La UE sanciona a Apple y Meta con 700 millones de euros por prácticas anticompetitivas y violación de privacidad
En un capítulo clave del nuevo orden digital europeo, la Comisión Europea ha impuesto multas históricas a Apple y Meta por prácticas consideradas contrarias a la Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés), legislación que busca frenar el poder desproporcionado de las big tech en el ecosistema digital. En total, ambas empresas deberán pagar 700 millones de euros —500 Apple y 200 Meta— por violaciones relacionadas con restricciones en la App Store y modelos publicitarios basados en la extracción de datos personales.
Estas sanciones, aunque modestas si se comparan con las posibles penalizaciones de hasta el 10% del ingreso global anual contempladas en la DMA, marcan un punto de inflexión: son las primeras ejecutadas bajo este nuevo marco regulatorio y, según voceros de la Comisión, no se trata solo de castigar, sino de forzar cambios estructurales en los modelos de negocio de los gigantes tecnológicos. Apple fue señalada por limitar la capacidad de los desarrolladores de redirigir a los usuarios a plataformas de compra alternativas fuera de su tienda de aplicaciones, privando así a los consumidores de opciones más económicas.
Meta, por su parte, fue penalizada por el ya polémico modelo “consentir o pagar”, que obligaba a los usuarios de Facebook e Instagram a elegir entre aceptar el uso de sus datos para publicidad personalizada o pagar una suscripción mensual. La Comisión consideró que esta opción no permite un consentimiento libre e informado, y que la compañía falló en ofrecer alternativas reales de menor intrusión en la privacidad.
Ambas empresas anunciaron que apelarán la decisión. Apple acusa a la Comisión de cambiar las reglas del juego continuamente, mientras que Meta denunció una supuesta persecución contra empresas estadounidenses, dejando entrever un trasfondo geopolítico en la disputa: una suerte de “techo digital” que Europa estaría intentando imponer sobre Silicon Valley.
Lo cierto es que estas multas son más que simples cifras: son una declaración política. Para la UE, la DMA no solo regula el mercado digital; busca redefinir el terreno de juego para que este deje de parecerse a un monopolio de plataformas y se transforme en un entorno de competencia justa. Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión para la Soberanía Tecnológica, fue enfática al afirmar que el objetivo es garantizar que “los ciudadanos tengan control total sobre cuándo y cómo se utilizan sus datos en línea”.
El caso de Meta es especialmente revelador en un contexto donde el consentimiento digital se ha vuelto una moneda de cambio. La opción de pagar para no ser vigilado convierte la privacidad en un lujo, cuando en realidad debería ser un derecho. Y en la App Store, Apple se aferra a una política que prioriza la retención de usuarios dentro de su ecosistema cerrado, lo que, bajo la lupa europea, distorsiona la competencia.
En medio de este reordenamiento global, lo que está en juego no es solo el modelo de negocio de dos empresas icónicas, sino la manera en que interactuamos cotidianamente con la tecnología. La UE, más que multar, quiere marcar territorio: Europa no quiere ser un simple mercado para las reglas de Silicon Valley. Quiere escribir sus propias condiciones, aunque eso implique tensar las relaciones comerciales con Estados Unidos.
Como en un capítulo de “Black Mirror”, donde la interfaz amable oculta un sistema intrusivo, la pelea por la libre elección digital está lejos de ser una novela con final feliz. Es un conflicto estructural que, probablemente, apenas comienza.