Racismo, tortura y asesinato: Así opera la fiscalía de Chiapas tras el secuestro de Dylan


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Como el Centro de Derechos Humanos Frayba ha señalado en los últimos días, vivimos en un país donde las autoridades utilizan la tortura como un sistema que fabrica culpables y con ello busca crear una perversa narrativa de justicia. Un sistema que además está arraigado en una cultura racista, sexista y clasista que se ensaña con los más pobres y particularmente con los pueblos originarios.

No solo se trata de la ineficacia, sino de una manera sistemática de operar que diluye las fronteras entre crimen organizado y las instituciones que supuestamente están encargadas de combatirlas. ¿O qué otra cosa se puede pensar cuando quienes deberían resolver los casos de injusticia, cometen crímenes como la fabricación de culpables, el secuestro, la tortura y el asesinato? ¿No es lógico pensar que quienes actúan de esta forma son parte de una red criminal, a pesar de que oficialmente sean policías, jueces, fiscales o incluso gobernadores?

Pues esto es exactamente lo que está pasando en el Estado de Chiapas y nada ilustra mejor esto que el caso de Dylan, un niño que fue secuestrado y que ha tomado notoriedad mediática por la incansable labor de su madre, que ha llegado a instancias federales para exigir la aparición de su hijo.


Hasta el momento no ha habido respuesta efectiva en este caso, como pasa con miles de familias en todo el país que tienen que vivir con una doble tragedia; la de vivir en carne propia lo peor de la violencia que azota el país y la indolencia de las autoridades en todos los niveles de Gobierno.

Durante búsqueda de Dylan, autoridades agravian a familia indígena | Video
Fuente: Aristegui Noticias

La desaparición de Dylan y la fabricación de culpables

El 30 de junio, en un mercado de San Cristóbal de Las Casas, una niña, un niño y una mujer se llevaron a Dylan, un niño de 2 años de edad que se encontraba con su madre, vendedora de verdura. Juanita Pérez, la madre, denunció ese día su desaparición.

A su vez, la Fiscalía de Chiapas no agilizó la búsqueda, hasta que organizaciones de la sociedad civil empezaron a acompañarla y presionar a las autoridades, a través de manifestaciones públicas.

El 21 de julio, cuando ya su madre se encontraba en la Ciudad de México intentando hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador para que le ayudara a encontrar a su hijo, la Fiscalía de Chiapas dio a conocer que derivado de la búsqueda, desmanteló “una red de trata de personas en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en un operativo en el que fueron detenidas tres mujeres y rescatados 23 niños”.

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Lo que no dijo la Fiscalía, es que el operativo contra la presunta red de trata, se realizó desde el 17 de julio, y que dos personas más además de las tres mujeres, habían sido detenidas. Se trataba de Adelfo Gómez y su esposa Josefa Sánchez; ellos son los abuelos de los menores.

Fotografía: Chepe Zain

Adelfo Gómez Gómez, el indígena tsotsil de 63 años inculpado, que en realidad era vendedor ambulante de collares en San Cristóbal de las Casas, apareció muerto en el penal número 5. Su cadáver presentaba varios moretones en el cuerpo, una herida grande en el cráneo, restos de sangre, y las huellas de un cordón alrededor del cuello. Como denunció su familia es lógico que “no pudo suicidarse, lo mataron”, ya que la versión que hasta ahora ha dado a conocer la Fiscalía, es que su muerte fue “suicidio por ahorcamiento”.

Lo que tampoco dijo la Fiscalía, ni los diversos medios que dieron a conocer la noticia del desmantelamiento de la supuesta red de trata es que los niños y niñas, y todos los detenidos, habían declarado ser parte de una misma familia y que vivían juntos porque juntos habían migrado de la comunidad Chictón, a San Cristóbal, hacia ya ocho años. A esta familia también pertenecen otros seis adultos que en el momento de la detención no se encontraban en la casa que rentaban, porque ya habían salido a trabajar. Ellos son el resto de los padres de los 23 niños que estaban en la casa.

