Amenazas, ataques con explosivos y desplazamiento forzado en la Montaña Baja de Guerrero

El Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) y diversas organizaciones denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una serie de amenazas y ataques armados con drones explosivos y armas de alto calibre contra comunidades indígenas de Tula, Xicotlán y Acahuetán, situadas en el municipio de Chilapa de Álvarez en la región de la Montaña Baja de Guerrero. La crisis de violencia que están viviendo las comunidades está atribuida a Los Ardillos, un grupo del crimen organizado que opera en la zona, también identificados como un grupo ‘narco-paramilitar’.

Han pasado más de cinco días desde que decenas de familias reportaron ataques a balazos y explosivos lanzados con drones en tres poblados del municipio de Chilapa, provocando el desplazamiento de sus comunidades hacia otras localidades. Se estima que más de 1,300 personas habrían sido desplazadas en total, con reportes de personas heridas.

En un comunicado del CIPOG-EZ, se confirmó que el 9 de mayo decenas de familias fueron desplazadas tras ser víctimas de quema de viviendas, destrucción de cosechas, robo de pertenencias y asesinato de animales. De igual manera, se reportó que mujeres, niñas, niños y personas mayores quedaron refugiadas en una iglesia ante la continuidad de los ataques.

Para el 11 de mayo, el CIPOG-EZ reportó nuevos ataques con drones en la comunidad de Alcozacán, donde se encuentran las más de 1,000 personas desplazadas. Al momento, siguen resistiendo por sus propios medios, sin intervención de ninguna institución de seguridad pública o el ejército, así como de ninguno de los tres niveles de gobierno, ni ningún poder del Estado.

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Presencia y poder territorial de Los Ardillos

Desde hace tiempo, el grupo criminal conocido como Los Ardillos tiene una presencia consolidada en el centro del estado de Guerrero. De hecho, se les atribuye una fuerte influencia sobre las comunidades indígenas y campesinas, pues su base de operaciones se identifica principalmente en los municipios de Quechultenango, Chilapa y José Joaquín de Herrera.

Lo que se sabe sobre este grupo es que se formó como producto de la desintegración de bandas delictivas, tras capturas de líderes, disputas internas y presión militar, específicamente de Los Pelones. Actualmente, se cree que mantienen una disputa con el grupo de Los Tlacos por el control territorial de zonas estratégicas, incluyendo la capital del estado, Chilpancingo.

Según el CIPOG-EZ, desde 2014 la presencia de grupos criminales ha dejado 81 muertos y 25 desaparecidos. De los cuales, 6 han sucedido entre abril y mayo de este año. 

Jesús Plácido, líder del CIPOG-EZ, acusó a las autoridades y al Ejército de actuar como cómplices, ya que se han mantenido retenes en la zona durante años, pero a medida que se fueron retirando en las últimas semanas, fue que empezaron los ataques. “Luego que se fueron, empezaron con drones, ametralladoras, y la gente tuvo que salir hacia Alcozacán. Empezaron en Tula, luego también Xicotlán. Y desde ahí ya están lanzando los drones hasta Alcozacán”, señaló a El País.

Omisión y complicidad por parte de las autoridades

El gobierno de Guerrero, encabezado por la morenista Evelyn Salgado, informó que desde el 7 de mayo se reforzó la presencia institucional en la región tras reportes de agresiones armadas en la localidad de Tula. Así como el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, señaló que se desplegaron tres bases de operaciones institucionales en puntos estratégicos de la zona, integradas por elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal.

Sin embargo, el CIPOG-EZ ha denunciado que no solo han fallado en prevenir los ataques, sino que han actuado como cómplices todo este tiempo. En una publicación de Facebook mandan el siguiente mensaje: “El fiscal general de Guerrero, Zipacná Jesús Torres Ojeda, el Secretario de Seguridad Pública, Daniel Ledesma Osuna, y el Subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, son responsables de todo lo que nos está pasando y son cómplices de ‘Los Ardillos’. No han hecho nada para detener la violencia y ataques en nuestras comunidades”. También los acusan de “robarles recursos de sus comunidades y desviarlos al grupo criminal. 

De igual manera, exigen que la presidenta Claudia Sheinbaum intervenga directamente: “Dicen que nos están protegiendo, pero eso es mentira. Si de verdad quisieran proteger a nuestros pueblos, no habrían niños durmiendo bajo la lluvia ni familias enteras escondidas en el monte”, señalan en un reciente comunicado en Facebook.