En el marco del tercer informe de gobierno, ¿Cuál es la situación del país en estos rubros?

Uno de los objetivos de la democracia es erradicar la violencia en la disputa del poder político. En las elecciones intermedias de 2015, seis candidatos fueron privados de la vida y uno más secuestrado. En total, 21 personas vinculadas a participantes en el proceso electoral fueron asesinadas: militantes, miembros de equipos de campaña, amigos y familiares. 

Desde el punto de vista procedimental, las elecciones intermedias de 2015 estuvieron marcadas por casos de éxito de las candidaturas independientes y la fragmentación del voto; en cuanto al resultado de los comicios y su impacto en el sistema de partidos, el PRI y sus aliados -PANAL y PVEM- mantuvieron el control de la Cámara de Diputados. Por su parte, el PT y el Partido Humanista perdieron el registro, mientras que MORENA y Movimiento Ciudadano fueron los más beneficiados del proceso, si bien su fuerza está concentrada geográficamente: de MORENA en la Ciudad de México -donde obtuvo mayoría legislativa-, EDOMEX y Veracruz, mientras que los bastiones de MC fueron Nuevo León y Jalisco.

Presenciamos una creciente fragmentación en el sistema de partidos: en 2012 el PRI, PAN y PRD capturaron cerca del 77% del voto total. En 2015, esa cantidad se redujo a poco más del 61%. MORENA y Movimiento Ciudadano fueron los más beneficiados. (Dato fuente: Integralia)

En lo respectivo a la calidad de la democracia y el ejercicio de libertades, en acuerdo con Freedom House, México es un país parcialmente libre: en una escala de 1 a 7 -donde 1 significa mucha libertad y 7 muy poca libertad- nuestro país es evaluado con 3 en los ámbitos de libertades civiles y derechos políticos. Este indicador lo posiciona por debajo de otros países de la región, como Brazil, Perú, Argentina o Chile, que son considerados plenamente democráticos (Ver Imagen 1)

México es un país con el tejido social roto: el más reciente Informe País Calidad de la Ciudadanía señala que los mexicanos desconfían de sus autoridades y no crean lazos más allá de la familia y amigos.  Sólo el 12% participaría políticamente en una actividad distinta al voto.

En cuanto a la libertad de prensa, la salida de la periodista Carmen Aristegui del aire dejó a su paso un olor a represalia. ¿Su despido fue el precio de exponer el posible conflicto de interés de EPN y su esposa por la propiedad de “La Casa Blanca”? Vale recordar que este inmueble fue construido por Grupo Higa, beneficiario de las licitaciones otorgadas para la construcción del tren México-Querétaro. Aquí vale recordar que la corrupción es un problema público de carácter ético, pero también económico: supone pérdidas del 9% del PIB anual en acuerdo al Banco de México.

Por otra parte, el homicidio del fotoperiodista Rubén Espinosa y la activista Nadia Vera en la Ciudad de México causó gran impacto en la opinión pública, cuestionando seriamente la situación del ejercicio del periodismo y las libertades políticas en el país. En acuerdo al Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) México es el quinto peor país en el mundo para ejercer periodismo: tan sólo este año tres personas han muerto ejerciendo la profesión, ya sea en un fuego cruzado o por realizar una cobertura peligrosa.

Luego de su último informe, en septiembre de 2014, EPN debió enfrentar las dos crisis más importantes de su gestión: la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa y la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán del penal del Altiplano. Por otro lado, ahora se enfrenta a eventualidades que se agravan por acumulación: el desplome del peso, la caída del precio del petróleo y el aumento de la pobreza reconocida por CONEVAL.

En el marco de su tercer informe de gobierno, EPN mantiene sólo 34% de aprobación ciudadana, mínimo histórico de su gestión.

El gobierno actual no se ha caracterizado por salvaguardar los Derechos Humanos, sobre cuando se consideran daños “colaterales” de la lucha contra el crimen organizado: en acuerdo al Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, de las 26 mil 928 personas desaparecidas sólo el 0.4% han sido localizadas. Tamaulipas, Estado de México y Nuevo León son las demarcaciones en que más casos se registran.

Por su parte, la organización de Derechos Humanos “Comité Cerezo” en su último informe contabiliza que 669 personas fueron detenidas de forma arbitraria por causas políticas. Por otro lado, las ejecuciones extrajudiciales de Tlatlaya, Estado de México, así como las ordenes militares de “abatir delincuentes en la oscuridad” denunciadas por el Centro ProDH, aún no han llevado a la detención de altos puestos de la cadena de mando.

También el relator especial de la ONU sobre tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, señaló este mismo año que la tortura “es una práctica generalizada” entre las instituciones de seguridad en México.

En cuanto a los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), el más reciente informe del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria establece que han sido vulnerados sistemáticamente. Aquí el informe completo.

En conclusión:

  • La administración actual fracasó en garantizar elecciones pacíficas.
  • Aunque el PRI mantuvo dominio legislativo, la fachada de la democracia procedimental ha sido desbordada por los ataques a las libertades políticas y al ejercicio periodístico.
  • En México se vive una crisis de gobernabilidad, es decir, un estado de desequilibrio entre un mayor volumen de las demandas sociales y la incapacidad de respuesta de su gobierno. Gran parte del problema se debe a que el tejido social está desgarrado.
  • El catalizador de la crisis política es el rezago económico, en tres actos: la incapacidad de crecimiento, la caída de los precios del petróleo y la devaluación sostenida de la moneda.    
  • Los Derechos Humanos no son respetados, garantizados y protegidos para toda la población en México: por un lado se presentaron en el último año casos graves de desaparición, tortura y ejecuciones extrajudiciales, mientras que los DESCA -Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales- son vulnerados de forma estructural y sistemática. 
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