El caso Leslie y lo que revela sobre las adopciones ilegales en México

El caso de Leslie, una joven de 20 años que cursaba el séptimo mes de embarazo, abrió una conversación urgente en Ciudad Juárez sobre la protección de las mujeres embarazadas y los vacíos institucionales frente a redes de adopción ilegal. Los hechos ocurrieron en julio de 2025 y, a más de medio año, el proceso judicial sigue en curso.

Información presentada ante un juez señala la participación de varias personas en un esquema para convencer a Leslie de acudir a una vivienda bajo el argumento de recibir apoyo. Entre las personas vinculadas al proceso se encuentra una menor de 17 años, así como Martha Alicia Méndez Aguilar, conocida como “La Diabla”, cuya audiencia está programada para marzo de 2026.

Las investigaciones apuntan a que el objetivo era separar al bebé de su madre para integrarlo a una red internacional de adopciones irregulares en Estados Unidos, a cambio de 15 mil dólares. El caso expone la existencia de mercados clandestinos que se aprovechan de contextos de vulnerabilidad y la falta de supervisión efectiva por parte de las autoridades.

Tras el nacimiento, el bebé presentó complicaciones de salud y fue atendido en distintos centros médicos de Ciudad Juárez. Fue en el Hospital Infantil donde el personal activó los protocolos de protección y dio aviso a las autoridades, lo que permitió abrir formalmente la investigación.

Otro de los puntos críticos del caso ha sido el proceso de custodia. La madre de Leslie denunció que no se realizaron de inmediato pruebas de ADN, lo que retrasó el reconocimiento legal del vínculo familiar y derivó en la exhumación del cuerpo de su hija para completar los estudios. Para ella, su nieto representa “un milagro” y una razón para seguir exigiendo justicia.

Más allá del proceso penal, el caso Leslie pone sobre la mesa temas de fondo: la violencia estructural contra las mujeres, la operación de redes de adopción ilegal y la necesidad de fortalecer los mecanismos institucionales para proteger a niñas, niños y mujeres embarazadas. Un caso que no solo habla de responsabilidades individuales, sino de fallas sistémicas que siguen sin resolverse.