Violencia y omisión en la UASLP: toman Facultad de Derecho por presunta violación de estudiante
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) enfrenta una de sus peores crisis recientes tras la presunta violación tumultuaria de una estudiante dentro de la Facultad de Derecho, ocurrida el viernes 17 de octubre de 2025. La denuncia, presentada ante la Fiscalía General del Estado, señala a tres alumnos —vinculados a la Federación Universitaria Potosina (FUP)— y a un hombre externo como presuntos responsables del ataque.
Alumnas denuncian omisiones y encubrimiento dentro de la universidad
El hecho habría ocurrido en una oficina de la FUP dentro de la facultad, y no en los baños como se difundió inicialmente. De acuerdo con testimonios, los agresores permanecieron en el lugar consumiendo alcohol y marihuana sin que personal de seguridad o docentes intervinieran. Estudiantes también acusan a un profesor de permitir que uno de los implicados abandonara las instalaciones tras el ataque.
En respuesta, alumnas y alumnos tomaron la Facultad de Derecho el 20 de octubre, exigiendo justicia para la víctima, sanciones ejemplares y el fin del encubrimiento institucional. Las manifestantes denunciaron una cultura de acoso y omisión dentro de la universidad, y reclamaron la renuncia del rector Alejandro Zermeño Guerra si no se garantizan medidas efectivas de seguridad para las mujeres.
La presión estudiantil provoca expulsiones y renuncias
Tras días de movilización y presión mediática, la UASLP anunció la expulsión de los estudiantes implicados y la renuncia del director de la Facultad de Derecho, como parte de las primeras medidas institucionales. En un comunicado, la universidad condenó los hechos, aseguró que colabora con la Fiscalía y prometió acompañamiento psicológico y legal a la víctima.
Pese a ello, las estudiantes sostienen que el caso no es aislado, sino parte de un patrón de impunidad frente al acoso y la violencia sexual que se vive dentro de la UASLP. Recordaron que una semana antes ya se habían realizado protestas por la falta de protocolos de prevención y atención.
El movimiento estudiantil, que mantiene la toma de las instalaciones, exige que las autoridades rompan con la protección a líderes universitarios señalados en casos de abuso, y advierte que no liberarán la facultad hasta ver resultados concretos. La crisis ha abierto un debate urgente sobre la responsabilidad institucional y la seguridad de las mujeres en las universidades públicas del país.
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