“La libertad de expresión no se negocia”: ¿Qué plantea la ‘Ley Antimemes’?

El Congreso de México prepara una serie de reformas legales, denominadas coloquialmente como “Ley Antimemes”, que buscan endurecer las sanciones contra la piratería y el uso indebido de la identidad gráfica gubernamental, desde multas de  $4.6 millones de pesos.

Aunque en ninguna parte de las iniciativas presentadas por el Ejecutivo federal se utiliza la palabra “meme”, la gran mayoría de este tipo de contenido, como viñetas o sátiras, se construyen reutilizando, editando o combinando imágenes, videos, audios o personajes protegidos por derechos de autor. Es por eso que las reformas plantean sancionar la utilización, imitación o reproducción de logotipos, escudos y dominios oficiales del gobierno.

Esto no quiere decir que los memes, parodias o sátiras serán penalizados o prohibidos. Pero… sí podría incentivar que las plataformas digitales eliminen rápidamente cualquier publicación considerada como “caricatura o sátira política”, incluso cuando su uso pueda ser legítimo.

Para la presidenta Claudia Sheinbaum, la denominación de “Ley Antimemes” oculta el objetivo real: combatir la piratería, evitar fraudes y ciberdelitos de suplantación de identidad, y cumplir con los compromisos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC),  asegurando que no se busca perseguir el humor ni la libertad de expresión ciudadana. ¿Pero qué es lo que establece este conjunto de reformas?

El conjunto de reformas abarca la modificación de diversas normativas orientadas a regular la propiedad intelectual, el entorno digital y la identidad gráfica oficial en México. Por un lado, la Ley Federal del Derecho de Autor ya obliga a los proveedores de internet a remover o inhabilitar de forma expedita y eficaz aquellos materiales o contenidos que presuntamente violen derechos de autor o conexos.

La nueva iniciativa adiciona los artículos 114 Octies y 114 Nonies, estableciendo un régimen de responsabilidad secundaria para los Proveedores de Servicios de Internet (PSI) y busca endurecer las consecuencias para quienes no lo cumplan.

Se espera que las multas vayan desde 1,000 hasta 40,000 UMAs (aproximadamente entre $117,310 y $4.69 millones de pesos) para las plataformas que incumplan con las obligaciones de retiro o contribuyan a la infracción.

De igual manera, busca modificar la reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y el Código Penal para reducir las sanciones de una postura inicial de 3 a 7 años, a penas de 1 a 5 años de prisión (y multas de 1,000 a 10,000 UMAs) a quien haga una parodia utilizando la identidad gráfica de los tres órdenes de gobierno o cuando el uso comercial busque engañar con la intención explícita de cometer un ilícito.

Además, la propuesta plantea la creación de una “Comisión Especial” en la Cámara de Diputados orientada a investigar contenidos digitales, campañas de desinformación y cuentas automatizadas (bots).

Este conjunto de reformas llega en un contexto donde la libertad de expresión se ve amenazada para diversos grupos de personas. Algunos senadores de la oposición, como Ricardo Anaya del PAN, rechazaron el dictamen y argumentaron que no quedaba suficientemente claro que los memes, las parodias y la sátira política quedan fuera del delito.

También cuestionan si estas reformas buscan silenciar críticas y frenar campañas contra Morena. Manuel Añorve Baños, coordinador del PRI, recordó que los memes, la sátira y la crítica política también forman parte de la libertad de expresión.