Prohibido cubrirse el rostro en los centros educativos: Italia se une a la lista de países en Europa que prohíbe el uso de burka y niqab

La primera ministra de la ultraderecha, Giorgia Meloni, aprobó este jueves un decreto ley que prohíbe el uso de burka y el niqab en las escuelas. Además, busca limitar el número de estudiantes extranjeros por aula a quienes no dominen el italiano.

“Hoy hemos aprobado en el Consejo de Ministros el decreto sobre la educación. Un límite del 30% en las clases para los estudiantes que no conocen adecuadamente el italiano, más herramientas para aprender nuestro idioma y el fin del burka y el niqab en las escuelas”, así fue como presentó la nueva medida la primera ministra en sus redes sociales, que entrará en vigor a partir del curso escolar 2027-2028.

Siguiendo los pasos de Portugal, quien hace unos meses dio a conocer la coloquialmente conocida “ley del burka”, que impide utilizar prendas o elementos destinados a ocultar el rostro en la vía pública, comercios, transportes, manifestaciones y eventos deportivos, Italia también busca establecer regulaciones estrictas sobre la vestimenta, ahora con niños. 

A pesar de que estas medidas se presentan de carácter neutro y no menciona explícitamente a ninguna confesión religiosa en particular, estos países europeos están más expuestos a la llegada de migrantes, especialmente procedentes de países de mayoría musulmana, lo cual es un tema de gran sensibilidad y debate político. 

Tanto en Portugal como en Italia, no existen datos oficiales de cuántas mujeres se cubren el rostro, pero de acuerdo a expertos, el uso de este tipo de vestimenta es “minoritario”. Según la Fundación Ismu, una institución de investigación, alrededor de 900.000 estudiantes extranjeros asisten a escuelas italianas, lo que representa el 11.6% del total de la población estudiantil. 

Las medidas podrían afectar a estos estudiantes que no hayan nacido en Italia o que hayan cursado menos de dos años de educación infantil en el país, ya que no estarían cumpliendo con un “conocimiento adecuado” del italiano.

¿La solución? Mandar a estos estudiantes a otros centros educativos y los padres serán remitidos a los servicios sociales y estarán obligados a asistir a cursos gratuitos de alfabetización e italiano. El incumplimiento de esta obligación, por parte de los padres, podrá sancionarse con multas de hasta 1.000 euros.

Save the Children, una organización que defiende los derechos de niños y niñas, advirtió que obligar a los niños a cambiar de escuela o a matricularse en un centro distinto al de sus compañeros únicamente por su nacionalidad o por su nivel limitado de italiano podría crear alumnos “de primera y de segunda categoría”.

De forma paralela, el Ministerio de Educación advirtió que no enviar a las hijas a la escuela por no permitirles entrar con niqab puede conllevar penas de hasta dos años de cárcel en virtud de la normativa sobre absentismo escolar.

Según las estimaciones del Ministerio de Educación, la norma afectará a unas 1.000 aulas a nivel nacional, lo que equivale aproximadamente al 0.3% del total de clases del sistema educativo italiano.

Meloni defiende que la iniciativa está promoviendo una integración efectiva y garantiza una igualdad de oportunidades educativas, además de seguridad. Pero la realidad es muy distinta. 

La líder del Partido Demócrata, Elly Schlein, declaró que el decreto “busca ocultar la incapacidad del gobierno para abordar los problemas reales del sistema de educación pública tras una nueva bandera ideológica”. Además de que cerca del 60% de los alumnos considerados extranjeros, realmente nacieron en el país, pero se enfrentan a trámites burocráticos para obtener la ciudadanía.

El investigador Pablo Zaldibia Luengo plantea en su artículo ‘La prohibición legal de usar el velo islámico en el espacio público abierto en España y en Europa. ¿Veto genérico o limitaciones ad casum?’, algo esencial: prohibir de forma generalizada vestimentas religiosas no siempre genera el efecto que quiere lograr. En lugar de integrar, arrincona a las mujeres (en este caso, niños) en el ámbito privado, reduciendo su acceso a la educación, al mercado laboral y a los servicios públicos.

 

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