdenes del entonces presidente, Felipe Calderón. Durante 19 años prevaleció la versión oficial que atribuía su muerte a una “gastritis crónica no atendida”. La publicación oficial marca el inicio del proceso para reabrir la investigación y revertir la impunidad que ha rodeado al caso desde 2007.

Tenía 73 años al momento de su muerte. De acuerdo con testimonios de sus propios hijos, fue encontrada gravemente herida a unos 300 metros de una base militar como resultado de tortura y agresión sexual el 25 de febrero de ese año. Fue inmediatamente trasladada por sus familiares al hospital más cercano, que no contaba con intérpretes. 

Horas más tarde, murió por las graves lesiones y la falta de atención médica adecuada. La Fiscalía de Justicia Militar archivó la propia investigación de sus elementos meses después y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó que no existían elementos suficientes para acreditar una agresión sexual.

Años después, el propio organismo reconoció errores en su actuación y emitió una nueva recomendación en 2021: Ernestina Ascencio fue víctima de agresión sexual por agentes estatales, y murió por una atención médicada inadecuada a manos del Estado mexicano.

El proceso tomó forma cuando el 20 de septiembre de 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó una sentencia contra el Estado mexicano y la Secretaría de Gobernación reconoció su responsabilidad a partir de un comunicado el 16 de diciembre del mismo año.

La presidenta Claudia Sheinbaum garantizó que se cumplirían todas las acciones específicas ordenadas por el tribunal internacional, incluyendo una supervisión continua de cada punto de la sentencia a manos de la Corte IDH. Solo se dará por concluido el caso cuando el Estado haya cumplido con todas las disposiciones.

La Corte IDH estableció que el Estado tiene la obligación de conducir un proceso penal en un plazo razonable para identificar, procesar y sancionar a los responsables, brindar tratamiento médico, psicológico gratuito a los hijos de Ernestina, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, otorgar becas de estudio en instituciones públicas para los nietos de Ernestina, entre otras medidas. Publicar y difundir la sentencia, y su resumen oficial, es solo el inicio. 

Aunque la actual administración ha manifestado su voluntad de cumplir con las acciones, han manifestado que la implementación puede resultar en procesos largos y complejos, por lo que todavía espera ver cómo se desenvuelve el desarrollo.