‘Ley Leyla’, la propuesta que busca endurecer sanciones para adolescentes que cometan delitos de alto impacto, como homicidio doloso y feminicidio

Leyla Monserrat fue víctima de feminicidio por quienes se nombraban como sus amigas. Al momento, ambas menores de edad, fueron juzgadas bajo el sistema de justicia para adolescentes y recibieron sentencias reducidas, más una multa de poco más de 5 mil pesos como reparación del daño. Hoy, Carmen Angélica Becerra busca justicia por su hija, y su camino está tomando forma con la Ley Leyla.

¿Qué propone la Ley Leyla?

La ‘Ley Leyla’ es una iniciativa que busca reformar la ley para que menores de edad, involucrados en delitos de alto impacto, como homicidio doloso, secuestro, extorsión y hasta feminicidio, reciban sanciones más severas.

Actualmente, el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes establece un máximo de 3 y 5 años de internamiento para menores de 14 a 16 años, hasta adolescentes entre 16 y 18 años, respectivamente, ya que el sistema no busca el castigo, sino una reinserción social y familiar. 

Sin embargo, la propuesta busca aumentar estas penas hasta un máximo de 10 años para que sean proporcionales al delito cometido. No busca que los menores sean juzgados como adultos, sino ajustar el sistema de justicia adolescente para que las consecuencias sean correspondientes sin perder el enfoque de reinserción.

Debido a que la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes es de carácter federal, los impulsores buscan elevar el debate a nivel nacional para lograr una reforma que afecte a todo el país.

El caso que originó la iniciativa

Carmen Becerra relata que su hija, Leyla Monserrat, asistió a casa de una de sus amigas en un rancho ubicado entre Sonoyta y San Luis Río Colorado, Sonora, bajo la falsa promesa de entregarle una “sorpresa”. Lo que no sabía era que ese iba a ser el último lugar donde sería vista con vida, y que todo quedaría registrado en video. Tenía 15 años al momento de su feminicidio. 

Bryanna Monserrat y Britany Michelle solo tenían 13 y 15 años respectivamente al momento, pero todo lo hicieron a plena conciencia y premeditación, desde el momento que la citaron hasta que terminaron de cometer el crimen, supuestamente motivado por un “conflicto sentimental”.

Días después, el cuerpo de Leyla fue localizado y se reconoció a ambas como responsables. Sin embargo, debido a su edad recibieron sanciones mínimas: para Britany Michelle se le asignaron 2 años y 10 meses de internamiento, mientras que Bryanna Monserrat recibió libertad asistida de 11 meses. Además, un pago de una indemnización de 5 mil 657 pesos como reparación del daño.

A partir de ahí, Carmen Becerra no solo rechazó estas medidas, sino que inició una lucha para modificar la ley. “Debe castigarse a estas adolescentes. No fue un accidente, actuaron con todo el odio del mundo, fue planeado, la enterraron y nunca hubo un arrepentimiento”, declaró Becerra. 

¿Qué avances ha tenido?

Los avances de la Ley Leyla se han manifestado de tres maneras: una iniciativa a nivel local, su posicionamiento en el Poder Ejecutivo Federal y marcando un precedente jurídico relevante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La activista Dora Espinoza ha acompañado a Carmen durante todo el proceso, y fue ella quien entregó a la presidenta Claudia Sheinbaum la propuesta para revisar el marco legal vigente el pasado 13 de marzo. 

En abril, en Sonora, la diputada Iris Sánchez Chiu y el diputado Emeterio Ochoa, presentaron formalmente la iniciativa de reforma a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, buscando elevar el debate al nivel nacional para que la reforma sea aplicada en todo el país. 

Como respuesta, Claudia Sheinbaum planteó la posibilidad de revisar cambios a la legislación relacionada con delitos graves cometidos por menores, reconociendo la importancia de cumplir la ley y evitar la impunidad, subrayando la necesidad de atender también las causas de fondo, como la violencia juvenil.

Aunque no es una reforma directa a la ley, la Suprema Corte emitió un fallo histórico que fortalece la posición de víctimas en casos similares al de Leyla. Este criterio rompe con leyes locales que impedían a las víctimas recurrir a los fallos, garantizando ahora un recurso efectivo y equitativo para las familias afectadas por crímenes juveniles.

La lucha de Carmen Becerra ha tomado forma a través de manifestaciones en San Luis Río Colorado y Sonoyta, con la esperanza de que llegue a ser realidad la Ley Leyla. Para ella, lo más importante es que ninguna otra madre tenga que enfrentarse a un sistema de justicia juvenil deficiente, en donde cada persona involucrada pueda alcanzar la verdadera justicia.