Otro intento poco smart para legalizar la marihuana en México

El siguiente es un texto de OPINIÓN de un colaborador invitado

El próximo 4 de noviembre, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá el amparo en revisión 237/2014 que pretende otorgar los derechos relativos al autoconsumo (siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte, empleo, y uso lúdico, general, y personal) de la cannabis sativa y THC a la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerable A.C. (SMART). La aprobación del amparo parece difícil, y parece aún más difícil que su aprobación contribuya de manera sustancial a resolver alguno de los muchos problemas que ha generado el prohibicionismo de drogas en México.

El proyecto del amparo data desde por lo menos el 31 de mayo de 2013, y será presentado por el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien ha elaborado un proyecto de sentencia favorable que necesita 3 de 5 votos, para declarar inconstitucionales los artículos 235 (último párrafo), 237, 245 (fracción l), 247 (último párrafo), y 248 de la Ley General de Salud en favor de SMART (fundada por Lisa Sánchez, Pablo Girault, y Armando Santacruz).

Algunas de las críticas que se pueden hacer al amparo es que se basa únicamente en cuestiones individuales. Sostiene que la “Ley General de Salud vulnera los derechos a la dignidad humana, identidad personal, derechos de la personalidad, propia imagen, libre desarrollo de la personalidad, a la autodeterminación individual, libertad personal y corporal, así como el derecho a disponer de la salud propia”, como si el prohibicionismo de drogas afectara únicamente a los consumidores de marihuana, dejando de lado a las víctimas de violencia que no son consumidores de ningún tipo de droga.

Otro problema es que hace referencia a la regulación del tabaco en México como si éste fuera un caso exitoso. La que si bien, ha reducido la prevalencia de consumo en general, cuando comparamos los recursos destinados a ello y los resultados, con los de países más pobres, con menor cobertura de salud, y menos desarrollo institucional, la regulación mexicana resulta ser un fracaso. De 2002 (7 años antes de la actual regulación) a 2011 (al menos dos años después de la actual regulación), la prevalencia de consumo activo de tabaco en la población mexicana de 12 a 65 años ha pasado de 23.5 a 21.7 (una disminución de sólo 1.8); mientras que la prevalencia de consumo activo de tabaco en los menores de edad (de 12 a 17 años) aumentó en 3.3 (pasó de 9 en 2002, a 12.3 en 2011).

Pero el problema más grave del proyecto puede explicarse en términos de sus propios defensores, quienes toman la frase de sus detractores de que “Marihuana no es importante” en términos de los recursos que representa para el crimen organizado, y defienden que la violencia puede disminuir con la regulación de la marihuana. Por esto nos hacemos la pregunta ¿La marihuana es importante? y nuestra respuesta es no, y sí.

La marihuana no parece ser importante si lo que se busca es reducir violencia y otras variables negativas que genera el crimen organizado vinculado a los mercados negros de drogas, por al menos dos razones. La primera es que, en caso de aprobarse, no se eliminará todo el mercado negro de marihuana, pues el amparo sólo sería efectivo para SMART, además de que es imposible afirmar que todos los consumidores de marihuana pueden llevar a cabo todo el proceso de producir su propia marihuana.

La segunda razón es que una disfunción del valor del mercado negro de la marihuana no significará una disminución importante de los ingresos del crimen organizado. Según el informe “El problema de las drogas en las Américas” de la OEA (2013), el 60% de las ganancias generadas por venta de drogas, proviene de la venta al menudeo, pero de ese porcentaje, únicamente el 1% proviene de las regiones donde se cultivan (como es el caso de México). Las ganancias importantes provienen de mercados como el estadounidense, donde una libra de marihuana cuesta cerca de 400 dólares, mientras que en México, la misma libra cuesta 40 dólares (según cálculos de Kilmer, Cauilkins, Bond, y Reuter en 2010).

Incluso el actual modelo prohibicionista respalda esa segunda razón. Ya que (según datos de Rodrigo Elizarrarás, obtenidos de SEDENA, y publicados en “Legalización de la marihuana y la violencia”) de 2000 a 2014, el 99.1% (22,614,103 kilogramos) de los decomisos de droga corresponden a marihuana, el resto pertenece a Cocaína (.39%), Goma de Opio (0.04%), Heroína (0.01%). Y esto no ha implicado reducción de la violencia en ese mismo periodo de tiempo. Al contrario el número de muertos ha aumentado y los brazos armados de los cárteles ha crecido exponencialmente (de 1976 a 1994 no se tiene registro de ninguno, entre 1994 y 200 únicamente de uno (los Zetas), pero entre 2006 y 2014 han existido entre 60 y 40).

Por otro lado la marihuana sí es importante, si los recursos que se podrían obtener de ella se usaran para vigilar su regulación, o bien para cambiar el actual modelo de drogas, o usarse en campañas de prevención y/o reducción de daños de consumo de otras sustancias que sí son dañinas para la salud. Pero en ninguna de las 88 páginas del proyecto de amparo se menciona un sistema impositivo, o algún tipo de mecanismo, por el cual el Estado pueda hacerse de recursos.

En términos generales, el proyecto de amparo de SMART no afectaría los recursos financieros con los que los cárteles de las drogas logran corromper autoridades, contratar sicarios, y comprar armas de alto poder de fuego. Tampoco lograría dotar de recursos al Estado para llevar a cabo ese cambio en la regulación de marihuana que proponen.

Del proyecto podemos esperar dos escenarios posibles. El primero es su aprobación, en el que terminaría como la regulación del tabaco, que no puede considerarse exitosa. O como otra reforma a la propia Ley General de Salud, que intentó despenalizar el consumo personal de marihuana (y otras drogas) en su artículo 479. Pero que a pesar de eso, se calcula que desde 2006 han sido detenidas más de 150 mil personas por el consumo que se supone despenalizado.

El segundo escenario es que la propuesta fracase y rl tema se “enfríe” entra la opinión pública. Como ocurrió apenas el año pasado con las dos iniciativas de reforma para el D.F., que se manejaron en un sentido bastante parecido al del actual amparo. En ese momento fueron la Iniciativa de Regulación, Control Sanitario y Tipificación en Relación con la Cannabis y el Tetrahidrocannabinol; y la iniciativa para la Reducción de Riesgos y Daños en el Aprovicionamiento y Uso de la Cannabis. Apoyadas principalmente por el senador Mario Delgado (PRD), el diputado federal Fernando Belauzarán (PRD), y el académico Alejandro Madrazo (CIDE).

Aun cuando el modelo prohibicionista de drogas ha fallado a todas luces, en todas las regiones del planeta en que se ha implementado. Su solución no es simplemente su despenalización, las drogas y su regulación son un tema sumamente complejo, tanto como los tipos de drogas, sus variantes, sus formas y fines de uso; por eso su regulación debe ser igual de diversa y debidamente planeada. Las sociedades de autoconsumo o los clubes sociales de cannabis pueden ser parte de la solución, pero si avanzamos hacia esa solución con pequeñísimos pasos de regulación, los mercados negros de drogas se seguirán adaptando rápidamente a ellos, como ya lo han hecho en el pasado. El prohibicionismo de drogas nos ha costado muchas muertes de mexicanos, sin duda, como sociedad, merecemos una solución más inteligente y amplia.

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