¿Profeco puede intervenir en conflictos relacionados con escuelas privadas? La SCJN dice que sí

Tras un largo proceso en el que un padre de familia solicitó a una escuela privada la devolución de pagos al sacar a sus hijos de una institución, y de que ésta se negara, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictaminó que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) tiene autoridad legal para intervenir en conflictos con escuelas particulares, al considerar que las colegiaturas representan una relación de consumo.

¿Por qué este fallo es histórico y qué cambia en la práctica?

El fallo de la SCJN representa un cambio trascendental en la relación entre escuelas privadas y los padres de familia o tutores, dejando en claro que no más familias se verán desprotegidas ante cobros excesivos o abusos en el sector educativo privado. En la práctica se ve así:

• Reconocimiento formal de la relación de consumo: El cambio más trascendental es que el pago de colegiaturas ahora se reconoce legalmente como una relación de consumo sujeta a la Ley Federal de Protección al Consumidor, otorgando una certeza jurídica inmediata a los usuarios de estos servicios educativos.
• Eliminación de lagunas legales: Es la primera vez que el Máximo Tribunal se pronuncia de forma explícita, lo que elimina cualquier argumento legal que las escuelas usaban para evitar la intervención de la Profeco.
• Supervisión estricta de cobros y condiciones: La Profeco ahora tiene facultades plenas y respaldadas para verificar que las instituciones informen con claridad sobre costos, tarifas, términos, condiciones y políticas de cancelación. Esto incluye vigilar que no se exijan pagos extra o requisitos no estipulados en los contratos originales.
• Capacidad para reclamar reembolsos: Los padres y tutores cuentan ahora con una vía adicional y efectiva para reclamar cuando una institución se niega a realizar reembolsos o devoluciones de pagos, incluso si los alumnos deciden no continuar en el plantel.
• Colaboración institucional entre la SEP y Profeco: Se fortalece la colaboración mediante un convenio que permite a la Profeco compartir información con la Secretaría de Educación Pública (SEP) en caso de que se detecten incumplimientos administrativos o regulatorios, lo que podría derivar en sanciones más allá de lo comercial.

A pesar de que es la primera vez que el Máximo Tribunal se pronuncia explícitamente sobre el tema, se hizo énfasis en que las y los usuarios de servicios educativos nunca han estado desprotegidos, ya que se ha intervenido anteriormente en procesos de conciliación con escuelas particulares en casos como cobros o requisitos extra no estipulados en los contratos, tales como cursos extraordinarios condicionados para la titulación. Con este fallo, se espera que más familias estén al tanto de las herramientas directas que la ley ofrece.