Senado aprueba reforma para unificar el delito de feminicidio en todo México
En una votación unánime, el Senado de la República aprobó una reforma constitucional que busca homologar el delito de feminicidio en todo el país, con el objetivo de crear una legislación nacional que establezca criterios comunes para su investigación, sanción y persecución.
La iniciativa recibió 109 votos a favor y fue turnada a la Cámara de Diputados para continuar con el proceso legislativo. De concretarse, permitirá al Congreso de la Unión expedir una Ley General en materia de feminicidio, algo que colectivos feministas y especialistas han exigido desde hace años ante las profundas diferencias legales entre entidades.
Actualmente, aunque el feminicidio está tipificado en las 32 entidades federativas, cada estado mantiene definiciones distintas, penas variables y requisitos específicos para acreditar el delito. Esta disparidad ha generado obstáculos en el acceso a la justicia, revictimización de familias e incluso reclasificación indebida de casos como homicidios simples.
Con la reforma, se busca establecer un tipo penal uniforme en todo México, protocolos obligatorios de investigación con perspectiva de género, coordinación entre autoridades federales y estatales, así como estándares mínimos de atención para víctimas indirectas y familiares.
La discusión también puso sobre la mesa una demanda recurrente: que toda muerte violenta de una mujer sea investigada inicialmente como feminicidio, tal como lo han recomendado organismos internacionales de derechos humanos, para evitar omisiones desde las primeras diligencias.
No obstante, legisladoras y organizaciones advirtieron que una armonización legal no será suficiente si no viene acompañada de presupuesto, capacitación especializada, fortalecimiento de fiscalías, peritajes con enfoque de género y políticas de prevención de violencia machista.
México enfrenta una crisis sostenida de violencia feminicida. De acuerdo con cifras oficiales, cada año cientos de mujeres son asesinadas por razones de género, mientras miles de casos permanecen impunes o sin investigación adecuada.
La aprobación en el Senado representa un avance legislativo relevante, pero también un recordatorio de que la justicia para las mujeres no depende únicamente de nuevas leyes, sino de instituciones capaces de aplicarlas con seriedad, perspectiva de género y compromiso real.
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