El responsable del caso es el titular Fiscal General del Estado (FGE), Jorge Luis Llaven Abarca quien ha sido señalado desde hace varios años por diversas organizaciones de Derechos Humanos, porque desde que era Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en el gobierno de Manuel Velasco Coello sistemáticamente utiliza la detención arbitraria y la tortura para fabricar culpables.

Ser pobre no es un delito

La justificación de Llaven Abarca es que “el hecho de que sean sus familiares, sus abuelos, mamás, tías no los exime de responsabilidad. No tiene nada que ver que la persona que estaba cometiendo el delito sea familiar directo de los menores, al contrario, es un sentimiento de mayor injusticia que alguien que tenga una relación de parentesco lo explote laboralmente”.

Pero de acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la trata de personas se presenta cuando se promueve, solicita, ofrece, facilita, consigue, traslada, entrega o recibe a una persona, por medio de la violencia física o moral, el engaño o el abuso de poder, para someterla a la explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud, servidumbre o la extirpación de un órgano.

Pero como bien explica Itzel Grajales “en Chiapas, el estado con más carencias del país y con un alto porcentaje de población indígena, no son pocos los niños y niñas que salen a las calles a vender chicles, artesanías o cualquier otro tiliche para apoyar con el sustento familiar, pero eso no los hace víctimas de trata. El contexto importa”.

Quien piensa que esos niños están siendo explotados laboralmente, y con ello acepta las prácticas ilegales de Llaven Abarca y la FGE, seguramente está mirando la realidad desde el punto privilegiado del citadino; que además muestra una doble moral, ya que en lo cotidiano no hace nada para apoyar a los niños que realmente están siendo violentados en las calles de sus propias ciudades.

El CDH Frayba ha lanzado una campaña para detener el sistema de fabricación de culpables por medio de tortura, que caracteriza a las autoridades que deben impartir justicia en Chiapas.

Acceso al expediente y abuso de autoridad

Gracias a que la familia logró juntar algo de dinero para pagar un abogado que tuviera acceso al expediente penal, ahora se sabe que Adelfo fue detenido el 15 de julio, cuando se encontraba en la calle de San Cristóbal de Las Casas, vendiendo su mercancía.

Enereida Gómez Sánches, hija de Adelfo, explicó que quienes presuntamente lo acusan son “siete policías que dijeron que lo vieron a mi padre subir a una combi (transporte público) con un niño que se parecía a Dylan […] pero después ya no llegaron a declarar, no había nadie que acusara a mi papá, y nadie que acusara a mi mamá Josefa Sánchez. A ella la detuvieron cuando fue a la Fiscalía a preguntar por mi papá. Luego en el operativo detuvieron a mis dos cuñadas -Maribel Gómez Sántiz y Juana Montejo González- y a mi hermanita María Hortensia Gómez Sánchez”.

Los 23 niños y niñas que se encontraban en la casa de la calle Granada, misma que rentaban, son miembros de la misma familia; “una es hija del segundo matrimonio de mi papá; cinco son mías, el resto son mis sobrinos”, detalló Enereida.

Refiere que al inicio de la detención pensaron que todo se iba a aclarar, que con presentar las actas de nacimiento o las actas que las parteras entregan para registrar a los recién nacidos, iban a demostrar la inocencia de sus familiares, “porque ellos son nuestros hijos, y nosotros no explotamos a nuestros hijos”.

Sobre una mesa de madera fue colocado el ataúd con el cuerpo de Adelfo Gómez Gómez. A un lado, su sombrero color verde olivo, como los que él vendía en las calles de San Cristóbal de Las Casas. Bajo el sombrero se encuentran las actas de nacimiento que demuestran que los 23 niños que presuntamente eran explotados laboralmente, en realidad son sus nietos y nietas; uno de ellos, su hijo | Fuente: Aristegui Noticias

“Pero nos acorralaron, porque a mis hermanos -papás de algunos niños-, a mi esposo y a mí, también nos levantaron orden de aprensión. Entonces no teníamos como ir a reclamar que nos entregaran a los niños, no podíamos ni ir a ver a nuestros detenidos porque también nos quieren meter a la cárcel”, continúa explicando Enereida. Para evitar esas detenciones tuvieron que refugiarse en la comunidad de Chictón, de donde salieron hace nueve años para buscar paliar su pobreza.

