Ley Olimpia cruza fronteras: así se tipifica la violencia digital en EE. UU. y América Latina

En un giro inesperado de la política estadounidense, el Congreso de ese país aprobó por abrumadora mayoría (409 votos a favor) una legislación bipartidista que convierte en delito la difusión de imágenes íntimas —reales o generadas por inteligencia artificial— sin consentimiento. La ley, llamada Take it down (Bájalo), ha sido impulsada por la senadora Amy Klobuchar, organizaciones civiles y la activista mexicana Olimpia Coral Melo, cuyo nombre ya es sinónimo de la lucha contra la violencia digital en América Latina.

Lejos de ser un gesto simbólico, esta ley obliga a las plataformas digitales a eliminar este tipo de contenido en un plazo máximo de 48 horas tras recibir el reporte. La iniciativa, ahora en espera de ser promulgada por el presidente Donald Trump, establece un precedente internacional: el activismo feminista latinoamericano no solo ha trascendido fronteras, sino que ha influido directamente en políticas públicas de uno de los países más poderosos del mundo.

El eco de esta legislación en EE. UU. no es fortuito. La Ley Olimpia nació en 2012, cuando Olimpia Coral fue víctima de la difusión de un video íntimo sin su consentimiento. Desde entonces, su lucha logró reformar leyes en México a nivel federal y estatal, tipificando la violencia digital como delito. El fenómeno creció como marea continental: Argentina, Panamá, Chile, Ecuador y Colombia ya han adoptado o están en proceso de adoptar legislaciones similares.

Pero lo relevante no es la exportación de una ley mexicana, sino lo que revela su aprobación en EE. UU.: una validación institucional de que el entorno digital es también un espacio donde operan estructuras de violencia de género, donde los derechos sexuales y reproductivos pueden ser vulnerados en un clic, y donde la justicia suele llegar tarde o no llegar.

Frente a las dinámicas globales de plataformas tecnológicas que lucran con el morbo y la impunidad digital, esta legislación se erige como un dique, aunque insuficiente, contra la cultura de la exposición no consensuada. En un contexto donde los deepfakes sexualizados proliferan y las víctimas enfrentan el doble castigo de la revictimización, leyes como la Take it down marcan un antes y un después.

Activistas celebraron la aprobación como una victoria compartida. “No inspiramos una ley, hicimos una ley. ¡Ley Olimpia como ley modelo en el mundo y otra vez fuimos las morras!”, escribió Olimpia Coral, subrayando el carácter colectivo de una lucha que ha escalado del ámbito local al internacional.

Así, mientras en algunos países se censura con fiereza la educación sexual, en otros se reconoce por fin que la autonomía sobre el cuerpo también pasa por el control de la imagen digital. La pregunta ya no es si es delito difundir contenido íntimo sin permiso, sino cuántos gobiernos están dispuestos a combatirlo sin excusas.