ONGs denuncian tortura y manipulación de evidencias en investigación por parte de Fiscalía de Chiapas en caso Dylan

Lo que hay que entender:  23 niños, familiares de los adultos que conforman la familia extendida del menor Dylan en Chiapas, fueron alejados de sus padres. Ahora, un grupo de ONGs busca justicia al denunciar a la Fiscalía local ante la FGR, buscan que atraiga el caso.

El Dato: El abuelo de Dylan fue detenido, y murió en prisión (por “suicidio”, a pesar de tener signos de una golpiza). Finalmente, otra persona fue arrestada por el rapto del niño, por lo que la muerte del adulto mayor queda en manos de una Fiscalía que consideró meritorio arrestarlo.


Hace unos días reportamos una nota agridulce en Tercera Vía. El niño Dylan, que había sido reportado desaparecido en Chiapas, fue localizado y se señaló como responsable a una mujer que lo raptó.

Se rescató a Dylan, pero el panorama de niños perdidos en México no mejora

Entre la denuncia por desaparición y la localización del menor, hubo en medio un proceso judicial lleno de clasicismo e irregularidades, coronandose con la muerte “por suicidio” del abuelo de Dylan en un Cereso chiapaneco, ya que la Fiscalía lo había considerado como culpable.

Así lo contamos:

El 30 de junio, en un mercado de San Cristóbal de Las Casas, una niña, un niño y una mujer se llevaron a Dylan, un niño de 2 años de edad que se encontraba con su madre, vendedora de verdura. Juanita Pérez, la madre, denunció ese día su desaparición.

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A su vez, la Fiscalía de Chiapas no agilizó la búsqueda, hasta que organizaciones de la sociedad civil empezaron a acompañarla y presionar a las autoridades, a través de manifestaciones públicas.

El 21 de julio, cuando ya su madre se encontraba en la Ciudad de México intentando hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador para que le ayudara a encontrar a su hijo, la Fiscalía de Chiapas dio a conocer que derivado de la búsqueda, desmanteló “una red de trata de personas en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en un operativo en el que fueron detenidas tres mujeres y rescatados 23 niños”.

Lo que no dijo la Fiscalía, es que el operativo contra la presunta red de trata, se realizó desde el 17 de julio, y que dos personas más además de las tres mujeres, habían sido detenidas. Se trataba de Adelfo Gómez y su esposa Josefa Sánchez; ellos son los abuelos de los menores.

Adelfo Gómez Gómez, el indígena tsotsil de 63 años inculpado, que en realidad era vendedor ambulante de collares en San Cristóbal de las Casas, apareció muerto en el penal número 5. Su cadáver presentaba varios moretones en el cuerpo, una herida grande en el cráneo, restos de sangre, y las huellas de un cordón alrededor del cuello. Como denunció su familia es lógico que “no pudo suicidarse, lo mataron”, ya que la versión que hasta ahora ha dado a conocer la Fiscalía, es que su muerte fue “suicidio por ahorcamiento”.

La nota completa, que publicamos antes de que encontraran a Dylan con vida, puede leerse aquí. Y en el texto de seguimiento señalamos los números de menores perdidos en México: el 20% no se localizan.

Ahora, ONGs están denunciando ante la FGR que la Fiscalía estatal en Chiapas fabricó pruebas para justificar un proceso accidentado (a propósito del “suicidio” del abuelo, quien aparecería en prisión con golpes no correspondientes a un ahorcamiento) y que la mera aparición del menor (y la presunta culpabilidad de una mujer) sería un indicio de la pobreza del trabajo en la Fiscalía local.

Leemos en Sin Embargo:

Desde Chiapas, las organizaciones Melel Xojobal, Redim y Colectiva Cereza, acompañadas de integrantes de la familia Gómez Sánchez, señalaron los abusos por parte de la Fiscalía a cargo de Jorge Luis Llaven Abarca, a quien responsabilizan directamente de la muerte del señor Adolfo Gómez Gómez, de 65 años, quien falleció en el penal de San Cristóbal de Las Casas en circunstancias aún no esclarecidas, y de la detención arbitraria de cuatro mujeres indígenas: Josefa Sánchez Gómez, presa en la sección femenil del penal de San Cristóbal de Las Casas, así como la de María Hortensia Gómez SánchezMaribel Gómez Sántiz y Juana Montejo González, detenidas en el penal femenil de El Amate, en Cintalapa.

Al final, el proceso fue el reflejo de la poca coordinación entre autoridades chiapanecas y que hábitos como la tortura y la fabricación de evidencias son todavía el pan de cada día en la justicia mexicana.

PARA LEER: La nota completa sobre la denuncia de las ONG en Sin Embargo.

 


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