La muerte de su padre fue lo que les dio valor y hacer pública la situación. Enereida, sus hermanos y su esposo, con la ayuda de habitantes de Chictón, se trasladaron el pasado lunes a la ciudad de San Cristóbal, porque habían sido notificados que su padre fue encontrado “ahorcado” en el interior de una celda del penal de esa ciudad.

“Vean ustedes el cuerpo, vean las fotos de cómo nos lo entregaron, todo golpeado, con sangre, con moretones. Vean la gran herida que tiene en la cabeza. Dicen que mi padre se ahorcó, eso es mentira porque mi padre era un hombre con ganas de vivir, él quería demostrar su inocencia. Él ni siquiera tenía una cuerda o un listón de zapatos, porque todo se lo quitaron cuando se lo llevaron. A él nos lo mataron…”, denunciaron este martes, mientras velaban el cadáver.

Fuente: Aristegui Noticias

Demostrar el parentesco en tiempos de Covid

Los abuelos maternos de cinco de los niños, los señores Roberto Montejo y Guadalupe González, acudieron esta semana a las instalaciones del DIF en la capital de Chiapas. Llevaban sus actas de nacimiento para demostrar el parentesco, y pedir les fueran entregados sus nietos.

“Solo nos dejaron ver a tres, ellos nos abrazaron y empezaron a llorar. Pero ahí nos dijeron que no nos lo podían entregar hasta que demostraran el parentesco. Que teníamos que hacernos pruebas de ADN”, explicó Roberto.

Ahora, la familia se pregunta cómo conseguir el recurso para hacerse “esa prueba que no sabemos ni qué es. Nosotros nos quedamos muy afectados económicamente por la pandemia porque ya no vendemos. Nosotros no tenemos para seguir pagando abogado”, señala el Heber Gómez Sánchez, uno de los padres, quien también tiene orden de aprensión.

“Dicen que fue secuestro del niño que se perdió, pero ya llegó la misma mamá y dijo que no fuimos nosotros. Por qué ahora el pinche gobierno no nos da la libertad de mi madre. Mi padre ahora ya está muerto. Estamos dolidos y con coraje”.

Como hemos dicho los integrantes de la familia Gómez Sánchez que no fueron detenidos, ahora se encuentran refugiados en la comunidad Chictón, de donde salieron para forjarse un mejor futuro. De su casa de San Cristóbal no lograron sacar nada. Su esperanza es que los hechos se aclaren, que sus familiares sean liberadas, que sus hijos les sean entregados, que se detengan los agravios en su contra, y que se castigue a los responsables de la muerte de su padre.

La pregunta de Itzel Grajales respecto a este caso es muy pertinente “¿Qué llevó al ministerio público a considerar que constituían una red de trata infantil? Si no hay suficientes elementos” y como bien señala “si todo fue prefabricado para inculpar a estas familias, los servidores públicos deben ser castigados ejemplarmente”.

Grajales apunta que “la falta de profesionalismo de Llaven Abarca, no solo trastoca los derechos de la infancia, mutila y desmoraliza a una familia que no cuenta con recursos para defenderse, también le resta credibilidad a las instituciones” y junto a los organismos que se dedican a la defensa de Derechos Humanos se pregunta “¿Cuántas más farsas como ésta en la historia de la Fiscalía?”… Y finaliza con lo más lamentable de todo este circo montado por las autoridades chiapanecas y los medios que le dieron voz a Llaven Abarca desde el principio: “¿Dónde está Dylan?”.

Con información de Aristegui Noticias, CDH Frayba, La esfera pública y Mirada del Sur | Edición y comentarios del Colectivo Alterius

 

 

 

 

 

 


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  3. […] nota completa, que publicamos antes de que encontraran a Dylan con vida, puede leerse aquí. Y en el texto de seguimiento señalamos los números de menores perdidos en México: el 20% no se […]

  4. […] Racismo, tortura y asesinato: Así opera la fiscalía de Chiapas tras el secuestro de Dylan […]

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